Qué hacen los países mejor gobernados de Europa: Dinamarca, Finlandia, Suecia y Suiza

Si se pregunta qué países europeos están mejor gobernados, casi todos los índices devuelven los mismos nombres. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, publicado en febrero de 2026, Dinamarca obtuvo 89 puntos sobre 100, Finlandia 88 y Noruega 81, en cabeza de Europa occidental y entre los mejores del mundo. España sacó 55 y quedó en el puesto 49 de 182 países. Su puntuación ha caído diez puntos desde 2012, una de las mayores caídas de la región, y Transparencia Internacional señaló que el país había vivido sus mayores protestas contra la corrupción en años.

Esta semana nuestro programa ha repasado los problemas institucionales que se plantearon en la presentación de Democracia 21: órganos de control politizados, clientelismo, una justicia atrapada entre los bloques. Merece la pena mirar qué hacen de verdad los países que encabezan la tabla, porque sus costumbres son concretas y se pueden copiar.

Separan las carreras

El hallazgo más claro viene de dos politólogos de la Universidad de Gotemburgo, Carl Dahlström y Victor Lapuente, en Organizing Leviathan (Cambridge University Press, 2017). La idea es sencilla. Cuando grupos con intereses distintos tienen que trabajar juntos, se vigilan entre sí. Las carreras profesionales son la mejor pista sobre los intereses, así que el gobierno funciona mejor cuando la carrera de los políticos y la de los funcionarios van por separado. La señal decisiva es el reclutamiento. Si a los funcionarios se les contrata por lealtad política, su suerte queda atada a la de sus jefes políticos, digan lo que digan las normas. Si se les contrata por mérito, su carrera depende de sus colegas de profesión.

El primer capítulo del libro toma a España como ejemplo de lo que pasa sin esa separación. Los autores describen aeropuertos, líneas de alta velocidad y autopistas construidos con poca justificación económica, y recuerdan que España tiene 43 aeropuertos internacionales, el doble que Alemania, que casi le dobla en población. Su explicación es una Administración politizada: los políticos que podían nombrar a muchos cargos podían dejar de lado el criterio técnico y priorizar objetivos a corto plazo.

Un estudio posterior de Nicholas Charron, Dahlström, Mihály Fazekas y Lapuente, que comentamos en nuestra respuesta de la semana 2, puso a prueba la idea en 212 regiones europeas y encontró menos riesgo de corrupción en los contratos públicos donde las carreras siguen criterios profesionales. El relato de Fukuyama sobre la construcción del Estado, que explicamos aquí, apunta en la misma dirección: los países que levantaron pronto una administración impersonal resistieron al clientelismo.

Abren los archivos

Suecia tiene un principio de acceso público a los documentos oficiales desde 1766. Está en la Ley de Libertad de Prensa, una de las leyes fundamentales del país, y su propósito es que el público entienda lo que hacen las autoridades y pueda vigilarlas. Finlandia recoge el mismo principio en su Constitución: los documentos en poder de las autoridades son públicos salvo que una ley los restrinja por razones de peso. El efecto práctico es que la norma por defecto empuja hacia la publicidad. Un periodista, una empresa rival o un vecino pueden comprobar una decisión sin pedir permiso a nadie para mirarla.

Esa apertura es el control más barato que existe, y no añade ningún veto. Nadie tiene que dar el visto bueno a un expediente publicado. La gente de fuera de la Administración se convierte en vigilante, que es el mismo mecanismo que Dahlström y Lapuente describen dentro de ella.

Deciden cerca de quien paga

Suiza añade una tercera costumbre, que tiene que ver con cómo se reparte el poder. El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo describe una Confederación que comparte el poder con 26 cantones y más de 2.000 municipios, repartido según el principio de subsidiariedad, con la mayor autonomía posible para los municipios. Cada uno de los tres niveles recauda sus propios impuestos para pagar sus propias tareas.

Ese reparto es lo que Elinor Ostrom llamó gobernanza policéntrica, que tratamos en nuestro artículo sobre El gobierno de los bienes comunes. Muchos centros de decisión, cada uno responsable ante quien lo financia, detectan errores que un solo centro pasaría por alto. Un municipio que gasta mal tiene que explicárselo a los contribuyentes de la puerta de al lado.

Lo que podría tomar España

La izquierda reconocerá su propia agenda en la tradición nórdica de gobierno abierto y un sector público fuerte y fiable. La derecha y la tradición liberal de mercado reconocerán la suya en la selección por mérito, las decisiones descentralizadas y los gobiernos que recaudan el dinero que gastan. Lo que no encaja en ningún bando es el mecanismo de fondo: el buen gobierno sale de la vigilancia mutua, con personas de intereses de carrera distintos trabajando codo con codo, en varios niveles, y controlándose entre sí.

Para España sacaríamos de ahí unos cuantos cambios. Limitar por ley los cargos de designación política y pasar su trabajo al personal de carrera, como defendimos en nuestro artículo sobre el mérito y los asesores. Hacer del acceso a los documentos oficiales la norma, con cada negativa justificada caso por caso. Y medir. El Índice Europeo de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo ha preguntado a los ciudadanos por la corrupción, la imparcialidad y la calidad de los servicios públicos en las regiones de la UE en 2010, 2013, 2017, 2021 y 2024, con unos 330.000 encuestados en total. Las comunidades autónomas gestionan la sanidad, la educación y buena parte del empleo público. Publicar sus resultados cada año, junto a los de las regiones danesas y finlandesas, daría a los votantes una vara de medir y a cada gobierno autonómico un motivo para subir.