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Martin Ruhs y «El precio de los derechos» explicado: apertura y derechos de los migrantes

Ruhs midió la migración laboral en 46 países: más derechos suelen traer menos puertas. Qué derechos no tocaría nunca y qué supone para España.

Ilustración de cómic: en el muelle, Theo señala con un libro y Lucía levanta un libro de cuentas junto a una balanza apoyada en un noray, con una verja abierta en un platillo, una casita en el otro y un eje dorado en el centro.

En resumen

En The Price of Rights («El precio de los derechos», Princeton University Press, 2013), Martin Ruhs muestra que los países de renta alta intercambian apertura a trabajadores migrantes poco cualificados por algunos de los derechos que estos reciben una vez admitidos, sobre todo derechos sociales, de residencia y de reagrupación familiar. Acepta límites temporales y justificados con datos a cuatro derechos (libre elección de empleo, prestaciones no contributivas, reagrupación familiar, y residencia permanente y ciudadanía) durante unos cuatro años, dentro de un núcleo universal que incluye igualdad de salario y de condiciones de trabajo. Para España y la UE, la lectura del centro radical es publicar, vía por vía, qué derechos lleva cada permiso y cuándo se amplían, para que la apertura y los derechos se decidan juntos y a la vista de todos.

Ideas clave

  • The Price of Rights, de Martin Ruhs (Princeton University Press, 2013), construye dos índices, uno de apertura y otro de derechos de los migrantes, para los programas de inmigración laboral de 46 países de renta alta y media, España entre ellos.
  • Los programas para trabajadores cualificados son más abiertos y dan más derechos; en los países más ricos, más apertura a la entrada va unida a menos derechos concretos, casi siempre sociales, de residencia y de reagrupación familiar.
  • Ruhs aceptaría límites temporales, de unos cuatro años, a la libre elección de empleo, a las prestaciones no contributivas, a la reagrupación familiar y a la residencia permanente y la ciudadanía, siempre con transparencia y libertad del trabajador para salir del programa.
  • El derecho europeo ya reparte derechos por vías: la Directiva refundida de permiso único (UE) 2024/1233 fija un suelo de igualdad de trato y permite cambiar de empleador, y la tarjeta azul UE da a los muy cualificados reagrupación familiar acelerada y más movilidad.
  • La lectura del centro radical para España: una tabla pública por vía con los derechos que trae cada permiso el primer día y la fecha en que llegan los demás.

Martin Ruhs escribió The Price of Rights: Regulating International Labor Migration («El precio de los derechos», Princeton University Press, 2013) cuando trabajaba en Oxford, en el Centre on Migration, Policy and Society. Hoy está en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. El libro ganó en 2014 el premio al mejor libro de la sección de migración y ciudadanía de la Asociación Americana de Ciencia Política.

En nuestro artículo sobre un Estado que controla la inmigración usamos su hallazgo principal para defender un plan migratorio anual votado en las Cortes. Aquí entramos en el libro: cómo midió Ruhs el dilema, qué derechos dejaría restringir a un Estado, cuáles no tocaría nunca y cómo se ve todo eso con las directivas europeas que España aplica hoy.

Cómo midió Ruhs el dilema

Ruhs parte de una paradoja. La convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes, aprobada en 1990, la han ratificado menos de cincuenta países, casi todos emisores de migrantes, y es el menos ratificado de los grandes tratados de derechos humanos. Su explicación es sencilla: los derechos tienen efectos. Poder cambiar de trabajo influye en salarios y productividad, el acceso a las prestaciones pesa en las cuentas públicas y la residencia permanente cambia cuánto invierte la gente en el idioma. Toda política de inmigración laboral toma en realidad tres decisiones a la vez: cuántos entran, a quiénes se elige y qué derechos tienen una vez dentro.

