Fukuyama frente a Dunkelman: ¿necesita España más controles al poder o más capacidad del Estado?

España está a punto de sumar mucho control independiente. El discurso de presentación de Democracia 21 pidió órganos de control sin políticos, juzgados especializados contra la corrupción y una Fiscalía que responda ante el Parlamento, y llevamos dos semanas analizando esas propuestas una por una. Dos libros leídos en paralelo explican cómo hacerlo sin congelar el Estado: Orden y decadencia de la política (2014), de Francis Fukuyama, y Why Nothing Works (PublicAffairs, 2025), de Marc J. Dunkelman.

Fukuyama: tres pilares, y un aviso sobre uno de ellos

La pregunta de Fukuyama, en la fórmula que repiten sus reseñistas, es cómo llega un país a ser Dinamarca. Su respuesta son tres instituciones que tienen que crecer juntas: un Estado eficaz, el Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática. China tiene la primera sin la tercera; la India, resume Sophie McBain en The Cairo Review, tiene gobernantes que rinden cuentas y poca capacidad estatal. El orden también cuenta. Donde la función pública profesional llegó antes que la democracia de masas, como en Alemania, la política se mantuvo relativamente limpia; donde llegó primero la democracia, como en Grecia e Italia, los partidos usaron el empleo público para ganar votos y arraigó el clientelismo. Esa mitad del libro la contamos en nuestro artículo explicativo y en el de clientelismo y crecimiento.

El segundo volumen termina con la decadencia, y la reseña de Branko Milanović en Global Policy expone sus dos formas. Una es la rigidez: instituciones que ya no saben adaptarse, y la vetocracia es el ejemplo estadounidense, un sistema donde tantos actores pueden bloquear que las mayorías apenas pueden actuar. La otra es la repatrimonialización: grupos de interés y políticos que intercambian favores, tribunales y pleitos que se quedan con decisiones que deberían tomar los administradores. El Estados Unidos de Fukuyama sufre las dos a la vez. Tiene demasiados controles y aun así deja que los poderosos capturen las políticas.

Diez años después, Fukuyama fue más lejos. En una conferencia de 2023 ante la American Society for Public Administration, publicada como «In Defense of the Deep State», defendió que todo sistema político tiene que delegar autoridad, porque los cargos electos no pueden fijar las miles de decisiones diarias que exige gobernar. Llamó al papeleo uno de los grandes azotes del gobierno y advirtió de que los controles de procedimiento pueden frenar o bloquear lo que el Estado es capaz de lograr.

Dunkelman: los vetos los construyó la izquierda

Dunkelman cuenta la misma historia desde dentro del progresismo estadounidense, y su versión incomoda más a la izquierda. Describe dos instintos progresistas. El hamiltoniano confía en grandes instituciones para ejecutar: la Autoridad del Valle del Tennessee, las autopistas interestatales, el joven Robert Moses. El jeffersoniano desconfía del poder concentrado y quiere repartirlo y vigilarlo. Después de que Moses atravesara East Tremont con la autopista Cross-Bronx, y en general a partir de los años sesenta, ganó el lado jeffersoniano. La evaluación ambiental de la ley NEPA, las audiencias públicas, la legitimación para pleitear: cada una respondía con razón a un abuso, y juntas dieron un veto a casi todo el mundo.

Su ejemplo favorito, en una entrevista con el Niskanen Center, es el nuevo vestíbulo de Penn Station en Nueva York, el Moynihan Train Hall. Nadie se oponía, cuenta, y aun así no había manera de hacerla; abrió en 2021, décadas después de proponerse. Su remedio es una fórmula que conviene recordar: dar a la gente voz sin veto. El Gobierno tiene que poder elegir entre alternativas imperfectas y seguir adelante. Daniel DiSalvo, que reseñó el libro en City Journal, lo llama neohamiltonianismo y considera vagas sus recetas concretas, con razón. Dunkelman también acepta abiertamente que ese Estado más rápido podría construir cosas que a los progresistas no les gustan.

Dónde se encuentran

Los dos libros discrepan menos de lo que sugieren sus títulos. Fukuyama parte de la ciencia política y Dunkelman de la historia de un movimiento, y los dos acaban pidiendo más capacidad delegada, sometida a otro tipo de control. Los dos ven que los controles tienen un coste, y que ese coste cae sobre todo en los proyectos públicos que necesitan muchas autorizaciones: trenes, vivienda, redes eléctricas.

España tiene una prueba en marcha. CaixaBank Research informó en abril de 2026 de que España había recibido 55.090 millones de los 79.800 millones en transferencias del plan de recuperación que tiene asignados, que solo había cumplido el 54 % de los hitos y que el gasto público efectivo financiado con los fondos NextGenerationEU en 2021–2024 rondaba los 31.000 millones según Eurostat. España prevé usar ahora 22.800 millones de los 83.200 millones en préstamos que planeó al principio. La distancia entre el dinero asignado y el dinero gastado es justo el tipo de coste que describen los dos autores.

Una regla para los nuevos órganos de control

La izquierda tiene razón en que el poder público tiene que poder ejecutar grandes proyectos colectivos, y en que quien vive junto a una autopista o un nuevo barrio merece voz real en ellos. La derecha y la tradición liberal de mercado tienen razón en que el papeleo encarece todo y espanta la inversión, y en que una administración ligera y competente necesita reglas claras y margen para decidir. Lo que casi ningún bando dice es en qué momento deben situarse los controles. Pongámoslos después de decidir.

De ahí sale una regla de diseño para cada propuesta del paquete institucional de Democracia 21. Un nuevo órgano de control audita resultados y los publica; no añade una autorización previa a las decisiones ordinarias. Donde de verdad haga falta una autorización previa, como en el impacto ambiental o un gran contrato, llega con plazo, y el silencio cuenta como aprobación. La consulta pública es abierta y temprana, y sus respuestas se publican con los motivos para aceptarlas o rechazarlas: voz, sin veto. Los funcionarios tienen margen y se les juzga por lo que consiguen, con evaluación independiente y, en el caso de los ministros, en las urnas. Nuestra propuesta de órganos de control ya sigue esta lógica: órganos fuertes que informan, auditan y sancionan, sin nuevos poderes para bloquear.

Fukuyama lo reconocería como equilibrio entre sus tres pilares. Dunkelman reconocería un Estado hamiltoniano que ha aprendido de Moses. España gana un Estado más limpio que todavía sabe construir un tren a tiempo.