Elinor Ostrom y «El gobierno de los bienes comunes» explicado: ocho principios y gobernanza policéntrica

Elinor Ostrom dedicó su carrera a una pregunta que la mayoría de los economistas daba por resuelta. Cuando mucha gente comparte un recurso que nadie posee del todo, un caladero, un pasto de montaña, un acuífero, una acequia, ¿qué impide que lo agoten? La respuesta de manual venía del ensayo de Garrett Hardin de 1968 sobre la tragedia de los comunes: cada usuario coge un poco más, el recurso se hunde, y la única salida es entregarlo al Estado o repartirlo en propiedad privada.

El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, publicado en inglés por Cambridge University Press en 1990, es su respuesta. La presentación de la editorial resume el punto de partida: se ha defendido tanto el control estatal como la privatización, y ni el Estado ni el mercado han resuelto de forma uniforme los problemas de los recursos comunes. Las comunidades, demostró Ostrom, muchas veces los resuelven por sí mismas, con organizaciones voluntarias que escriben sus propias reglas. En 2009 compartió el Nobel de Economía con Oliver Williamson, por su análisis de la gobernanza económica, en especial de los bienes comunes. En español lo publica el Fondo de Cultura Económica.

Tres metáforas y dos remedios

El primer capítulo se enfrenta a tres modelos que, según Ostrom, se habían convertido en metáforas usadas mucho más allá de su alcance: la tragedia de Hardin, el dilema del prisionero, en el que dos jugadores racionales acaban peor por no cooperar, y la lógica de la acción colectiva, en la que cada individuo se aprovecha del esfuerzo del grupo. Los tres suponen que los usuarios no pueden comunicarse ni cambiar las reglas del juego. De ese supuesto salen dos remedios, que ella llamó el enfoque del Leviatán y el de la privatización.

La objeción de Ostrom era empírica. Los usuarios reales hablan, llegan a acuerdos, se vigilan y castigan a quien hace trampa. El documento científico del comité del Nobel resume su hallazgo de que las restricciones impuestas por el Gobierno a menudo son contraproducentes, porque las autoridades centrales no conocen las condiciones locales y tienen poca legitimidad.

Los casos

El corazón del libro es un conjunto de instituciones longevas. El capítulo 3 estudia pastos de montaña y bosques comunales en Suiza y Japón y sistemas de riego en España y Filipinas; el más antiguo funciona desde hace más de mil años. Los casos españoles son las huertas de Valencia, Murcia, Orihuela y Alicante, donde los regantes llevan siglos repartiendo el agua a través de sus propias comunidades. La UNESCO inscribió en 2009 los tribunales de regantes de Murcia y Valencia en su lista del patrimonio inmaterial; vienen de época andalusí y resuelven los conflictos de palabra, con rapidez y en público.

El capítulo 4 se ocupa de cómo se construyen instituciones nuevas, con las cuencas de aguas subterráneas bajo Los Ángeles, donde los usuarios montaron un sistema policéntrico de derechos sobre el agua. La propia tesis doctoral de Ostrom estudió la entrada de agua salada en una de esas cuencas. El capítulo 5 analiza fracasos: la pesca de bajura en Turquía, acuíferos en California, pesquerías y riegos en Sri Lanka y un caladero canadiense.

Los ocho principios de diseño

De los éxitos y los fracasos sacó lo que llamó principios de diseño; en su conferencia Nobel admitió que quizá habría sido mejor llamarlos buenas prácticas. En la forma que reprodujeron después Anderies, Janssen y Ostrom, son estos:

1. Límites claramente definidos: quién puede usar el recurso y qué es el recurso.
2. Equivalencia proporcional entre beneficios y costes, con reglas adaptadas a las condiciones locales.
3. Acuerdos de elección colectiva: la mayoría de los afectados por las reglas puede participar en cambiarlas.
4. Vigilancia a cargo de personas que rinden cuentas ante los usuarios, o de los propios usuarios.
5. Sanciones graduales, que empiezan siendo pequeñas.
6. Mecanismos de resolución de conflictos: acceso rápido a instancias locales y baratas.
7. Reconocimiento mínimo del derecho a organizarse, sin que lo cuestionen autoridades externas.
8. Entidades anidadas, para recursos que forman parte de sistemas más grandes.

No son leyes de la naturaleza. El historiador económico Samuel Garrido, que ha estudiado las comunidades de regantes del este de España que Ostrom usó, señala que algunos principios a veces no se cumplían allí. Funcionan como lista de comprobación, que es como ella los pensó.

Por qué el centrismo radical necesita a Ostrom

Nuestro programa presenta este libro como el que destruye el falso dilema entre Gobierno y mercado, y por eso está entre nuestros fundamentos. Cada tradición se reconoce en él. La izquierda ve que los recursos pueden poseerse y gestionarse en común, en beneficio de quienes dependen de ellos. La derecha y la tradición liberal de mercado reconocen la idea de Hayek sobre el conocimiento local: las autoridades centrales no conocen el terreno, y los derechos claros, los límites claros y que cada cual pague por sus decisiones hacen que las instituciones funcionen.

Lo que no encaja en ningún bando es la gobernanza policéntrica, el tema de su conferencia Nobel de 2009: muchos centros de decisión, formalmente independientes entre sí, cada uno responsable ante la gente a la que sirve y encajado en otros mayores. Los regantes gestionan la acequia, el ayuntamiento las calles, la comunidad autónoma o la confederación hidrográfica la cuenca, la Unión Europea las reglas comunes sobre el agua, y cada uno controla a los demás. Al Estado le toca, según el principio 7, reconocer el derecho de la gente a organizarse y apartarse allí donde lo hace bien.

Esta semana escribimos sobre la rendición de cuentas en las instituciones españolas, y los principios de Ostrom se leen como un pliego de diseño para ella. Vigilantes que responden ante los afectados, que es lo que pedíamos a los órganos de control sin políticos. Sanciones graduales que se aplican de verdad, en lugar de castigos enormes y rarísimos. Resolución de conflictos rápida, barata y local, la que un regante de la huerta valenciana obtiene del Tribunal de las Aguas y la que un ciudadano que espera años una sentencia no tiene. Y reglas hechas por quienes viven bajo ellas, un principio que nuestra propuesta sobre los diputados y sus circunscripciones intenta acercar un poco al Congreso.