Con eso plantea tres hipótesis. Los países ricos están más abiertos a la migración cualificada que a la poco cualificada. Los programas para los más cualificados dan más derechos. Y en algunos derechos de algunos trabajadores, apertura y derechos tiran en sentidos opuestos. Para comprobarlo construyó dos índices desde cero, uno de apertura de los programas de inmigración laboral y otro de los derechos legales que conceden (civiles y políticos, económicos, sociales, de residencia y de reagrupación familiar), para 46 países de renta alta y media. España está en la muestra, como se ve en su presentación del libro en COMPAS, junto a casi toda Europa occidental, Norteamérica, el Golfo y Asia oriental.

Los datos respaldan las tres. Los programas para trabajadores más cualificados son más abiertos y dan más derechos. Los derechos económicos y políticos apenas cambian con la cualificación; los sociales, los de residencia y los de familia cambian mucho. En los países de renta más alta, los programas más abiertos van con menos derechos en un puñado de materias concretas, normalmente algunos derechos económicos y sociales, la residencia y la reagrupación familiar. El dilema casi desaparece en los programas para los más cualificados, porque los países compiten por ellos. Ruhs mide derechos en la ley y para trabajadores admitidos legalmente; la migración irregular la abordó después en PRIME, un proyecto europeo.

Después mira el otro lado del trato. Muchísimos migrantes aceptan derechos recortados a cambio de mejores salarios, y Ruhs trata esa elección como limitada pero real. Los países de origen también lo sopesan. Su ejemplo europeo es muy claro: cuando los antiguos miembros de la UE exigieron que los trabajadores desplazados desde los nuevos socios del este tuvieran exactamente las mismas condiciones que sus propios ciudadanos, varios de esos nuevos miembros lo llamaron proteccionismo, porque anulaba su ventaja de una mano de obra más barata.

Qué restringiría y qué no tocaría nunca

El capítulo normativo es el más concreto, y donde más le discuten las reseñas. Ruhs defiende programas temporales nuevos y más amplios, sobre todo para los trabajadores poco cualificados, que son los que más ganan trabajando fuera y los que encuentran las puertas más cerradas. Dentro de esos programas toleraría restringir cuatro derechos: la libre elección de empleo, el acceso en igualdad a las prestaciones sujetas a prueba de recursos, la reagrupación familiar y el derecho a la residencia permanente y a la ciudadanía. Cada restricción debe apoyarse en pruebas de un coste concreto cuya eliminación permita admitir a más gente, y dura unos cuatro años. Pasado ese plazo, el trabajador tiene un camino hacia la residencia permanente y, con el tiempo, la ciudadanía, o se marcha. Y todo el sistema exige reglas transparentes y la libertad garantizada del trabajador para dejar el programa cuando quiera.

Peter Mares, en su reseña para Inside Story, detalla el núcleo que Ruhs deja intacto: libertad de pensamiento, de expresión, de religión y de asociación, e igualdad de salario y de condiciones de trabajo, que además protege a los trabajadores locales. El límite a cambiar de trabajo ataría a la persona a un sector u ocupación y la dejaría libre para cambiar de empresa dentro de él, porque depender de un solo patrón es donde empieza la explotación. A Mares los cuatro años le parecen poco argumentados, y el fondo ético le parece difícil de rebatir. El argumento más afilado de Ruhs va dirigido a los defensores de los derechos: las campañas que solo defienden a los migrantes que ya están dentro se olvidan de los muchos más que siguen en su país y quieren un empleo legal fuera. Pide que sean ellos quienes encabecen el debate sobre qué restricciones merecen la pena.

España y la UE leídas con Ruhs

Europa ya ha escrito en sus leyes parte del diseño de Ruhs. La Directiva refundida de permiso único, la (UE) 2024/1233, que los Estados debían transponer antes del 21 de mayo de 2026, da a los trabajadores de terceros países igualdad de trato con los nacionales en salario, despido, jornada, vacaciones, salud y seguridad, huelga, afiliación sindical y formación. Permite al titular cambiar de empleador, aunque deja a los Estados exigir que se notifique, que haya una comprobación del mercado laboral o un periodo mínimo con el primer empleador. El desempleo no hace perder el permiso durante hasta tres meses, o seis si se lleva más de dos años. Es el núcleo universal de Ruhs con una restricción temporal y por sectores, escrita en una directiva. La tarjeta azul UE ilustra su segunda hipótesis: los trabajadores muy cualificados tienen reagrupación familiar acelerada, pueden pasar a otro Estado miembro a los doce meses y acceden con más facilidad a la residencia de larga duración.

