El sorteo como control del poder: ciudadanos elegidos al azar para vigilar nombramientos e instituciones

España ya confía a ciudadanos sorteados una de las tareas más difíciles de la vida pública: juzgar a funcionarios acusados de corrupción. Según la Ley del Jurado de 1995, nueve jurados elegidos del censo electoral juzgan, entre otros delitos, el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos cometidos por funcionarios. Para cada causa se sortean treinta y seis candidatos.

La propuesta del centro radical parte de ahí. Si unos ciudadanos al azar pueden decidir si un alcalde aceptó un soborno, también pueden mirar a quién se va a poner al frente de los órganos de control y cómo se ha dirigido una institución pública. Democracia 21 pidió órganos de control sin políticos ni expolíticos; ya hemos explicado cómo nombrarlos y cómo cerrar la puerta giratoria que tienen detrás. El sorteo da a la ciudadanía un asiento en los dos momentos.

Una idea antigua con un propósito claro

Los atenienses usaban el sorteo precisamente para controlar el poder. El estudio de Athanasios Efstathiou sobre la euthyna en la Atenas del siglo IV a. C. describe una escalera de rendición de cuentas. Antes de tomar posesión, los cargos pasaban un examen. Durante el mandato, auditores sacados del consejo revisaban las cuentas. Al salir, diez auditores elegidos por sorteo entre todos los ciudadanos, con diez acusadores públicos también sorteados, examinaban sus cuentas en busca de malversación y sobornos, y durante tres días cualquiera podía presentar una queja contra ellos en el ágora. Un cargo no podía salir del Ática hasta terminar la revisión.

La lógica sigue valiendo. A un órgano sorteado no se le puede presionar de antemano, no le debe nada a ningún partido y se disuelve antes de que nadie lo capture. Eso lo convierte en una buena herramienta justo para la tarea en la que los órganos elegidos o nombrados son más débiles: juzgar las decisiones de la propia clase política.

Lo que hace Europa ahora

La Comunidad germanófona de Bélgica es la que más lejos ha llegado. En febrero de 2019 su parlamento aprobó por unanimidad un diálogo ciudadano permanente. Según el documento de la OCDE de 2021 sobre cómo institucionalizar la democracia deliberativa, un consejo ciudadano de 24 personas sorteadas ejerce durante 18 meses, con un tercio renovado cada seis. Elige los temas de los paneles ciudadanos y tiene, en palabras de la OCDE, un papel de vigilancia: se asegura de que las recomendaciones se debaten en el parlamento y reciben respuesta de la comisión y del ministro. En el primer panel, sobre los cuidadores, la comisión aprobó ocho de las catorce recomendaciones y ofreció alternativas para el resto.

Bruselas eligió otro camino. Desde 2019 sus parlamentos pueden crear comisiones deliberativas mixtas de 15 diputados y 45 ciudadanos sorteados. Min Reuchamps, en un texto para International IDEA, explica las dos reglas que les dan fuerza: los diputados que votan contra una recomendación apoyada por los ciudadanos tienen que explicar por qué, y en seis meses la comisión permanente debe publicar un informe de seguimiento y presentarlo en una sesión pública. El documento de la OCDE incluye la vigilancia entre los mandatos que pueden recibir estos órganos sorteados.

El teórico político Samuel Bagg, cuyo trabajo resumió en 2022 el departamento de política de Oxford, va todavía más allá: jurados sorteados decidirían si determinadas decisiones del Gobierno han sido capturadas por las élites. Quiere que sus tareas sean estrechas, porque cuanto más pesada es la formación, más fácil resulta que los de dentro dirijan a los jurados.

La propuesta para España

Cada tradición da un motivo para hacerlo. La izquierda quiere que ciudadanos corrientes, elegidos con las mismas posibilidades sean cuales sean sus ingresos o sus contactos, pidan cuentas a los poderosos. La derecha y la tradición liberal tienen en el jurado una garantía clásica frente al Estado, y un control ciudadano pequeño y barato sobre los nombramientos y el gasto de la clase política encaja con un Estado limitado. La pieza que no pertenece a ninguna es el sorteo mismo como antídoto contra la captura, unido a dos ideas de las lecturas de estas semanas. La razón pública de John Rawls, como la resume la Stanford Encyclopedia of Philosophy, pide a los cargos que justifiquen lo esencial de la Constitución con razones que todos los ciudadanos puedan aceptar. Elinor Ostrom vio que los bienes comunes duran cuando sus vigilantes responden ante los usuarios, como en el Tribunal de las Aguas de Valencia. Un panel sorteado es una sala llena de usuarios que piden razones públicas.

Dos paneles bastarían.

Un panel de nombramientos. Para los puestos más altos del Tribunal de Cuentas, la CNMC, la AIReF, el Consejo de Transparencia, la Oficina de Conflictos de Intereses y el CGPJ, un panel de unos 30 ciudadanos sorteados, estratificado por edad, sexo, territorio y estudios, celebra audiencias públicas con los candidatos preseleccionados. Lee su trayectoria, les pregunta y publica un dictamen motivado sobre cada uno. El Parlamento conserva el voto. Si nombra a alguien que el panel consideró no idóneo, los grupos proponentes tienen que explicar por qué en el pleno. El panel aconseja; las razones se hacen públicas.

Un panel anual de auditoría. Cada año, un panel de 24 ciudadanos sorteados elige una institución pública, de una agencia ministerial a un regulador, y examina cómo ha funcionado, con derecho a pedir documentos y a escuchar a responsables y expertos. La institución tiene que responder en público a sus conclusiones en un plazo de seis meses, como exige Bruselas a sus comisiones, y volver a informar un año después.

Los dos paneles cobran por sus días de trabajo, como los jurados, y los dos son lo bastante pequeños para costar muy poco al lado de los organismos que vigilan. Ninguno tiene veto. Eso importa: estas semanas también hemos sostenido que España tiene demasiados vetos, y un control nuevo funciona mejor cuando produce información y obliga a dar razones.

El artículo del día cinco sobre asambleas ciudadanas usaba el sorteo para resolver conflictos de valores. Aquí el sorteo hace el viejo trabajo ateniense. Recuerda a quien tiene el poder que, tarde o temprano, un grupo de conciudadanos elegidos al azar mirará las cuentas.