Asambleas ciudadanas para los conflictos de valores en España: una propuesta inspirada en Berlin

Algunas cuestiones políticas son difíciles porque los hechos son inciertos. Otras lo son porque valores buenos tiran en direcciones distintas, y ningún dato adicional las resolverá. El final de la vida, los límites de la libertad de expresión, el lugar de la religión en la escuela pública, cuánto pide una sociedad a quienes llegan: en todas ellas la libertad, la igualdad, la seguridad, la compasión y la pertenencia tienen un reclamo real. El pluralismo de valores de Isaiah Berlin las describe con exactitud. Varios bienes auténticos chocan, no hay una unidad común para pesarlos y alguien tiene que elegir.

Los partidos tienden a esquivar estas cuestiones, o a convertirlas en batallas de identidad. España debería adoptar un procedimiento mejor para ellas, y Europa ya ha probado uno.

Lo que enseñan los casos europeos

Irlanda fue la primera. En 2016 su Parlamento creó una Asamblea Ciudadana de 99 ciudadanos elegidos al azar para reflejar al país por edad, género, clase social y territorio, más una presidencia. Según el relato de la Electoral Reform Society, se reunieron cinco fines de semana entre noviembre de 2016 y abril de 2017, escucharon a 25 expertos y leyeron 300 de unas 12.000 aportaciones públicas sobre la prohibición constitucional del aborto, la Octava Enmienda. El 87% de los miembros coincidió en que la disposición no debía mantenerse tal cual, y el 57% recomendó sustituirla por una cláusula que permitiera legislar al Parlamento. Una comisión parlamentaria retomó el asunto y en mayo de 2018 los votantes aprobaron el cambio en todas las circunscripciones salvo Donegal, con una participación del 64%. Los políticos, reacios a tocar el tema, tuvieron una base pública contrastada sobre la que actuar.

Francia siguió con una cuestión aún más cercana al terreno de Berlin. La Convención Ciudadana sobre el Final de la Vida, organizada por el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE), reunió a 184 ciudadanos elegidos por sorteo durante nueve sesiones y 27 días de debate entre diciembre de 2022 y abril de 2023. Aprobó su informe final con un 92% a favor. En la cuestión central, el 75,6% apoyó abrir el acceso a la ayuda activa a morir bajo condiciones. Lo instructivo del caso francés es lo que hizo con el resto. La convención publicó la forma de su desacuerdo: el 28,2% quería el suicidio asistido como regla y la eutanasia como excepción, el 39,9% quería ambas opciones a elegir y el 23,2% se oponía a cualquier apertura. Las razones de la minoría también quedaron por escrito: la escasa aplicación de la ley vigente de 2016, los riesgos para las personas vulnerables y las reticencias de parte de los profesionales sanitarios. Sobre los menores, la convención reconoció abiertamente que sus debates no fueron concluyentes.

Eso es el pluralismo convertido en procedimiento. La posición mayoritaria queda clara y la discrepancia se conserva con sus argumentos, de modo que los legisladores ven el mapa completo de valores en juego.

España tiene su propio precedente. La Asamblea Ciudadana para el Clima, creada al amparo del artículo 39.1 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, reunió a 100 personas seleccionadas mediante un sorteo independiente, estratificado por edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia urbana o rural. Trabajó de noviembre de 2021 a mayo de 2022, de forma anónima, sobre la pregunta de cómo lograr una España más segura y justa ante el cambio climático. El 6 de junio de 2022 entregó al presidente del Gobierno 172 recomendaciones agrupadas en 58 objetivos. La OCDE contabilizó cerca de 300 procesos deliberativos representativos de este tipo en su informe de 2020 sobre la «ola deliberativa», así que España se sumaría a una práctica bien documentada.

La propuesta

España debería convertir estos experimentos en un procedimiento estable para los conflictos de valores, con unas pocas reglas claras.

Primero, la convocatoria. El Congreso, por mayoría simple, o el Gobierno pueden convocar una asamblea sobre una cuestión en la que chocan valores y el debate parlamentario se ha atascado. La pregunta se redacta de forma neutral y la acuerdan los grupos que respaldan la convocatoria.

Segundo, la composición. Entre 100 y 180 residentes elegidos por sorteo estratificado, con los criterios ya probados en la asamblea del clima, excluidos los cargos electos y el personal de los partidos. Los miembros reciben una compensación por su tiempo y su identidad queda protegida mientras deliberan.

Tercero, la información. Al menos cinco fines de semana, con expertos y defensores elegidos para cubrir todas las posiciones serias, aportaciones públicas abiertas y una facilitación independiente.

Cuarto, el resultado. Recomendaciones con el porcentaje de cada opción votada y un informe razonado de minoría redactado por quienes discrepan, publicados juntos. Esta es la regla de Berlin: el registro muestra qué bien puso por delante cada parte, y nadie finge que el conflicto ha desaparecido.

Quinto, la respuesta. En seis meses el Gobierno contesta por escrito, recomendación por recomendación, y el Congreso celebra un debate específico. La decisión sigue en manos de los representantes elegidos, o de los votantes cuando la Constitución exige referéndum.

Por qué cada lado debería quererlo

Este diseño combina cosas que suelen viajar por separado. De la izquierda viene la idea democrática de que la gente corriente, elegida por sorteo, merece la misma voz en las cuestiones más difíciles, al margen de su dinero, su fama o sus contactos en los partidos. De las tradiciones liberal y conservadora viene el respeto por las instituciones representativas: la asamblea aconseja, el Parlamento decide y el órgano se disuelve cuando termina su trabajo, sin crear ninguna agencia permanente. De ninguna de ellas viene el núcleo pluralista, que es el informe de minoría publicado y la obligación de responderlo. Da al desacuerdo un lugar digno en el registro.

El diseño tiene que afrontar riesgos reales. Las asambleas pueden capturarse mediante la elección de los expertos, así que el panel de información necesita un equilibrio pactado entre grupos. También pueden ignorarse en silencio, y por eso importa la obligación de responder; el Parlamento conserva la decisión en cualquier caso.

España es un país donde, como muestra otro de los trabajos de esta semana, los ciudadanos rechazan al adversario con una intensidad inusual en algunos temas. Un procedimiento que permite a una muestra aleatoria del país trabajar junta un conflicto de valores, y que enseña a todos dónde siguen discrepando personas de buena fe, es una herramienta práctica para bajar esa temperatura. España ya celebró una sobre el clima. La siguiente debería abordar una cuestión en la que choquen valores.