Rawls en el Congreso: razón pública, polarización y reglas que obliguen a dar razones

La última sesión de control del curso 2024-2025 en el Congreso, el 25 de junio de 2025, terminó como terminan muchas. Europa Press describió a la bancada del PP pidiendo a gritos la dimisión de los ministros socialistas y llamando cómplices a los de Sumar, y una sucesión de llamadas al orden de la presidenta, Francina Armengol, con dos diputados a un aviso de la expulsión. Sira Rego y Pablo Bustinduy, ministros de Sumar, hablaron de cenagal y de escena bochornosa.

Los españoles lo notan. La V Encuesta Nacional de Polarización Política del CEMOP, de la Universidad de Murcia, entrevistó por teléfono a 1.525 adultos entre el 20 de mayo y el 17 de junio de 2025 y publicó sus tablas en diciembre. El 70,1 % cree que la crispación y el enfrentamiento son mayores que hace un año; solo el 2,4 % los ve menores. Puntuados de 0, antipatía y rechazo, a 10, simpatía y adhesión, ninguno de los cuatro partidos nacionales llegó de media al 4: el PSOE sacó un 3,9, el PP un 3,6, Sumar un 3,2 y Vox un 2,6. Y situaron en un 8,2 sobre 10 su acuerdo con que los medios afines al otro bloque manipulan a quienes los leen. Nuestro artículo sobre los dos bloques férreos usó los datos de largo plazo sobre el voto por bloques; este es el ánimo de 2025, y es agrio.

John Rawls ofrece un diagnóstico preciso, y modesto, de lo que le falta a ese hemiciclo.

Lo que la razón pública pide a un diputado

Rawls expuso la razón pública en El liberalismo político (1993) y la afinó en «The Idea of Public Reason Revisited» (1997); el argumento completo está en nuestra explicación del libro.

La razón pública abarca los elementos constitucionales esenciales y las cuestiones de justicia básica. Según el resumen de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, eso incluye los principios que estructuran el gobierno y el proceso político, como quién puede votar, los derechos y libertades básicos de los ciudadanos y el reparto de recursos importantes como la renta y la riqueza. En la legislación ordinaria, Rawls deja que ciudadanos y legisladores voten según sus convicciones más amplias.

Obliga con más fuerza en lo que llamó el foro político público, donde habla un diputado desde la tribuna: el discurso de jueces, cargos de gobierno, candidatos y jefes de campaña. En esas cuestiones fundamentales, los cargos públicos deben argumentar con valores políticos que todos los ciudadanos razonables puedan compartir, empezando por la idea de ciudadanos libres e iguales, y dejar a un lado doctrinas que rechaza medio país. Su visión amplia les permite introducir en cualquier momento sus convicciones religiosas o filosóficas, siempre que a su debido tiempo aporten las razones públicas adecuadas.

Lo llamó deber de civilidad, y dejó claro que es un deber moral que no puede imponerse coactivamente. Ahí está el límite para quien quiera llevar a Rawls al Reglamento: una presidencia que sancionara a los diputados por el contenido de sus razones iría contra él. El Reglamento del Congreso ya vigila las formas. El artículo 103 llama al orden a quien profiera palabras ofensivas al decoro de la Cámara o de cualquier persona, y el 104 retira la palabra a la tercera llamada y permite borrar la ofensa del Diario de Sesiones. Esas normas se ocupan de los insultos. Lo que añade un parlamento rawlsiano es espacio: momentos en los que las razones se ponen por escrito, se contestan y quedan en acta.

Dónde pide razones hoy el Congreso

El Gobierno debe remitir cada proyecto de ley con una exposición de motivos y los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él (artículo 109). Una enmienda al articulado solo tiene que contener el texto concreto que se propone (artículo 110). La ponencia redacta su informe en quince días a la vista del texto y de las enmiendas (artículo 113), sin un deber expreso de explicar por qué acepta o rechaza cada una. Una pregunta oral en Pleno debe ser la formulación escueta de una sola cuestión, y todo el intercambio de pregunta, respuesta, réplica y dúplica no puede pasar de cinco minutos (artículo 188). Cinco minutos dan para un eslogan y una réplica ingeniosa. Las respuestas por escrito tienen un plazo de veinte días (artículo 190), así que el Reglamento ya sabe exigir una contestación pensada.

Otros parlamentos europeos meten las razones en el propio procedimiento. En el Bundestag alemán, el artículo 66 de su reglamento establece que los informes de las comisiones sobre los asuntos que se les remiten se presentan normalmente por escrito y deben contener la recomendación de la comisión competente con su motivación, la opinión de la minoría y los dictámenes de las demás comisiones participantes. En Westminster se espera que el Gobierno responda a las recomendaciones de un informe de una comisión especial (select committee) en los dos meses siguientes a su publicación,, y la respuesta se publica.

El deber de Rawls, escrito en el Reglamento

Aquí se encuentran las tradiciones. La izquierda aporta el igual respeto a todos los ciudadanos: una mayoría de 176 diputados debe a los otros 174, y a sus votantes, una justificación de las reglas básicas en términos que puedan compartir, y las minorías merecen protección frente a una mayoría que legisle su propia visión completa de la vida. La derecha y la tradición liberal aportan un Estado limitado que se mantiene neutral entre formas de vida, el imperio de la ley y unas reglas constitucionales estables que sobreviven a los cambios de gobierno porque ambos bloques pueden defenderlas. Lo que no pertenece a ningún campo es el procedimiento como vehículo de razones. El deber de Rawls sigue siendo moral; el Reglamento le da tiempo, papel y un plazo de respuesta, para que los argumentos sean públicos y contrastables.

En España, buena parte de lo que Rawls llama elementos constitucionales esenciales pasa por las leyes orgánicas, que el artículo 81 de la Constitución reserva al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, a los Estatutos de Autonomía y al régimen electoral general, y que exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final. Ahí corresponde la razón pública, y ahí pueden quedarse también los cambios del Reglamento.

Informes motivados, con voto particular y respuesta. En las leyes orgánicas, cada enmienda lleva una breve justificación escrita, y el informe de la ponencia explica, enmienda por enmienda, por qué se acepta o se rechaza, con un voto particular redactado por los grupos que perdieron, al modo del Bundestag. Cuando una comisión del Congreso aprueba un informe sobre derechos básicos o sobre las reglas del juego político, el Gobierno contesta por escrito cada recomendación en dos meses, como en Westminster, y la comisión debate la respuesta.

Una sesión mensual de preguntas razonadas. Una vez al mes, las preguntas sobre elementos constitucionales esenciales se registran con una semana de antelación junto con las razones de quien pregunta, el ministro responde con razones y el turno dura más de cinco minutos. Se publican ambos textos. El duelo semanal sigue para todo lo demás.

Estas normas dejan intactas la legislación ordinaria y la libertad de palabra, como querría Rawls, y dan a las cuestiones que más dividen un formato con las razones de la mayoría y de la minoría en la misma página, para que un ciudadano que no soporta al otro bando pueda al menos leer por qué votó lo que votó.

Miriam González presentó Democracia 21 el 10 de octubre diciendo que España no puede continuar con dos bloques férreos sin nada que favorezca los consensos (analizamos sus propuestas aparte). Las reglas que premian el acuerdo cambian los incentivos. Estas cambian la conversación, hacia donde apuntan también el pluralismo de Isaiah Berlin y nuestra propuesta de asambleas ciudadanas para los conflictos de valores: el desacuerdo registrado en público con sus razones. El Congreso podría probar la sesión mensual durante un año y comparar, como haría Amartya Sen, con el Diario de Sesiones como prueba.