Aliviar a la clase media: una reforma del IRPF financiada y sin regalos

Miriam González lo dijo sin rodeos en la presentación de Democracia 21, en Madrid, el 10 de octubre: la clase media española está asfixiada y necesita un alivio fiscal, como recogimos en nuestro mapa de las propuestas del partido. El objetivo es acertado. Un alivio que un país con déficit no puede pagar vuelve después en forma de recortes o de deuda, así que la versión del centro radical viene con la factura incluida. Ayer, el explicador sobre la cuña fiscal mostró cuánto de un sueldo medio se va en impuestos y cotizaciones. Esta propuesta se ocupa de la parte de esa carga que subió sin que nadie la votara, y de cómo devolverla.

La subida que nadie votó

El IRPF está escrito en euros. Los límites de cada tramo, el mínimo personal y familiar (5.550 euros para un contribuyente sin hijos, según el trabajo del IEB que citamos) y la reducción por rendimientos del trabajo son cantidades fijas. Cuando los sueldos suben con los precios, esas cantidades pierden valor real y el tipo medio sube, aunque el sueldo no compre más que antes.

Sofía Balladares y Esteban García-Miralles lo midieron con datos tributarios españoles en un documento de trabajo del IEB de 2025. Frente a un escenario en el que todos los parámetros se hubieran deflactado cada año desde 2019, el IRPF recaudó en 2023 unos 10.600 millones más, el 0,73 % del PIB y aproximadamente un tercio del crecimiento del impuesto. Los ajustes que hicieron los gobiernos compensaron solo en torno al 30 % del efecto.

Para la clase media, lo decisivo es dónde cae. Los autores encuentran que en España la progresividad en frío procede sobre todo de las reducciones y los mínimos, en especial la reducción por rendimientos del trabajo y el mínimo personal y familiar, y que la sensibilidad del impuesto al crecimiento nominal alcanza su máximo en el centro de la distribución, sobre todo entre los percentiles 30 y 45, donde se retira la reducción adicional del trabajo. El salto de tramo pesa más cerca de la cima; las rentas medias pierden por los mínimos.

El trabajo recuerda también que España, como Italia y Portugal, actualiza sus parámetros fiscales a criterio del Gobierno, mientras que los países nórdicos, Bélgica y Estados Unidos lo hacen de forma automática o según reglas fijadas. Alemania ajusta a partir de dos informes oficiales cada dos años, para que la renta de subsistencia siga exenta.

F. A. Hayek vio el problema político en Los fundamentos de la libertad. Tal como lo resume Eugene Miller en su guía del libro para el Institute of Economic Affairs, Hayek sostenía que un impuesto justo sigue una regla que se aplica a todos, que la mayoría que decide el total debe soportarlo también, y que la inflación va metiendo a las clases medias en tipos más altos sin que suba su renta real. La misma guía recoge algo que suele olvidarse: Hayek aceptaba que probablemente se justifica cierta progresividad en el impuesto sobre la renta para compensar el peso de los impuestos indirectos. Esa concesión es la bisagra de esta propuesta.

El intercambio, euro a euro

La propuesta tiene tres piezas, y pasan juntas por las Cortes.

La primera, una ley de deflactación. Cada año, los límites de los tramos, el mínimo personal y familiar y la reducción por rendimientos del trabajo suben automáticamente con la inflación del año anterior. Las Cortes pueden congelarlos, con una votación expresa en los presupuestos que diga cuánto recauda la congelación. La progresividad en frío pasa a ser una decisión con nombre y cifra.

La segunda, devolver lo acumulado a quien lo pagó. El alivio entra primero por el mínimo personal y familiar y por la reducción por rendimientos del trabajo, los dos parámetros donde el trabajo del IEB encuentra que más perdieron las rentas medias, y se escalona a lo largo de una legislatura. La cifra completa ronda los 10.600 millones con las rentas de 2023; cada presupuesto dice cuánto se ha devuelto y cuánto queda.

La tercera, pagarlo con beneficios fiscales que cumplen mal su función. El spending review de la AIReF de 2020, tal como lo recoge el diario Ara, cifró el coste de los tipos reducidos de IVA en 17.787 millones al año y el de seis beneficios del IRPF en 8.391 millones. La AIReF concluyó que los tipos reducidos ayudan a acceder a bienes básicos, pero de forma ineficiente en lo distributivo, porque los hogares con más renta gastan más y se llevan más beneficio. Recomendó acelerar la desaparición de la reducción por tributación conjunta, que desincentiva que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, y reformular por completo la reducción por planes de pensiones, que no consigue fomentar el ahorro a largo plazo. El Gobierno ya se ha comprometido con Bruselas a aumentar los ingresos un 0,1 % del PIB, unos 1.600 millones, reformando beneficios fiscales.

Recuperar un tercio de lo que cuestan los tipos reducidos de IVA daría, con las cifras de la AIReF, unos 6.000 millones. La retirada gradual de la tributación conjunta y el rediseño de la reducción por planes de pensiones suman más. Juntos cubren la mayor parte de la devolución, y la ley de deflactación impide después que la carga vuelva a acumularse. Son estimaciones de 2020, así que el primer paso es que la Agencia Tributaria publique cifras actualizadas de cada beneficio y que el intercambio se calibre con ellas.

Los hogares de renta baja tienen que quedar protegidos de cualquier cambio en el IVA, y el FMI lo dice también. Su declaración del Artículo IV de 2026 sobre España estima que armonizar los tipos de IVA, eliminando los reducidos en una amplia gama de productos, podría cubrir la mayor parte del ajuste pendiente del plan fiscal a medio plazo con un coste pequeño para el crecimiento, con transferencias que compensen a los más pobres, y recomienda un crédito fiscal reembolsable por trabajar para los hogares de renta baja. Ahí va primero una parte del IVA adicional. La concesión de Hayek encaja: si el impuesto indirecto sube un poco, el IRPF sigue siendo progresivo para equilibrarlo.

Frente a las demás ofertas

El plan del PP de marzo de 2026, según lo recoge El Español a partir de un documento de trabajo del partido, deflactaría los tres primeros tramos, subiría el mínimo personal hasta 6.150 euros y duplicaría los mínimos por hijos, con una devolución de unos 3.200 millones, el 85 % para declarantes con menos de 60.000 euros. Propone además bajar el IVA de carburantes, electricidad y gas del 21 % al 10 %. La información no describe ninguna financiación, y la bajada del IVA amplía justo el tipo de beneficio que la AIReF vio mal focalizado.

El documento de reforma fiscal de Izquierda Unida, de noviembre de 2025, va en la dirección contraria: tipos estatales más altos para las rentas del trabajo por encima de 200.000 euros, la supresión de la reducción por planes de pensiones, que valora en 850 millones, y el IVA de la luz doméstica al 5 %, dentro de un paquete de 111.000 millones de recaudación adicional. Quita el incentivo al ahorrador y añade un tipo reducido nuevo.

Democracia 21 ha fijado el objetivo y, hasta donde hemos visto, aún no ha publicado el coste. El nuestro pone el alivio donde cayó la progresividad en frío, lo paga con beneficios que ayudan sobre todo a quien menos lo necesita y cambia la regla para que la próxima subida tenga que votarse. Así llega a la nómina el argumento de Mario Draghi sobre la productividad: un trabajo que rinde algo más después de impuestos, financiado sin pedir prestado a la siguiente generación.