Una Fiscalía que responda ante el Parlamento: propuesta del centro radical para el fiscal general

Miriam González pidió en el discurso de lanzamiento de Democracia 21 una Fiscalía que responda ante el Parlamento. Es una frase corta que encierra mucho, y después de los dos últimos años en España merece tomarse en serio y desarrollarse con detalle.

Cómo se elige hoy al fiscal general

El artículo 124 de la Constitución dice que el fiscal general del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. El mismo artículo organiza a los fiscales conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, así que quien está arriba marca cómo se comporta todo el cuerpo. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley 50/1981, completa el resto. Los candidatos deben ser juristas con más de quince años de ejercicio efectivo. Desde una reforma de 2024, no puede ser propuesto quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, diputado, senador, alto cargo autonómico o alcalde. El Congreso puede llamar al candidato a una comisión para valorar sus méritos e idoneidad, y ahí acaba todo: no hay votación. El mandato es de cuatro años, y una de las causas de cese es que cese el Gobierno que lo propuso.

Dicho sin rodeos, el Gobierno elige a quien dirige la persecución de los delitos, también de los que pueden afectar al Gobierno, y el mandato de esa persona vive y muere con el Gobierno. El GRECO, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa, señaló en 2022 que el método de selección y la duración del mandato siguen siendo una preocupación antigua para la autonomía percibida de la Fiscalía, y pidió a España revisar las dos cosas y hacer más transparentes las comunicaciones entre el fiscal general y el Gobierno. La Comisión Europea ha repetido desde entonces una recomendación parecida en sus informes sobre el Estado de derecho: separar el mandato del fiscal general del del Gobierno.

Después, el problema dejó de ser teórico. El 20 de noviembre de 2025 el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, fiscal general en ejercicio, a dos años de inhabilitación y una multa por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. Era la primera vez que un fiscal general en el cargo se sentaba en el banquillo. Dimitió el 24 de noviembre, y el Gobierno nombró el 9 de diciembre a Teresa Peramato, fiscal de carrera desde 1990, con el respaldo unánime del CGPJ. García Ortiz y la Fiscalía General han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El proyecto en las Cortes y lo que hace Europa

El Gobierno tiene su propia respuesta. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de octubre de 2025, traslada la dirección de la investigación penal de los jueces de instrucción a los fiscales, con un nuevo juez de garantías que los supervisa, y da al fiscal general un mandato único de cinco años que deja de coincidir con el del Gobierno. Obliga además al Gobierno a pedir informe al CGPJ antes de cesar al fiscal general por incumplimientos graves. La Comisión lo considera un avance significativo. En julio de 2026 el proyecto seguía en discusión en las Cortes, y no entraría en vigor hasta 2028.

Ese proyecto arregla el mandato y deja la elección donde estaba. Y el paso de la instrucción a los fiscales hace que la elección importe todavía más, porque el fiscal general estaría al frente de quienes dirigen todas las investigaciones penales del país, también las que afectan a políticos.

Europa ofrece referencias útiles. La Constitución portuguesa fija un mandato de seis años para su fiscal general. En 2019 el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que los fiscales alemanes no pueden emitir órdenes europeas de detención porque están expuestos al riesgo de recibir instrucciones del ministro de Justicia en casos concretos, un recordatorio de que el control ministerial tiene costes jurídicos. Y la UE construyó su propia Fiscalía desde cero: según el Reglamento 2017/1939, un panel de selección elabora una lista de candidatos y el Parlamento Europeo y el Consejo eligen de común acuerdo al fiscal general europeo, para un mandato único de siete años.

El diseño del centro radical

Cada tradición acierta en algo esencial. La izquierda quiere fiscales con medios y respaldo para perseguir a gente poderosa, y quiere que sus prioridades se fijen y se examinen en público por los representantes elegidos. La derecha y la tradición liberal quieren una Fiscalía que el Ejecutivo no pueda dirigir, con mandatos fijos y seguridad jurídica para cualquier investigado. La idea que no es de ningún bando consiste en separar la rendición de cuentas de las instrucciones. Las Cortes pueden pedir al fiscal general que explique prioridades, medios y resultados. Nadie, ni en las Cortes ni en el Gobierno, puede decirle qué hacer con un caso.

Esta es la propuesta. Un panel independiente, formado por fiscales y jueces veteranos elegidos por sus compañeros, académicos y un miembro designado por el Defensor del Pueblo, abre una convocatoria pública y publica una terna o una lista de hasta cinco candidatos con sus motivos, como hace la UE con su fiscal. El Congreso elige de esa lista por tres quintos tras una comparecencia pública, lo que impide que una mayoría simple imponga a su candidato. Si en tres meses el Congreso no ha elegido, se nombra al primero de la lista del panel, de modo que no pueda repetirse un bloqueo como el que sufrió el CGPJ. El mandato es único y de seis años, más largo que una legislatura, como en Portugal.

El cese solo es posible por causas tasadas en la ley, como una condena penal firme o un incumplimiento grave de sus deberes, previo informe del CGPJ y con votación del Congreso por los mismos tres quintos. Una vez al año, el fiscal general presenta en el Congreso las prioridades de política criminal, sus necesidades presupuestarias y sus resultados, y responde preguntas sobre ellos. Cada contacto entre el Gobierno y la Fiscalía General sobre asuntos concretos queda registrado y se publica cuando el caso termina, lo que responde a la petición de transparencia del GRECO. Y si los fiscales asumen la instrucción en 2028, la ley de presupuestos tiene que darles antes las plazas y los medios para hacerlo.

Esto es lo que puede significar responder ante el Parlamento sin convertir la Fiscalía en un trofeo para la mayoría que controle el Congreso. Karl Popper, cuya «Sociedad abierta» explicamos hoy, quería instituciones en las que los malos cargos se puedan apartar con reglas pactadas de antemano. Francis Fukuyama, explicado el día 8, insiste en que el Estado de derecho significa que la ley ata también a quien gobierna. Una fiscal o un fiscal general elegido por un panel, confirmado por una mayoría amplia, protegido de las instrucciones y llamado a rendir cuentas cada año supera las dos pruebas.