En casa, el caso más claro es el programa de temporada. En 2025, según el propio Gobierno, reunió a 25.767 trabajadores de 17 países, el 92 % mujeres, sobre todo en la agricultura, con autorizaciones circulares de cuatro años que permiten trabajar hasta nueve meses al año, obligan a volver al país tras cada temporada y exigen al empresario garantizar el alojamiento (La Moncloa). Ruhs reconocería el esquema y preguntaría por la renovación. Su regla dice que el periodo restringido se acaba: tras unos cuatro años, a la temporera que vuelve cada campaña hay que ofrecerle un camino a quedarse, o el acuerdo termina.

Esa es nuestra lectura para España. La izquierda acierta en que un núcleo de derechos laborales obliga desde el primer día en todas las vías, y la Inspección de Trabajo es la que convierte en realidad los derechos sobre el papel. La derecha acierta en que el Estado elige cifras y condiciones, y en que las prestaciones, la reagrupación y la residencia permanente pueden ganarse con un calendario. Ruhs aporta la pieza que encaja las dos: poner el dilema sobre la mesa. Para cada vía, desde el trabajo de temporada hasta el empleo con oferta y la tarjeta azul, España debería publicar qué derechos lleva el permiso el primer día, cuáles llegan después y en qué fecha, y cuántas personas piensa admitir. Así votantes y empresas discuten a la vista el tipo de cambio entre apertura y derechos, y los trabajadores saben a qué se comprometen antes de viajar.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es la tesis principal de The Price of Rights?

Martin Ruhs sostiene que en los países de renta alta existe un dilema entre la apertura de los programas de inmigración laboral y algunos de los derechos que reciben los trabajadores migrantes una vez admitidos, sobre todo los menos cualificados. Exigir la igualdad plena de derechos puede traducirse en menos admisiones. Propone programas temporales que protejan un núcleo universal de derechos y restrinjan durante un tiempo limitado unos pocos derechos concretos.

¿Qué derechos de los migrantes cree Martin Ruhs que se pueden restringir?

En el capítulo 1 limita las restricciones aceptables a cuatro: la libre elección de empleo, el acceso en igualdad a prestaciones sujetas a prueba de recursos, la reagrupación familiar y el derecho a la residencia permanente y a la ciudadanía. Cada restricción debe apoyarse en pruebas de un coste concreto, durar como mucho unos cuatro años e ir acompañada de reglas transparentes y de la libertad del trabajador para dejar el programa. Pasado ese plazo, el migrante accede a la residencia permanente o tiene que irse.

¿Qué países estudió Ruhs?

Construyó índices para los programas de inmigración laboral de 46 países de renta alta y media, entre ellos casi toda Europa occidental (España incluida), Norteamérica, los países del Golfo y economías de Asia oriental como Singapur, Japón o Corea, y añadió estudios de caso sobre cómo se decide la política en grandes países de acogida y de origen.

¿Dónde trabaja hoy Martin Ruhs?

Es catedrático en el Robert Schuman Centre for Advanced Studies del Instituto Universitario Europeo de Florencia y subdirector de su Migration Policy Centre. Antes fue profesor de economía política en la Universidad de Oxford, donde escribió el libro.

Fuentes

  1. The Price of Rights: Regulating International Labor Migration. Princeton University Press (2013)
  2. The Price of Rights, Chapter 1: The Rights of Migrant Workers. Reframing the Debate. Princeton University Press (2013)
  3. The ethical case for guest workers. Inside Story (2013)
  4. Martin Ruhs. Migration Policy Centre, European University Institute (2026)
  5. Single Permit Directive. Recast: 2022/0131(COD), summary of the final act. European Parliament, Legislative Observatory (2024)
  6. EU Blue Card: attracting highly qualified talent to the EU. European Commission, Migration and Home Affairs (2026)

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