Fondos Next Generation sin ejecutar y un fondo soberano de vivienda: qué es posible

En la presentación de Democracia 21 en Madrid, el 10 de octubre de 2026, Miriam González pidió a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo que fueran juntos a Bruselas y usaran los 10.000 millones de euros de fondos europeos pendientes de ejecución, según recogió Infobae, para un fondo soberano nacional de vivienda protegida y asequible. Es el problema 10 de su lista de vivienda, y en nuestro repaso del discurso dijimos que un fondo estable de vivienda era de sus mejores ideas y prometimos comprobar la cifra. Aquí va la comprobación, y después un diseño.

Dónde han ido los 10.000 millones

El dinero Next Generation EU llega a España a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su calendario está fijado. La guía de la Comisión de junio de 2025, NextGenerationEU – The road to 2026, establece que los Estados miembros debían cumplir todos los hitos y objetivos antes del 31 de agosto de 2026, y que la Comisión tiene que hacer los últimos pagos antes del 31 de diciembre de 2026. Estamos a finales de octubre de 2026. La ventana para renegociar se ha cerrado.

España la aprovechó. El 28 de julio de 2026 el Consejo de Ministros aprobó una adenda de cierre al Plan de Recuperación. Hace el ajuste definitivo del paquete de préstamos del plan y explica el motivo: España se financia ya en los mercados a un coste casi igual al de la Comisión, de modo que la ventaja financiera de los préstamos europeos prácticamente ha desaparecido. Parte de esos préstamos va a un nuevo Fondo España Crece. El ICO recibe una ampliación de capital de 10.891 millones, financiada con 1.386,5 millones de fondos no reembolsables y 9.504,5 millones de préstamos.

Cuando el Gobierno anunció España Crece en febrero, La Moncloa cifró su capital en 13.300 millones, 10.500 de ellos procedentes de préstamos del Plan de Recuperación y 2.800 de transferencias, con el objetivo de movilizar unos 120.000 millones de inversión junto al capital privado. La vivienda asequible y social en alquiler encabeza sus prioridades, con una meta orientativa de hasta 23.000 millones para construir alquiler y cerca de 15.000 viviendas al año.

Así que la cifra del partido está en el orden correcto, y describe un dinero que ya tiene destino. Unos 10.000 millones de préstamos europeos que España no había usado están ahora en el capital del ICO, y lo primero que financian es vivienda. La propia Bruselas señaló el camino: la guía de la Comisión incluye entre las opciones para los fondos sobrantes las ampliaciones de capital de los bancos nacionales de fomento, y cita la vivienda asequible entre los mandatos que pueden asumir.

La mayor parte de ese dinero es un préstamo. Lo devuelve el Tesoro, así que es capital barato para vivienda, y la defensa de un fondo depende de usarlo en viviendas que se paguen solas.

Qué hace el ICO con él

El 1 de septiembre el ICO abrió 12.250 millones en préstamos de España Crece para vivienda, según elDiario.es: 6.250 millones para promover y 6.000 millones para tener y gestionar vivienda en alquiler. El préstamo de promoción es a 35 años, sin intereses hasta que acaba la obra y sin devolver capital durante siete años; el ICO pone el 75 % y el promotor el 25 %. Los alquileres no pueden pasar de 9 euros por metro cuadrado. Hasta un 30 % del préstamo puede convertirse en ayuda no reembolsable bajo las reglas europeas de ayudas de Estado para servicios de interés económico general, que exigen protección permanente y rentabilidades controladas, y el ICO ha reservado 1.000 millones para ello. La mayoría de los proyectos irá sobre suelo público cedido por los ayuntamientos.

Eso ya se acerca bastante a lo que describe Democracia 21. La anterior línea del ICO con dinero europeo solo llegó a una decena de empresas y a 3.720 viviendas asequibles, según la misma información, así que lo difícil es que el dinero se use. El perfil de España de Housing Europe en 2025 añade la preocupación de fondo. El presupuesto del Ministerio de Vivienda pasó de unos 3.000 millones en 2022 a más de 7.000 millones en 2025, buena parte en fondos europeos temporales que vencen en 2026 y 2027, mientras el gasto público en vivienda sigue por debajo del 0,4 % del PIB. Su conclusión es que España necesita un marco de financiación permanente y estable para la vivienda social y asequible.

Una versión de centro radical

España Crece es un instrumento del Gobierno actual, dentro del ICO y con metas que fijan los ministros. Un fondo soberano de vivienda digno de ese nombre cogería su compartimento de vivienda y le daría lo que le permite sobrevivir a un cambio de Gobierno. Lo construiríamos así.

Desde la izquierda, el resultado final es un parque permanente. Cada vivienda que financie el fondo queda asequible para siempre y acaba en manos de empresas públicas como Casa 47, la entidad estatal que antes se llamaba SEPES, de empresas autonómicas y municipales de vivienda, de cooperativas y de entidades de beneficio limitado como las que construyeron la vivienda social de Viena. Las ayudas solo se dan cuando esa permanencia está garantizada, algo que las reglas europeas de ayudas de Estado ya exigen.

Desde la tradición liberal de mercado, el fondo funciona como un banco. Presta a su propio coste de capital, recicla cada devolución en préstamos nuevos y coinvierte con el BEI, a través de la plataforma paneuropea de inversión creada con el Plan Europeo de Vivienda Asequible, y con inversores privados. Publica cada año la rentabilidad de su cartera y las viviendas conseguidas por euro, y abre sus préstamos a cualquier promotor que acepte el tope de alquiler y la regla de permanencia, cooperativas y pequeños promotores incluidos, para que el uso del dinero deje de depender de diez empresas.

Y lo que no pertenece a ninguna de las dos tradiciones es el gobierno del fondo. Tendría ley propia y un consejo nombrado por mandatos más largos que una legislatura, con miembros pactados por los grandes partidos y las comunidades autónomas. La guía de la Comisión pide justo esto a cualquier instrumento creado con dinero de recuperación: decisiones de concesión independientes del Gobierno y una gestión financiera separada. Después, la regla de asequibilidad se escribe en el propio suelo, como una protección inscrita en el Registro de la Propiedad sobre las parcelas públicas cedidas en derecho de superficie, para que un Gobierno posterior no pueda venderlas por la puerta de atrás.

Juntas, las piezas encajan: un fondo que presta a coste como un banco mantiene el dinero girando, la regla de permanencia convierte cada préstamo en viviendas que se quedan en el parque asequible, y el consejo independiente protege ambas cosas del ciclo electoral. La petición de Democracia 21 de que Sánchez y Feijóo actúen juntos encaja aquí mejor que en Bruselas. El dinero ya está en Madrid. El acto conjunto que lo haría durar es una ley pactada que convierta la parte de vivienda de España Crece en un fondo con estatuto propio, antes de que el próximo Gobierno vuelva a dibujarlo.