Órganos de control sin políticos: un plan de centro radical para despolitizarlos sin crear vetos

Una de las demandas más claras del discurso de Miriam González en el lanzamiento de Democracia 21 fue hacer independientes de los partidos las instituciones que controlan al Gobierno. España tiene toda una familia de órganos así: el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas públicas y las de los partidos; la AIReF, la autoridad fiscal independiente que vigila los presupuestos; el Defensor del Pueblo; el Consejo de Transparencia; la CNMC. Todos nacieron para vigilar al poder. En todos, los vigilados tienen mucho que decir sobre quién vigila.

Cómo elige hoy España a sus vigilantes

El Tribunal de Cuentas tiene doce consejeros. Según la Ley Orgánica 2/1982, el Congreso elige a seis y el Senado a otros seis, cada uno por mayoría de tres quintos, para nueve años. Los candidatos tienen que ser censores de cuentas, jueces, fiscales, abogados, economistas o altos funcionarios con más de quince años de ejercicio. Sobre el papel es un sistema exigente y de consenso. En la práctica, una mayoría de tres quintos en España suele exigir un acuerdo entre los dos grandes partidos, que después negocian los nombres entre ellos.

La AIReF funciona de otra manera. La Ley Orgánica 6/2013 da al Consejo de Ministros la facultad de nombrar a su presidente, a propuesta del ministro de Hacienda. El candidato comparece ante una comisión del Congreso, que tiene que aceptarlo por mayoría absoluta; si no se pronuncia en quince días, basta la mayoría simple de la comisión del Senado. El presidente cumple un único mandato de seis años. El diseño tiene virtudes reales, entre ellas el mandato único. El punto débil se vio este año. Cuando el Gobierno propuso a una alta cargo de Hacienda para suceder a Cristina Herrero, la propia Herrero criticó el proceso de candidata única y pidió un procedimiento más democrático en el que el Parlamento pudiera ver varios perfiles, según contó Forbes España en marzo de 2026.

El Informe sobre el Estado de Derecho 2025 de la Comisión Europea añade más puntos débiles. La Oficina de Conflictos de Intereses sigue integrada en la estructura del Gobierno, y las sanciones a altos cargos las sigue decidiendo el Consejo de Ministros. El Consejo de Transparencia carece de medios para hacer cumplir sus resoluciones vinculantes. Y España ya tiene un buen precedente: desde 2024 no puede ser nombrado fiscal general quien haya ocupado un cargo político en los cinco años anteriores, una regla de enfriamiento que el informe recoge.

Dos maneras de hacerlo mal

Hay dos fallos que evitar, y tiran en direcciones opuestas. El primero es la captura: órganos llenos de fieles, incluidos políticos recientes, que son blandos con los suyos. Los principios de la OCDE para las instituciones fiscales independientes describen la trampa con precisión. Sus responsables deben elegirse por mérito y competencia técnica, sin atender a la afiliación política, y la OCDE añade que no hay que confundir no partidista con bipartidista. Repartirse los puestos entre dos partidos sigue siendo partidismo.

El segundo fallo es el que describe el explicador de esta semana sobre la vetocracia. Si se sube el listón de los nombramientos sin poner plazo, se invita al bloqueo, como demostró la congelación durante cinco años del CGPJ. Si se da a los órganos de control poder para frenar decisiones sin responder ante nadie, se añade un actor con veto más a un sistema que ya tiene muchos. El marco de Francis Fukuyama, que explicamos aquí, pide un Estado capaz, Estado de derecho y rendición de cuentas en equilibrio. Los órganos de control pertenecen al lado de la rendición de cuentas, y también tienen que rendirlas.

El diseño del centro radical

La izquierda acierta en que una democracia necesita órganos de control fuertes y con medios, capaces de destapar abusos de los gobiernos y de las empresas que tratan con ellos. La derecha y la tradición liberal de mercado aciertan en que esos órganos deben ser ligeros, elegidos por mérito y juzgados por sus resultados, con mandatos claros y sin deslizarse hacia la política. La pieza que no es de nadie es el propio procedimiento de nombramiento, diseñado para que ni la captura ni el bloqueo sean posibles. Aplicaríamos un único modelo a todos los órganos de control.

Cada vacante se abre con una convocatoria pública, con los criterios publicados de antemano. Un comité de selección independiente evalúa a los candidatos y publica la lista de quienes considera aptos. El código británico de nombramientos públicos ofrece un modelo que funciona: un comité asesor decide quién es apto, la elección final queda en manos de una autoridad elegida, y si esa autoridad quiere a alguien que el comité rechazó tiene que justificarlo en público. En España, el comité podría incluir altos funcionarios, académicos y un juez, sin políticos en activo ni recientes.

Después, el Parlamento elige entre los aptos por tres quintos, tras comparecencias públicas. Tiene tres meses. Si no lo consigue, el puesto pasa al candidato mejor valorado por el comité. Se premia el consenso y el bloqueo se vuelve imposible.

Quien haya ocupado un cargo electo, un alto cargo político o un puesto de dirección en un partido en los cinco años anteriores no puede ser candidato, lo que extiende la regla del fiscal general a todos los órganos de control. Los mandatos son únicos, largos y no renovables, y escalonados para que ningún Parlamento renueve un consejo entero.

La independencia va con rendición de cuentas. Cada órgano publica un informe anual, comparece al menos una vez al año ante una comisión parlamentaria y se somete cada cinco años a una revisión externa de pares. Los órganos de control informan, fiscalizan y sancionan dentro de sus competencias legales. No ganan poderes nuevos para bloquear decisiones del Gobierno. Esos conflictos van a los tribunales.

Esto responde a la demanda de González y le añade la barandilla que va a necesitar. Unos órganos de control despolitizados merecen la pena si se pueden nombrar a tiempo y siguen respondiendo ante alguien. Con convocatoria abierta, comité, plazo y salida por defecto, España puede tener las dos cosas.