Mérito en la Administración y recorte del 90 % de los asesores: un plan de centro radical con las cifras

De las propuestas del discurso de lanzamiento de Democracia 21, Miriam González lanzó una fácil de recordar: recortar de golpe el 90 % de los asesores políticos y aplicar el mérito y la capacidad a cada nombramiento, ascenso y cese en la Administración. La idea merece una respuesta seria, y la respuesta empieza por los números.

Cuántos asesores tiene España

El derecho público los llama personal eventual. El artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público los define como quienes solo realizan funciones calificadas expresamente como de confianza o asesoramiento especial. Cada gobierno decide cuántos quiere. Su nombramiento y cese son libres y se van cuando se va la autoridad a la que asesoran. Haber sido eventual nunca puede contar como mérito para entrar en la función pública. Y la ley añade que su número y sus retribuciones «serán públicas».

El boletín estadístico del personal de las administraciones públicas, que publica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, contaba en enero de 2026 959 eventuales en los ministerios. Casi la mitad, 490, trabajaban en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que incluye el área de la Presidencia del Gobierno, Moncloa. La mayoría de los demás ministerios tenían entre 8 y 24. El boletín avisa de que no cuenta a los funcionarios de carrera que ocupan estos puestos, así que el número real de cargos de confianza es mayor.

La tendencia es empinada. El Debate, con el mismo boletín, contó 639 eventuales en 2019 y 948 en enero de 2025, un 48 % más, mientras la plantilla total de los ministerios crecía alrededor de un 2 %. Parte de la subida acompaña al número de ministerios, que pasó de 17 a 22. Solo Presidencia pasó de 314 a 477. La transparencia también flojea: el periódico cita a Civio, que tras más de un año de peticiones solo pudo identificar a 220 de los 795 asesores que figuraban a finales de 2023.

Qué hacen otras democracias europeas

Reino Unido publica cada año la lista de todos sus asesores especiales, con sus bandas salariales. A 31 de marzo de 2026 había 159 en todo el Gobierno, con una masa salarial de 17,9 millones de libras en 2025/26. Francia limita por decreto el tamaño de los gabinetes ministeriales: desde octubre de 2025, según Acteurs publics, un ministro puede tener hasta 14 miembros y un ministro delegado hasta 8.

Con esas referencias, los 959 españoles son muchos. Un recorte del 90 % dejaría unos 96 eventuales, por debajo de la cifra británica. Es alcanzable, y la pregunta importante es cómo hacer que cualquier reducción dure. Un recorte que un gobierno hace en un día, el siguiente lo deshace en otro, como muestra el salto desde 2019. Nuestro análisis del discurso ya proponía convertir el titular en una regla permanente. Esta es la regla.

La otra mitad: mérito para quien dirige el Estado

Los asesores son solo una parte. La palanca grande es la alta dirección de la Administración. La Ley 40/2015 exige que los directores generales sean funcionarios de carrera, salvo que el real decreto de estructura del ministerio haga una excepción motivada, y los subdirectores generales se nombran conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El Real Decreto-ley 6/2023 creó la figura del personal directivo público profesional y obliga a que las convocatorias digan qué competencias se valoran. También mantiene el nombramiento y el cese en todo caso por libre designación, y permite el cese por pérdida de confianza como excepción. El mérito está escrito en la ley; la discrecionalidad sigue decidiendo.

La obra de Francis Fukuyama, que explicamos el día 8, muestra por qué importa. Una burocracia impersonal, reclutada y promocionada por mérito, es lo que permite a una democracia resistir al clientelismo, y el orden de las reformas decide si los partidos capturan el Estado o el Estado disciplina a los partidos. Jennifer Pahlka, en el explicador de hoy, añade la versión moderna: la función pública también necesita gestores de producto, especialistas en datos e ingenieros, contratados rápido y por mérito, o el Estado no podrá ejecutar sus propias leyes.

El plan del centro radical

La izquierda aporta un principio que la derecha a veces olvida: el empleo público es de todos. La igualdad de acceso, la protección frente al enchufe y una función pública fuerte y con medios, que sirva a quien gane las elecciones, son bienes sociales, y protegen tanto a quien trabaja para el Estado como a quien recibe sus servicios. La tradición liberal de mercado aporta la disciplina: mérito, eficiencia, menos euros en puestos políticos y directivos que respondan por sus resultados. Lo que no pertenece a ninguna es el diseño institucional, que tiene cuatro piezas.

Un tope legal de asesores. Las Cortes fijan por ley, para toda la Administración General del Estado, un máximo de unos 150 eventuales, con un límite por ministro y otro aparte para Moncloa. Es más o menos la escala británica y supone un recorte de alrededor del 85 % sobre la cifra actual. Las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos adoptan sus propios topes con el mismo método.

Publicidad total. El nombre, el puesto, el sueldo y las funciones de cada asesor aparecen en el Portal de Transparencia en el mes siguiente a su nombramiento, como la ley ya pretende. Asesor que no se publica, asesor que no cobra.

Los asesores asesoran. El personal eventual no puede dirigir a funcionarios, firmar actos administrativos ni formar parte de tribunales de selección. El trabajo técnico lo hace personal técnico.

Convocatorias abiertas para los directivos. Directores y subdirectores generales se eligen en convocatorias públicas con criterios publicados, que valora un comité independiente de altos funcionarios y expertos externos, el cual propone al ministro una terna. Los mandatos duran cinco años, con un acuerdo de objetivos anual y una evaluación publicada. El cese antes de tiempo exige motivación por escrito. El ministro conserva el derecho a elegir entre personas cualificadas y pierde el de elegir a cualquiera.

Esto conserva lo que González acierta en pedir, una Administración profesional y muchos menos puestos políticos, y lo hace duradero. También responde a la tensión de la semana. Un Estado capaz necesita ministros que puedan dirigir y directivos que puedan actuar, y nada de este plan añade un veto: el comité propone, el ministro decide y el Parlamento fija los números a la vista de todos.