Gran pacto institucional: renovar los órganos con plazos y mecanismos por defecto

El Tribunal Constitucional lleva diez meses trabajando con un tercio de sus miembros fuera de plazo. Los cuatro magistrados que eligió el Senado en 2017, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido, vieron vencer su mandato de nueve años en diciembre de 2025. Siguen en sus puestos hasta que lleguen los sustitutos. El 1 de octubre Conde-Pumpido pidió a los partidos que se pusieran de acuerdo y cumplieran sin más el mandato constitucional. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, la votación exige tres quintos y, por tanto, las plazas dependen de que PP y PSOE pacten.

Es el problema que Miriam González señaló al presentar Democracia 21 el 10 de octubre: dos bloques férreos sin nada que favorezca los consensos. En el artículo del día 11 respondimos con reglas generales que hacen rentable el acuerdo. Aquí vamos al caso más duro, los nombramientos de los órganos que deben vigilar al poder, y proponemos un único pacto entre bloques para resolverlo de una vez.

Una década de órganos caducados

La cola viene de lejos, y quien está en la oposición aprende siempre el mismo truco. Cuando el Tribunal de Cuentas agotó su mandato en julio de 2021, se sumó a una lista: el Defensor del Pueblo en funciones desde julio de 2017, el CGPJ caducado desde diciembre de 2018, el tercio del Constitucional que elige el Congreso desde noviembre de 2019 y la dirección de la Agencia de Protección de Datos desde julio de 2019. El 20 de julio de 2017 el adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, asumió las funciones de Defensor por tiempo indefinido, como prevé la ley orgánica, hasta que se eligiera un nuevo titular. Seguía allí en octubre de 2021, cuando PSOE y PP acordaron un paquete que incluía el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo como nuevo titular. El CGPJ quedó fuera de aquel acuerdo, porque el PP quería cambiar su sistema de elección y el PSOE quería mantenerlo. Tuvo que esperar al 25 de junio de 2024, cuando Félix Bolaños y Esteban González Pons firmaron su renovación en Bruselas ante la vicepresidenta de la Comisión Věra Jourová. El resto de esa historia está en nuestro artículo del día 10.

Hay dos lecciones. Todos los desbloqueos llegaron en paquete, con algo para cada parte, que es como funcionan de verdad los nombramientos en España. Y las salidas de emergencia que ha probado España apuntan en la dirección equivocada. En 2018, cuando el Congreso no logró acordar el nuevo consejo de RTVE, un decreto ley permitió al Gobierno proponer un administrador provisional único, y Rosa María Mateo dirigió la corporación hasta que un concurso público diera paso a un consejo: la alternativa por defecto dejaba la decisión al Gobierno de turno. La Ley Orgánica 4/2021 quitó al CGPJ en funciones sus principales facultades de nombramiento, una medida que el Constitucional avaló en 2023; apretó a la institución y dejó intactos a quienes la bloqueaban. La Ley Orgánica 3/2024, por su parte, mantuvo los tres quintos y no añadió ningún mecanismo antibloqueo.

Lo que ha probado Europa

Alemania fue la primera. El 19 de diciembre de 2024 el Bundestag votó, por 600 votos contra 69, llevar a la Ley Fundamental las reglas esenciales del Tribunal Constitucional Federal, entre ellas que un juez sigue en el cargo hasta que se elige a su sucesor y un mecanismo de elección sustitutoria: si el Bundestag o el Bundesrat no alcanzan la mayoría de dos tercios, el derecho a elegir pasa al otro órgano. La mayoría reforzada se mantiene y la minoría que bloquea en una cámara pierde su palanca.

Italia enseña lo que da de sí rebajar la mayoría sin más. Su Parlamento necesita dos tercios para elegir a sus jueces constitucionales en las tres primeras votaciones y tres quintos a partir de la cuarta. El mandato de Silvana Sciarra terminó el 11 de noviembre de 2023. Según Pagella Politica, los partidos esperaron a que vencieran otros tres mandatos en diciembre de 2024 para repartirse cuatro plazas de golpe, y hicieron falta 14 votaciones hasta que el Parlamento eligió a los cuatro el 13 de febrero de 2025. La mayoría más baja solo trasladó el regateo a otra fecha.

El pacto

The Two Percent Solution (2003), de Matthew Miller, propone una serie de grandes pactos para resolver problemas en los que cada bando obtiene entero lo que más le importa. Ya hemos explicado el libro y la idea. Why Nothing Works, de Marc Dunkelman, aporta la otra mitad: dar a la gente voz en el proceso y quitarle el veto. A un control sin reloj lo hemos llamado vetocracia.

Si se juntan las dos ideas, el intercambio sale casi solo. El PP lleva años pidiendo cambiar cómo se elige el CGPJ, y la Comisión de Venecia dijo en octubre de 2025 que la elección directa de los vocales judiciales por los propios jueces cumple el estándar europeo. El PSOE, con un Constitucional congelado, quiere nombramientos a tiempo. Una ley orgánica puede dar a cada uno lo suyo. Elección por los jueces de los doce vocales judiciales, con las salvaguardas frente a la captura por las asociaciones que planteamos el día 10. Y un calendario obligatorio para todos los órganos que nombran las Cortes: el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el consejo de RTVE, los vocales juristas del CGPJ y los demás.

El calendario funciona así. Cada renovación se abre seis meses antes de que venza el mandato, con comparecencias públicas. Si la cámara competente no ha votado al llegar la fecha de vencimiento, la elección pasa a la otra cámara, al estilo alemán, y sigue exigiendo tres quintos. Si tres meses después sigue sin haber nadie elegido, la plaza se sortea entre una terna de candidatos que un comité independiente ya ha declarado idóneos, el mismo comité que propusimos para los órganos de control. El sorteo es la pieza clave. Nadie puede predecirlo, así que esperar a una mayoría mejor tras las próximas elecciones deja de compensar y todos los partidos prefieren negociar ellos los nombres. Es el uso más sencillo del sorteo como control del poder. Cada nuevo mandato se cuenta desde la fecha de vencimiento original, de modo que el retraso nunca alarga la permanencia de nadie, y el Congreso publica, órgano por órgano, cuántos días lleva caducada cada plaza.

Cada tradición sale ganando algo concreto. La izquierda obtiene lo que siempre ha pedido a las instituciones: órganos que protegen a la ciudadanía de quien gobierna, renovados a tiempo y nunca aparcados a merced de un partido. La derecha y la tradición liberal de mercado obtienen la lógica de Miller, un intercambio en el que ambas partes ganan algo que valoran, y la seguridad jurídica de un calendario conocido. El diseño contra la vetocracia no pertenece a ninguna de las dos. Mantiene todas las mayorías reforzadas, de modo que el consenso sigue decidiendo casi todos los nombramientos, y quita al bloqueo su valor de rehén, de modo que ese consenso llega de verdad.

Las cuatro plazas del Senado en el Constitucional serían la primera prueba. Con estas reglas habrían pasado al Congreso el pasado diciembre.