Ejercicio de las cinco columnas: los diez problemas institucionales de Democracia 21, uno a uno

Ayer presentamos el test de las cinco columnas y le pasamos tres propuestas de Miriam González: los asesores, los órganos de control y los diputados en su circunscripción. Hoy rellenamos la tabla con el resto de los diez problemas que planteó en la presentación de Democracia 21, en Madrid, el 10 de octubre. Las columnas son las mismas:

Objetivo | ¿Quién decide? | ¿Quién ejecuta? | ¿Quién puede vetar? | ¿Cómo sabremos si funcionó?

La regla del día 13 también se mantiene. La columna que no se puede rellenar señala el sitio por donde se romperá la política, y el arreglo suele estar en esa misma columna. Analizamos a Democracia 21 como a cualquier partido.

La tabla

Infobae recogió en su crónica del discurso un CGPJ despolitizado, tanto de los partidos como de las asociaciones de jueces, una Fiscalía que responda ante el Parlamento y no ante el presidente del Gobierno, juzgados especializados en corrupción, el fin de los aforamientos, menos subvenciones a los partidos y a sus fundaciones y un máximo de dos mandatos para todos los cargos públicos.

Problema	Objetivo	¿Quién decide?	¿Quién ejecuta?	¿Quién puede vetar?	¿Cómo lo sabremos?
1. Los jóvenes desconfían de los partidos	Más jóvenes que votan, militan y confían en las instituciones	Congreso (ley electoral) y cada partido (sus estatutos)	Partidos, escuelas, administración electoral	Partidos cómodos con la baja participación joven	Participación y confianza por edad, publicadas cada año
2. Dos bloques férreos	Leyes y presupuestos aprobados con votos de ambos lados	Congreso, con su Reglamento; los votantes	Grupos parlamentarios	Cualquiera de los dos bloques	Porcentaje de leyes aprobadas entre bloques; presupuestos en plazo
5a. CGPJ despolitizado	Un Consejo renovado a tiempo y con la confianza de los jueces	Las Cortes, por ley orgánica	Elección entre jueces y las Cortes	Cualquier bloque, por la mayoría de tres quintos	Renovaciones en plazo; el informe europeo sobre el Estado de derecho
5b. Fiscalía que responda ante el Parlamento	Un fiscal general que rinda cuentas al Congreso	Reforma constitucional	Congreso y Ministerio Fiscal	Cualquier bloque capaz de bloquear una reforma	Comparecencias periódicas; causas abiertas sin presión política
6. Juzgados de corrupción, sin aforamientos	Juicios por corrupción más rápidos, los mismos tribunales para todos	Las Cortes; reforma constitucional para los aforamientos	Ministerio de Justicia, CGPJ, comunidades con competencias	Mayorías de reforma; estatutos autonómicos	Duración media de las causas de corrupción
7. Menos dinero a partidos y fundaciones	Un aparato de partido más ligero y cuentas limpias	Las Cortes, con la ley de financiación	Tribunal de Cuentas	Los propios partidos, que votan su financiación	Fiscalizaciones publicadas en plazo; todas las fundaciones rinden cuentas
8. Límite de dos mandatos	Rotación y menos redes enquistadas	Las Cortes y los parlamentos autonómicos	Juntas electorales	Quienes ocupan el cargo	Gasto y competencia antes y después del límite
10. Clientelismo	Empleos, contratos y ayudas repartidos con imparcialidad	Gobierno y Cortes (ley de función pública y de contratos)	Todas las administraciones	Redes dentro de todos los partidos	Encuestas de calidad de gobierno; contratos con una sola oferta

Dónde se pone en rojo

Cuatro filas se atascan en el mismo sitio. La Constitución fija las reglas del CGPJ en el artículo 122: de sus veinte miembros, ocho los proponen el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, y doce salen de entre jueces y magistrados en los términos de una ley orgánica. El artículo 124 dice que el fiscal general lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno. El artículo 71 manda al Tribunal Supremo las causas contra diputados y senadores, y el 102 hace lo mismo con los miembros del Gobierno. Cada cambio necesita una mayoría amplia, y cualquiera de los dos bloques puede negarla. Catalan News contó lo que eso significa: los mandatos del Consejo caducaron en diciembre de 2018 y la renovación llegó en junio de 2024, con la Comisión Europea como mediadora.

Marc Dunkelman y Francis Fukuyama lo llaman vetocracia, y lo explicamos aquí. La respuesta en la columna del veto es un plazo con una solución por defecto. Si el Parlamento no ha renovado un órgano tres meses después de que caduque el mandato, un mecanismo pactado antes lo cubre, por ejemplo con los primeros de una terna independiente. El acuerdo de 2024 ya dio un paso: impide entrar en el Consejo a quien haya ocupado un cargo político en los cinco años anteriores, y que un ministro o secretario de Estado pase a fiscal general. Falta el reloj.

El problema 2, los dos bloques, tiene la misma forma: una regla que premie el acuerdo necesita los votos de ambos. Nuestro gran pacto institucional propone negociar estas reformas en paquete, para que cada parte gane algo.

Dos filas se atascan en la última columna. El discurso nombra a los jóvenes que aborrecen a los partidos y al clientelismo que frena el crecimiento, sin medida para ninguno. Salida, voz y lealtad, de Albert Hirschman, da el indicador para el primero. La salida y la voz son las dos maneras en que la gente responde cuando una organización se deteriora, así que hay que seguir las dos por edad: la salida como abstención y emigración, la voz como afiliación, peticiones y voto en primarias. Para el clientelismo, el Índice Europeo de Calidad de Gobierno ya pregunta a los ciudadanos, región por región, si los servicios públicos se reparten con imparcialidad, y los registros de contratación muestran qué parte de los contratos recibe una sola oferta. Nuestro artículo sobre el clientelismo explica el mecanismo.

Dónde se rellena

Dos filas completan las cinco columnas. La financiación de los partidos tiene un auditor que funciona. El Tribunal de Cuentas informó en septiembre de 2026 de que las 37 fundaciones y entidades vinculadas a partidos recibieron 4,7 millones de euros en donaciones privadas y 2,1 millones en subvenciones públicas en 2023. Cuatro no rindieron cuentas, y el Tribunal recomendó una auditoría externa obligatoria a partir de un umbral de ingresos. Cualquier recorte de subvenciones se puede medir contra esa base.

La limitación de mandatos tiene datos de al lado. Portugal limitó a tres mandatos consecutivos a los presidentes de los ejecutivos locales con la Ley 46/2005. Un estudio para la Fundação Francisco Manuel dos Santos encontró que los alcaldes sin opción a repetir gastaban e ingresaban menos por habitante, sobre todo por menor inversión, y hacían menos electoralismo presupuestario en año de elecciones.

Nuestra propuesta

La izquierda aporta la exigencia de que el poder y el dinero públicos, incluido el que reciben los partidos, rindan cuentas ante los ciudadanos con auditorías y resultados publicados. La derecha y la tradición liberal de mercado aportan menos cargos políticos, menos dinero público para el aparato de los partidos y puestos ganados por mérito. La idea que no es de ningún bando sale de rellenar la tabla: cada ley de reforma lleva su propio plazo para los vetos y nombra a su evaluador, sea el Tribunal de Cuentas, la AIReF o un panel independiente, con la fecha del primer informe.

En la lista de Democracia 21, cuatro problemas necesitan antes que nada un reloj, y dos necesitan un indicador antes de poder prometerse. Desde la semana que viene la tabla nos acompaña a la vivienda, con las propuestas de todos los partidos.