Nuestra respuesta de la semana 3: un programa de vivienda de centro radical frente a los partidos

La semana 3 de nuestro programa de centrismo radical ha sido la de la vivienda, y empezó donde empezó la semana 2: en los diez problemas de vivienda que planteó Miriam González en la presentación de Democracia 21 el 10 de octubre. En siete días hemos leído a la OCDE, Jerusalem Demsas, Alain Bertaud, Nolan Gray, Edward Glaeser, Madden y Marcuse, Housing Europe y Jane Jacobs, y hemos respondido a cada problema del discurso. Hoy juntamos las respuestas en un programa y lo comparamos con lo que ofrecen los partidos para el 29 de noviembre.

Una tensión ha recorrido la semana. Desconfiamos del progresista que quiere vivienda asequible en todas partes menos en el solar vacío de su calle. Y desconfiamos igual del libertario que cree que basta con quitar normas. España necesita muchas más viviendas, construidas deprisa, con una parte asequible para siempre. Cada partido tiene una pieza de eso.

Lo que proponen los partidos

El Gobierno del PSOE apuesta por el parque público y las reglas del alquiler. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda permite a las comunidades declarar zonas tensionadas en las que la renta de los nuevos contratos queda ligada, con carácter general, a la del contrato anterior, con el índice de referencia como tope para los grandes tenedores, dueños de más de diez viviendas. Subió la reserva de suelo para vivienda protegida al 40 % en suelo rural y al 20 % en suelo urbanizado sujeto a reforma, impidió descalificar la vivienda protegida en los suelos destinados a ella y permitió a los ayuntamientos un recargo del IBI de hasta el 150 % en viviendas vacías más de dos años. Casa 47, la entidad estatal que sustituyó a SEPES en diciembre de 2025, invertirá según el Gobierno 13.000 millones en diez años, aspira a que la vivienda pública llegue al menos al 8 % del parque, ofrece contratos de hasta 75 años y limita el alquiler al 30 % de la renta media de los hogares de la zona. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 suma 7.000 millones, un 60 % del Estado y un 40 % de las comunidades. Cuando Sumar quiso ir más allá en mayo, el PSOE respondió con impuestos: a la compra por extranjeros no residentes, a los pisos vacíos y un IVA del 21 % a los pisos turísticos.

La propuesta de Sumar, debatida el 19 de mayo de 2026, era prohibir que empresas, personas jurídicas y fondos «buitre» compren vivienda y derogar las socimis. Solo la apoyaron ERC, EH Bildu y Podemos.

El Contrato con España que presentó Alberto Núñez Feijóo el 19 de octubre promete al menos un millón de viviendas nuevas, prioridad para los jóvenes en el alquiler y la compra con lo que llama la mayor ayuda de la historia, agilizar el suelo, menos burocracia con mejor coordinación entre administraciones, desalojar a los okupas en 48 horas y revisar más de cien subidas de impuestos. El resumen publicado no trae presupuesto ni calendario.

Vox llevó su plan de vivienda al Congreso en junio: «prioridad nacional» para los españoles en la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas, más control del padrón y menos o ningún impuesto en la compra de la primera vivienda de jóvenes, familias y trabajadores españoles. Votó en contra todo el hemiciclo, PP incluido.

Democracia 21 propone un plan nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales y diez años de seguridad jurídica, el objetivo de que quien cobra 1.300 euros no gaste más de 350 en alquiler, quitar los impuestos a la vivienda a los menores de 35 hasta cumplirlo y un fondo soberano de vivienda protegida y asequible con 10.000 millones de fondos europeos sin ejecutar.

Leídos juntos, la izquierda tiene la idea más completa de parque público permanente, el PP acierta con el suelo y el papeleo, y Democracia 21 trae el objetivo más claro y el mejor horizonte. Sumar y Vox reparten las casas que ya existen, por tipo de propietario o por pasaporte, y ninguno añade una sola. Las grandes cifras las repasamos el día 19: todos los partidos que han gobernado han prometido mucho y las viviendas terminadas han ido muy por detrás.

Nuestro programa

Construir donde está el empleo, a escala metropolitana. El Estado y las comunidades firman pactos con cada área metropolitana sobre viviendas, transporte y dinero, y lo público tiende las infraestructuras troncales antes que la demanda, como pide Bertaud. Los barrios nuevos siguen a Jacobs: manzanas pequeñas, usos mixtos, muchas parcelas y densidad junto a las estaciones. Un plan aprobado deja de poder anularse por defectos formales subsanables, lo que congeló los desarrollos del este de Madrid. Es nuestro plan nacional de barrios, la respuesta al problema 7 del discurso, y la primera mitad del ejercicio del 25 %. La segunda mitad devuelve las plusvalías a lo público y protege a los inquilinos.

Hacer legal por derecho el edificio que cumple las normas. Un único expediente digital, informes sectoriales en paralelo, silencio positivo cuando el ayuntamiento no cumple el plazo y tiempos de espera publicados, como planteamos para las licencias de obra. Los ayuntamientos ingresan una parte de su dinero por vivienda terminada, sobre todo protegida, y así la licencia deja de ser una herramienta para recaudar. Cada norma de construcción lleva publicado su precio por metro cuadrado y una fecha de revisión, empezando por las plazas de aparcamiento obligatorias, como contamos en las normas que encarecen el metro cuadrado.

Mantener una parte asequible permanente en cada barrio nuevo, construida y gestionada por entidades públicas y de beneficio limitado al estilo del modelo de Viena. Aquí el Gobierno acierta, y los contratos largos de Casa 47 son una buena herramienta. Lo financiaríamos con un fondo de vivienda con un consejo independiente, préstamos rotatorios a coste y la asequibilidad inscrita en el suelo: la idea de Democracia 21 hecha duradera.

Acabar con la guerra entre inquilinos y propietarios. Todo contrato igual o por debajo del índice de referencia recibe un aval público gratuito contra el impago a cambio de contratos más largos e indexados. Los límites se aplican a las subidas dentro del contrato, la renta inicial de la vivienda nueva queda libre y un objetivo de oferta decide cuándo terminan los límites, que es hacia donde apunta la evidencia europea sobre el control de alquileres.

Convertir los 350 euros de 1.300 en el objetivo oficial con el que se juzga cada medida. Mantener la rebaja fiscal a los menores de 35, limitarla a primeras viviendas de valor moderado, dar el mismo valor a los jóvenes que alquilan y trasladar poco a poco el impuesto de las compraventas al valor anual del suelo, como defendimos al analizar quién gana con la rebaja. Registrar cada promesa con fechas y que un organismo independiente cuente cada mes las viviendas entregadas.

La síntesis

La izquierda aporta un parque grande, permanente y asequible, e inquilinos que pueden hacer planes. La derecha y la tradición liberal de mercado aportan la oferta: edificios legales por derecho, competencia entre promotores y diez años de seguridad jurídica. Lo que no encaja en ninguna es la escala y la vara de medir. Demsas mostró que las decisiones muy locales dan el veto a quien ya tiene casa, así que decidimos a la escala del mercado de trabajo metropolitano, donde el joven que busca piso cuenta tanto como el vecino que ya es propietario, y lo juzgamos todo con una cifra pública. La semana que viene el programa pasa a la movilidad social, donde ese joven vuelve a ir primero.