Pilotos de políticas públicas en España: por qué el centrismo radical dice experimentar primero

La regla 9 de la constitución del centro radical que hemos terminado hoy dice: probar antes de generalizar. Ensayar una reforma a pequeña escala, medir lo que pasa y después extender lo que funciona. Suena a sentido común, y en España tiene ya un precedente sólido. Entre 2021 y 2024 el Ministerio de Inclusión llevó a cabo un conjunto de experimentos de política pública de una ambición poco habitual. Defender que esa sea la forma normal de legislar resulta ahora fácil.

Lo que España ya hizo

Cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital en 2020, el ministerio se propuso también averiguar qué ayuda a sus perceptores a encontrar trabajo y salir de la pobreza. Con dinero del plan de recuperación europeo, financió 34 proyectos piloto de inclusión social y laboral, gestionados con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector. Dos no pudieron ponerse en marcha. Los 32 restantes se evaluaron como ensayos controlados aleatorizados, el mismo método de los ensayos clínicos: un sorteo decide quién recibe el programa y quién pasa al grupo de control, de modo que la diferencia entre ambos grupos puede atribuirse al programa.

Los socios científicos fueron el CEMFI, el centro madrileño de investigación económica, y J-PAL, la red fundada en el MIT por los premios Nobel Esther Duflo y Abhijit Banerjee. J-PAL describe el diseño: el ministerio financió intervenciones propuestas por ONG y por gobiernos autonómicos y locales, con la condición de que aceptaran una evaluación aleatorizada, y unos dieciocho investigadores universitarios coordinados por el CEMFI se encargaron de ella. El informe final del ministerio, publicado en mayo de 2024, afirma que ninguna administración pública había puesto en marcha antes 32 ensayos aleatorios de manera coordinada.

La escala fue seria. Unas 91.000 personas participaron en los ensayos, contando grupos de tratamiento y de control, y más de 175.000 se beneficiaron de las intervenciones si se incluye a sus hogares. Los resultados varían de un proyecto a otro, que es justo lo que necesita saber quien hace políticas. La orientación laboral personalizada en Navarra aumentó un 13,7 % los días trabajados. En Castilla-La Mancha elevó un 28 % la probabilidad de tener empleo. En Extremadura, los participantes aumentaron un 67 % sus horas trabajadas. Una de las diez recomendaciones del informe es tajante: no basta con dar información, y para cerrar la brecha de cobertura de las prestaciones hace falta un acompañamiento presencial que genere confianza. La última pide reinvertir lo aprendido para escalar las mejores prácticas.

Otros dos pilotos que conviene conocer

Barcelona ya había mostrado el método a escala municipal. Su proyecto B-MINCOME, que funcionó de noviembre de 2016 a octubre de 2019 con 4,85 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, combinó un ingreso mínimo garantizado con políticas activas como la formación, la economía social y la participación comunitaria, en diez de los barrios más pobres de la ciudad. De 2.525 hogares solicitantes, 1.527 resultaron elegibles. La demanda superaba el dinero disponible, así que las plazas se sortearon: unos 1.000 hogares al grupo de tratamiento y más de 400 al de control. El sorteo resolvió dos problemas a la vez. Era la forma más justa de repartir plazas escasas, y permitía una evaluación limpia.

Finlandia lo hizo a escala nacional. Su instituto de la seguridad social, Kela, pagó a 2.000 personas desempleadas una renta básica de 560 euros al mes libre de impuestos durante dos años, con participantes elegidos al azar y participación obligatoria. Los resultados, publicados en 2020, mostraron efectos pequeños sobre el empleo y mejoras claras en el bienestar: más satisfacción vital, menos malestar psicológico, menos burocracia y más confianza en el futuro. La conclusión de la propia Kela es que el experimento demostró que se puede planificar, ejecutar y evaluar un ensayo de campo aleatorizado a escala nacional. Una idea grande y discutida se probó a un coste moderado, y el debate posterior pudo apoyarse en datos.

Hacer de los experimentos la norma

España tiene ya las instituciones para hacerlo de forma habitual. La Ley 27/2022 obliga a los ministerios a evaluar, antes y después, las políticas con un impacto presupuestario o social significativo, y autorizó la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Su estatuto se aprobó en febrero mediante el Real Decreto 65/2026. Está adscrita al Ministerio de Economía, sucede al antiguo instituto de evaluación y entre sus funciones están desarrollar metodologías de evaluación, gestionar un sistema común de indicadores y formar a los empleados públicos.

La ley habla de evaluación y dice poco de experimentos. Ese es el hueco que cerraría una reforma del centro radical. La propuesta es sencilla. Todo programa nuevo por encima de cierto presupuesto, o todo rediseño importante de uno existente, empieza como piloto en un número limitado de comunidades o ciudades, con un diseño aleatorizado o comparable acordado de antemano con la agencia. La evaluación se publica, diga lo que diga. Solo entonces el Gobierno pide a las Cortes que legislen para todo el país. Cuando un programa tiene más demanda que plazas, como le pasó al B-MINCOME, las plazas se sortean, a la vista de todos.

Esto combina ideas que rara vez van juntas. De la izquierda: el ingreso mínimo y el acompañamiento personal que trajeron estos pilotos son deberes públicos, y los resultados de 2024 muestran que pueden funcionar mejor. De la derecha y la tradición de mercado: el dinero público tiene que demostrar su valor, y los programas que no cumplen deben rediseñarse o abandonarse. Y de ningún bando viene el propio experimento, una herramienta democrática que convierte las discusiones ideológicas en preguntas que la evidencia puede responder. Es el método comparativo de Amartya Sen llevado a la práctica, comparando alternativas reales con personas reales, y es la indicación de Mark Satin de tomar prestado de cualquier tradición y juzgar por resultados, con una institución que la lleve a cabo.

España hizo la parte difícil entre 2021 y 2024: demostró que su administración era capaz de llevar a cabo decenas de ensayos aleatorios a la vez. El siguiente paso es convertirlo en la regla.