Un plan nacional de barrios con diez años de seguridad jurídica

Entre las medidas de vivienda que Miriam González anunció en la presentación de Democracia 21 en Madrid, el 10 de octubre, había un plan nacional de construcción de barrios, apoyado en acuerdos transversales que darían seguridad jurídica durante diez años. La crónica de Infobae no aporta más detalle. Es el problema 7 de nuestro repaso del discurso y seguramente el más ambicioso de los diez, porque pide a España algo que lleva décadas costándole muchísimo: planificar barrios enteros y luego terminarlos de verdad.

Aquí va un esbozo de versión de centro radical, con tres lecturas de esta semana (El triunfo de las ciudades de Edward Glaeser, Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs y Order without Design de Alain Bertaud) y un precedente holandés.

Por qué diez años importan en España

Madrid lo explica mejor que cualquier argumento. Su plan general de 1997 dibujó grandes desarrollos al este: Valdebebas, Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros. En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la clasificación de 28 ámbitos porque el plan no había justificado convertir suelo no urbanizable protegido en suelo urbanizable. El Supremo lo confirmó en buena parte en 2007. El Ayuntamiento intentó arreglarlo con un informe, aprobado sin información pública, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad respaldó en enero de 2008. Y el 28 de septiembre de 2012 dos sentencias del Supremo anularon también ese arreglo, porque una disposición ya declarada nula no puede convalidarse a posteriori, según lo resumió entonces el despacho Garrigues. Para entonces Valdebebas tenía planes parciales, juntas de compensación, proyectos de urbanización y licencias de obra. Todo lo que colgaba del plan quedó atrapado.

Quince años desde la aprobación hasta el limbo jurídico, por una cuestión de justificación y de procedimiento. Nuestros explicadores sobre el suelo urbanizable y la Ley del Suelo cuentan el patrón general y los intentos, desde 2024, de impedir que defectos formales subsanables anulen planes enteros, que una y otra vez se han estrellado en el Congreso. Prometer diez años de seguridad jurídica apunta justo ahí, y funciona si queda escrito en una ley capaz de sobrevivir a un cambio de gobierno.

Lo que hizo Países Bajos con el Vinex

El precedente europeo más parecido a un plan nacional de barrios es el programa holandés Vinex. En una carta al Parlamento de enero de 2007, el ministro holandés de Vivienda y Ordenación del Territorio hizo balance. Para 1995–2005 el Estado había firmado acuerdos integrados con siete regiones urbanas y once provincias, que cubrían la vivienda nueva, el suelo para empleo, la financiación y ejecución de proyectos de transporte público y las conexiones verdes. El objetivo era de unas 650.000 viviendas. El parque creció en 680.000, el 105 % de lo previsto. Las propias regiones urbanas se quedaron 43.000 por debajo, y solo el 27 % de la construcción nueva se hizo dentro de la ciudad ya construida, frente a una meta del 33 %. Se planificó con unas 33 viviendas por hectárea en el Randstad.

El Vinex demuestra que un plan nacional con acuerdos firmados entre administraciones, y con el dinero del transporte atado al de la vivienda, entrega viviendas en volumen y a tiempo. Y que un plan entrega lo que dibuja: densidades suburbanas moderadas, en este caso.

La versión de centro radical

Empecemos por la escala metropolitana, con Bertaud. Preguntado en 2015 por Market Urbanism sobre qué deben hacer los planificadores con las infraestructuras, respondió que hay que planificar las carreteras para asegurar un suministro constante de suelo y reducir los tiempos de viaje, y calificó de error terrible diseñar una ciudad como un producto terminado desde el principio. La parte del Estado en un plan de barrios es, por tanto, el tronco: las vías, las cercanías, el agua y el saneamiento que convierten suelo rural al alcance del empleo en suelo urbanizado, tendidos antes de que llegue la demanda en las áreas metropolitanas donde los precios dicen que faltan viviendas. Es liderazgo público en el sentido más literal.

Dentro de cada barrio, Jacobs. Su libro enumeró cuatro condiciones que generan diversidad en un distrito urbano, que la reseña de Michael Taylor en el San Antonio Report recoge con claridad: usos principales mezclados para que la calle tenga vida a distintas horas, manzanas cortas, edificios de distintas edades y suficiente densidad de gente. Un plan puede aportar tres desde el primer día. Dibuja manzanas pequeñas y muchas calles, permite viviendas, comercios, talleres y oficinas en las mismas calles, y admite densidad. La cuarta, la mezcla de edades, solo puede prepararla, dividiendo el suelo en muchas parcelas que construyan muchas manos a lo largo de varios años, en lugar de entregar un sector entero a un solo promotor que lo acaba de golpe.

Glaeser aporta la altura. En El triunfo de las ciudades se opone a los límites al crecimiento denso y, según la reseña de Richard Ocejo en Metropolitics, propone que los promotores paguen tasas por los costes reales de la altura añadida, como la pérdida de luz y de vistas, en vez de toparla. Para un plan español eso significa densidades mínimas alrededor de las estaciones y cobrar por los costes que la altura impone de verdad a los vecinos.

Luego viene el acuerdo que lo sostiene todo. Desde la izquierda, el plan incorpora los servicios públicos desde el primer día, con el colegio, el centro de salud y la estación abriendo cuando llegan los primeros vecinos, y reserva una cuota fija de cada barrio para alquiler social y asequible permanente, en manos de propietarios públicos o de beneficio limitado y sin venta posterior. Desde la tradición liberal de mercado llegan la seguridad jurídica y la competencia: reglas fijas durante diez años, parcelas adjudicadas por concurso abierto según precio y calidad, como hace Viena con sus concursos de promotores, y capital privado construyendo la mayor parte de las viviendas.

La pieza que no pertenece a ningún bando es el propio pacto. Una ley transversal de diez años, aprobada por una mayoría amplia, protegería los planes de barrios aprobados frente a la nulidad total por defectos formales. Cuando un juez encuentre un error de procedimiento, ordenará corregirlo en un plazo, y el plan seguirá en pie mientras tanto. El fondo del plan, incluida la protección del suelo que la merece, sigue plenamente abierto al recurso. Versiones de esta regla ya se han redactado y han caído en el Congreso, como explica nuestro artículo sobre la Ley del Suelo. Un plan nacional de barrios da a los partidos una razón concreta para aprobarla juntos, y un horizonte fijo de diez años, revisado al final, la hace más fácil de aceptar, en el espíritu del Pacto de Toledo para las pensiones.

En la práctica, eso supone acuerdos al estilo Vinex entre el Estado, las comunidades y cada área metropolitana, con vivienda, transporte y dinero en el mismo documento firmado. Primero se tiende la infraestructura troncal. Los barrios se dibujan como los reconocería Jacobs, con altura permitida junto al transporte, parcelas licitadas por tandas, una cuota social que nunca sale de manos públicas y un centro de salud abierto antes de que se vaya la última grúa. La primera prueba de verdad para cualquier partido que lo haga suyo es si votará el arreglo procedimental cuando sean sus rivales quienes lo propongan.