«Abundancia» de Ezra Klein y Derek Thompson explicado: construir vivienda, energía y ciencia

Abundance, de Ezra Klein y Derek Thompson, salió el 18 de marzo de 2025 en Avid Reader Press, sello de Simon & Schuster, y después en el Reino Unido en Profile Books. Klein era entonces columnista del New York Times y Thompson redactor de The Atlantic, y el libro nació de un ensayo de Thompson de 2022 sobre lo que llamó una crisis de escasez. En Estados Unidos fue uno de los libros políticos más discutidos del año, y merece un lugar en cualquier lista de lecturas del centrismo radical: toma un objetivo que le importa a la izquierda y un método que la tradición liberal lleva décadas defendiendo, y pide que al Gobierno se le juzgue por si entrega.

La pregunta que recorre el libro es sencilla. Greg Berman, en su reseña para Vital City, recoge cómo los autores se preguntan si podemos resolver nuestros problemas con oferta. Si faltan viviendas, ¿podemos construir más? Y si no podemos, ¿por qué? La misma pregunta vale para la energía limpia, la ciencia y las obras públicas que llegan tarde y carísimas.

Lo que defienden Klein y Thompson

Su punto de partida, tal como lo resume Pieter Garicano en Silicon Continent, es que en Estados Unidos la vivienda, las infraestructuras y la energía se han vuelto más escasas en cincuenta años, y que esa escasez es una elección. La demanda subió y la oferta quedó frenada. Una casa que en 1950 costaba dos años de ingresos cuesta hoy unas seis veces el ingreso anual, y la productividad de la construcción ha caído mientras la de la industria se disparaba.

Los autores sitúan la causa en una oleada de leyes y hábitos jurídicos de los años sesenta y setenta. Kirkus habla de lo que ellos describen como un apaño procedimental, obra en parte de abogados que inventaron la «democracia por pleito». Cada norma respondía a un abuso real: contaminación, autopistas que arrasaban barrios, trabajos peligrosos. Garicano recuerda que algunas vinieron de republicanos, como la agencia ambiental de Nixon o la ley californiana de evaluación ambiental que firmó Reagan. Berman subraya que el libro trata la evaluación ambiental, la seguridad laboral y la accesibilidad como respuestas de buena fe con costes reales. Sumadas, permiten que casi cualquiera pare casi cualquier cosa.

Los ejemplos son muy gráficos. Propietarios de barrios progresistas invocan leyes anticontaminación para bloquear vivienda asequible, y esas mismas leyes frenan los proyectos de energía limpia que necesita el clima. California planeó una línea de alta velocidad en los noventa y, según la cuenta de Garicano, gastó unos 23.000 millones de dólares en quince años sin un solo kilómetro de vía en servicio; el crítico del Irish Examiner lo compara con los más de 38.000 kilómetros de alta velocidad que construyó China en el mismo periodo. En ciencia, los autores sostienen que el sistema de becas premia la prudencia y castiga a quien piensa desde fuera.

La expresión que más se recuerda es el «everything-bagel liberalism», el progresismo del bagel con todo. Kirkus lo explica como la costumbre de cargar los programas públicos con un mandato tras otro, de modo que un plan de vivienda tiene que cumplir además una docena de objetivos sociales y acaba cumpliendo el principal tarde o nunca.

El remedio es una política de la abundancia, un progresismo que construye. Eso exige cambiar los procesos que hacen tan difícil construir e inventar y devolver a los funcionarios margen para decidir. Berman cita al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que reabrió a toda prisa un tramo dañado de la autopista I-95, como ejemplo de lo que permite ese margen. Lo que está en juego al fondo es la confianza: el libro cita encuestas según las cuales la proporción de estadounidenses que confiaba en que el Gobierno hiciera lo correcto casi siempre cayó del 77 % en 1964 al 16 % en 2023. Un Estado que construye a la vista de todos recupera esa confianza.

Los críticos

El libro ha recibido golpes desde varios lados. Parte de la izquierda dice que quitar trámites no toca el poder de las grandes empresas, una objeción que Berman recoge y responde recordando que el libro no promete arreglarlo todo. Matthew Fleming, del Pacific Research Institute, desde la derecha, sostiene que las propias pruebas de fracaso público que aporta el libro deberían llevar a un Estado más pequeño y a confiar más en la empresa privada. Brendan Daly, en el Irish Examiner, al que el libro le gustó, ve su principal debilidad en que no ofrece un criterio para decidir qué normas conservar y cuáles eliminar. Garicano, que escribe para lectores europeos, cree que el libro idealiza a Europa y que la abundancia europea debería centrarse en retirar regulación.

En lo del criterio que falta damos la razón a los críticos, y el centro radical lo aporta: se quedan las normas que sirven al objetivo del programa, y se mide lo que cada una cuesta en tiempo.

España y Europa

Europa tiene su propia escasez. Garicano da algunos datos: en 2022 la UE tenía cinco veces más potencia eólica atascada en permisos que en construcción, una licencia en Francia tardaba de media 220 días en 2023 y el nuevo aeropuerto de Berlín tardó catorce años en abrir. España encaja en el patrón en vivienda y en la red eléctrica.

El Informe Anual 2025 del Banco de España, según recoge El Debate, cifra el déficit de vivienda de 2021-2025 en 750.000 viviendas. En 2025 se terminaron unas 92.000 mientras se formaban unos 240.000 hogares nuevos. El parque público es el 1,5 % del total, frente a una media europea y de la OCDE del 7 %. El banco señala los procesos urbanísticos largos y complejos como causa de la oferta débil, y sus recetas juntan simplificación regulatoria, más capacidad administrativa para los ayuntamientos y una construcción más rápida de vivienda pública asequible, incluida la industrializada.

La electricidad muestra el mismo nudo. Según la patronal Aelec, citada por Endesa, el 83,4 % de los nudos de la red de distribución española estaba saturado en septiembre de 2025; en 2024 pidieron conexión unos 67 GW de nueva demanda y se rechazó casi la mitad. El sector afirma que una infraestructura de red mediana tarda más de siete años en entrar en servicio, sobre todo por la tramitación. Son cifras de empresas interesadas, y aun así describen un país con sol y viento baratos que no consigue enchufar las fábricas y las viviendas que quieren usarlos.

La posición del centro radical junta tres ideas. La izquierda acierta al ver la vivienda, la electricidad limpia y el transporte como bienes públicos cuya escasez golpea sobre todo a los jóvenes y a los inquilinos, y eso justifica construir vivienda pública a gran escala. La tradición liberal acierta al ver que permisos, procedimientos y vetos ahogan la oferta, y que constructoras y distribuidoras tienen que poder construir. La idea que no encaja en ningún bando es juzgar cada plan de vivienda, cada inversión en red y cada programa de investigación por lo que se construye y a qué velocidad, y publicar esa cuenta cada trimestre, ayuntamiento por ayuntamiento y nudo por nudo. Antes de añadir una condición a un programa, alguien dice qué aporta al objetivo y cuántos meses cuesta. Las que pasan la prueba se quedan; las demás, fuera. Jennifer Pahlka defiende esta atención a la ejecución en Recoding America, Marc Dunkelman cuenta cómo aprendió la izquierda a bloquear en Why Nothing Works, y nuestro artículo sobre por qué España crece sin ganar productividad muestra lo que está en juego para los salarios. Una comisión de productividad sería el sitio natural para aplicar la prueba.