¿Qué es la vetocracia? El término de Fukuyama, el libro de Dunkelman y el bloqueo del CGPJ

La vetocracia es un sistema político en el que tanta gente puede decir que no que la mayoría apenas puede decir que sí. Tribunales, segundas cámaras, comunidades autónomas, agencias, grupos de interés y litigantes tienen cada uno un poder de bloqueo, y entre todos hacen que las decisiones colectivas sean lentas, caras o imposibles. La palabra es reciente, pero la experiencia la conoce cualquiera que haya esperado años por una línea de tren, una licencia de obra o la renovación de un órgano público en España.

De dónde viene la palabra

La acuñó Francis Fukuyama en diciembre de 2013, en un ensayo en The American Interest titulado The Decay of American Political Institutions, que adelantaba su libro Orden y decadencia de la política. Su tesis era que el sistema estadounidense de contrapesos, diseñado para impedir un poder ejecutivo demasiado fuerte, se había convertido en otra cosa en un país polarizado. Definió la vetocracia como la forma en que esos contrapesos hacen extremadamente difíciles las decisiones colectivas basadas en mayorías electorales, porque demasiados actores pueden vetar una decisión para resolver un problema. Lo comparó con el Reino Unido, donde una mayoría parlamentaria puede gobernar y luego se la juzga en las siguientes elecciones.

La idea tiene una base académica. George Tsebelis, en Veto Players (Princeton University Press), estudia los sistemas políticos contando los actores cuyo acuerdo hace falta para cambiar una política. Cuantos más actores con veto hay, y más lejos están entre sí, más estable se vuelve el statu quo. La estabilidad suena a virtud, y a veces lo es. Cuando el statu quo es una escasez de vivienda o una institución bloqueada, es el problema.

Dunkelman: cómo las buenas intenciones construyeron el veto

El libro reciente más comentado sobre el tema es Why Nothing Works: Who Killed Progress—and How to Bring It Back, de Marc J. Dunkelman, publicado por PublicAffairs en febrero de 2025. Kirkus Reviews lo leyó como la historia de cómo el gobierno estadounidense perdió la capacidad de hacer cosas.

La historia de Dunkelman trata de la izquierda estadounidense, y viaja bien. Describe dos impulsos progresistas. Uno, que llama hamiltoniano, quiere un liderazgo central fuerte para sacar adelante las cosas, hoy en vivienda, infraestructuras y clima. El otro, jeffersoniano, desconfía del poder concentrado y lo quiere repartido y vigilado. Kirkus resume bien la tensión: los dos ideales vienen de relatos muy distintos sobre el poder. Desde los años de la Gran Sociedad, sostiene Dunkelman, se impuso el enfoque jeffersoniano, y nuevas reglas dieron a ciudadanos, agencias y tribunales muchas más maneras de parar un proyecto. En conversación con Yascha Mounk explica que el ánimo dominante dentro del progresismo pasó de hamiltoniano a jeffersoniano, y que lo perfecto se convirtió en enemigo de lo bueno. Su ejemplo de arranque es la estación de Penn en Nueva York, que todo el mundo considera lamentable y nadie ha conseguido reconstruir.

El equilibrio que propone es preciso. En una entrevista con The Metropole, hablando de la participación ciudadana, dice que hay que dar a la gente voz en el proceso, sin darle un veto.

Un caso europeo: el CGPJ

Europa tiene sus propias versiones. El ejemplo español más claro de la última década es el Consejo General del Poder Judicial, que gobierna a los jueces y nombra a los altos cargos judiciales. El mandato de sus vocales caducó en diciembre de 2018. Su renovación exige mayorías de tres quintos en el Congreso y en el Senado, una regla pensada para obligar a pactar a los grandes partidos. En la práctica dio un veto al principal partido de la oposición, y durante más de cinco años el Consejo siguió funcionando con el mandato caducado. PSOE y PP firmaron por fin la renovación el 25 de junio de 2024, tras cinco meses de negociación con mediación de la Comisión Europea.

La mayoría reforzada protege algo valioso: ningún partido debería poder llenar por sí solo el órgano de gobierno de los jueces. Esa misma regla, sin plazo y sin salida, permitió a un partido congelar una institución durante años. El control se había convertido en veto.

Esto importa para el tema de esta semana. En el lanzamiento de Democracia 21, Miriam González propuso despolitizar el CGPJ y otros órganos de control. Compartimos el objetivo. Una versión de centro radical añade una prueba a cada reforma de este tipo: ¿crea un veto nuevo, y quién puede usarlo?

Cómo sería una respuesta de centro radical

La izquierda tiene buenas razones para querer vetos. La participación, el control judicial y las mayorías reforzadas protegen a minorías, barrios y medio ambiente frente a gobiernos y empresas poderosos. La derecha y la tradición liberal de mercado tienen buenas razones para temerlos: invertir, construir y reformar exige decisiones en un tiempo razonable y seguridad jurídica una vez tomadas. Las dos describen bienes reales.

La síntesis es ponerle un reloj a cada veto. La consulta se mantiene, con un plazo fijo. Las mayorías reforzadas para los nombramientos se mantienen, con una fecha límite a partir de la cual se aplica una salida acordada de antemano: una mayoría más baja, una selección por un comité independiente o un sorteo entre candidatos cualificados. La evaluación ambiental y urbanística se mantiene, con plazos legales y un procedimiento único en lugar de varios superpuestos. La fórmula de Dunkelman encaja: todo afectado tiene voz, y esa voz se escucha en un tiempo conocido. El marco de Fukuyama explica por qué: un Estado capaz, el Estado de derecho y la rendición de cuentas tienen que mantenerse en equilibrio, y un veto sin fecha de caducidad inclina la balanza hacia la parálisis.

Volveremos a esta tensión toda la semana, porque más órganos de control independientes, que González quiere con razón, también pueden significar más gente capaz de decir que no. La respuesta es diseñarlos para que vigilen al poder y dejen avanzar al país. Nuestro explicador del libro de Fukuyama presenta el marco; la propuesta de hoy sobre los órganos de control lo aplica.