Estonia frente a España: dos Estados digitales y lo que se puede copiar

Estonia sale en cualquier conversación española sobre el Estado digital, y la comparación suele acabar en suspiro. Las cifras de la Comisión Europea cuentan algo más útil: España está empatada con Estonia en varias mediciones, y lo que merece la pena copiar de Tallin está en la fontanería y en la manera en que el Estado se gana la confianza de su gente. Dos libros ayudan a leer la comparación: Recoding America, de Jennifer Pahlka, sobre la ejecución, y Seeing Like a State (Lo que ve el Estado), de James C. Scott, sobre lo que pasa cuando un Estado aprende a leer a su población. Para el centrismo radical, el Estado digital pone a prueba a los dos.

Lo que dicen las puntuaciones

Los informes por país de la Década Digital, publicados por la Comisión en junio de 2026 con datos de 2025, dan a Estonia 97,19 puntos sobre 100 en servicios públicos digitales para la ciudadanía y a España 91,87, con una media europea de 84,64. Para empresas, Estonia saca 97,5 y España 95,25. En acceso a la historia clínica electrónica, Estonia tiene un 100 redondo y España, 89,6.

Si se baja un nivel, el cuadro cambia. En los servicios para ciudadanos nacionales España obtiene 98,27 y Estonia 97,59. Los servicios de la Administración central puntúan 87,88 en España y 88,35 en Estonia, prácticamente lo mismo. La ventaja estonia viene de los servicios transfronterizos, donde saca 96,79 frente al 85,48 español. Los formularios precumplimentados obtienen 95,71.

Los puntos débiles españoles son concretos. Los servicios autonómicos puntúan 86,78, por debajo de los locales, con 96,07. De todos los trámites vitales que mide la Comisión, mudarse es el peor, con 81,70. Y el informe señala la transparencia sobre prestación de servicios, diseño y datos personales, con 69,0,. La principal recomendación de la Comisión a España es mejorar la interoperabilidad y la cooperación entre regiones, sobre todo en la justicia.

Ahí está la diferencia estructural. Estonia tenía 1.360.745 habitantes el 1 de enero de 2026, según su oficina de estadística. España tiene 17 comunidades autónomas, y el informe de la Comisión muestra lo que eso supone en la práctica: la historia clínica nacional tiene que reunir datos de los servicios de salud autonómicos, y la digitalización de la justicia varía de una región a otra. Un Estado digital en España es, por fuerza, una federación.

Estonia también tiene problemas, y su informe los cuenta: haber empezado pronto le ha dejado servicios envejecidos y difíciles de usar, y a las personas mayores y con discapacidad les cuesta llegar a su historia clínica en línea.

La fontanería y la identidad

La columna vertebral estonia es la X-Road, un programa de código abierto por el que las bases de datos públicas y privadas intercambian información. Lo que sale va firmado y cifrado, y lo que entra se autentica y queda registrado. Mueve unos 2.200 millones de transacciones al año y está federada con Finlandia desde 2018. Conecta por igual organizaciones públicas y privadas.

España ya tiene la mitad jurídica de esto. El artículo 28.2 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho a no aportar documentos que ya tenga la Administración con la que se trata o que haya elaborado cualquier otra, y obliga a las administraciones a obtenerlos por vía electrónica, a través de sus redes o de plataformas de intermediación de datos. Es el principio de «solo una vez», vigente desde 2015. Lo que le falta a España es una única capa que toda comunidad y todo ayuntamiento esté obligado a usar, y una fecha. La Comisión reconoce avances: Mi Carpeta Ciudadana ha conectado más de 13.000 organismos e integra al 74 % de las entidades locales.

En identidad, la Comisión dice que el 91,48 % de los estonios usó su identificación electrónica en 2025, con seis herramientas que van de la tarjeta de identidad a Mobiil-ID; además, la aplicación Smart-ID, de SK ID, tenía más de 760.000 usuarios en Estonia en 2024 y también sirve para la banca. España mide algo más estrecho: en 2023 el 54,43 % de los españoles usó su identificación electrónica para servicios privados en línea, por encima del 41,11 % europeo, y el 13,99 % no tenía ninguna. Aquí conviven el DNI electrónico, los certificados digitales y Cl@ve, y la aplicación MiDNI, de 2025, sumará la firma electrónica en una segunda fase.

Una legibilidad en las dos direcciones

Scott advierte de que los Estados simplifican la sociedad para hacerla legible, y de que los problemas llegan cuando esa imagen se junta con planificadores muy seguros de sí mismos y una sociedad civil débil. Un Estado digital es el Estado más legible que se ha construido nunca. La respuesta estonia es el rastreador de datos, que existe en eesti.ee desde 2017: cada persona entra y ve qué instituciones usaron sus datos y para qué. Incluso allí, a finales de 2025 solo lo usaban 15 de más de 300 sistemas de información del Estado. El Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales propuso entonces hacerlo obligatorio para todo sistema con datos personales. La ministra, Liisa Pakosta, lo resumió así: si un funcionario mira los datos de alguien, debe quedar constancia, y la persona tiene derecho a verla. Además sale barato: unos 8.000 euros por conectar una base de datos y 600 al año de mantenimiento, según las estimaciones de 2024 de la propuesta, frente a entre 4 y 12 euros por atender una sola consulta ciudadana por correo.

España va por el mismo camino. Mi Carpeta Ciudadana tiene un apartado de transparencia con los datos intercambiados entre administraciones a través de la plataforma de intermediación del Estado, según explicó la AEPD en 2023, y ya permite suscribirse a un aviso en el móvil cuando una Administración consulta tus datos. Cubre esa plataforma y los organismos conectados a ella.

Estonia también vota por internet: en las municipales de octubre de 2025 se emitieron electrónicamente 270.818 de los 593.883 votos. España puede dejarlo para más adelante. La confianza en un Estado digital se construye primero en los trámites de cada día.

Lo que España puede copiar

Nuestra posición junta tres cosas. De la izquierda, una infraestructura digital pública, propiedad del Estado, gratuita para todos y respaldada por una ventanilla para quien la necesite. De la tradición liberal de mercado, un Estado ligero e interoperable, con estándares abiertos, que abarata el papeleo a empresas y ciudadanos y deja que se conecten servicios privados, como hacen las organizaciones privadas con la X-Road. Y de ninguna de las dos, la transparencia de la mirada del propio Estado, para que el ciudadano pueda leer al Estado igual que el Estado lee al ciudadano.

En la práctica, eso supone una capa nacional de intercambio de datos, por ley, que usen todos los ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, con especificación abierta para que notarías, bancos y aplicaciones privadas se conecten con el consentimiento del ciudadano. La mudanza es la primera prueba: se registra la nueva dirección una vez y todas las administraciones se enteran. Después, el «solo una vez» con fecha: a partir de un día fijado, la Administración que pida un documento que ya tiene otra tendrá que ir a buscarlo ella misma, y cada una publicará cuántas peticiones de ese tipo sigue haciendo. Y un registro completo de accesos en Mi Carpeta Ciudadana, que abarque todos los sistemas estatales y autonómicos con datos personales y muestre quién miró, cuándo y para qué trámite, con los avisos activados por defecto y auditado por la Agencia Española de Protección de Datos.

La lección de Pahlka es que alguien tiene que ser dueño de la ejecución. Aquí ese dueño se sienta entre el Estado y las comunidades, con un calendario público, y el 69 en transparencia es la primera cifra que hay que mover.