MigraciónInterpretación

Canarias y los menores no acompañados: la solidaridad entre comunidades y en la UE

Miles de niños migrantes, un reparto que en Canarias se ejecuta al 20% y un fondo europeo que ya incluye a España. Cómo hacer que la solidaridad sea automática.

Ilustración de cómic: en El Muelle, Carmen carga una casita, Lucía saluda con una llave y Elena señala un mapa junto a un gran salvavidas dorado que flota entre dos islas grises, con cuatro bloques de colores enganchados al aro como asideros repartidos por todos los lados.

En resumen

Canarias tutela a miles de menores migrantes no acompañados, varias veces la capacidad que le asigna el Estado, y las llegadas volvieron a subir en octubre de 2026. La respuesta española desde marzo de 2025 es el Real Decreto-ley 2/2025, que reubica a los menores en otras comunidades cuando una supera el triple de su capacidad ordinaria; funciona, despacio y bajo el fuego judicial de casi todas las comunidades del PP. El Pacto europeo, aplicable desde junio de 2026, considera a España país bajo presión migratoria. La respuesta del centro radical es un sistema de solidaridad permanente y automático, por capas, español y europeo, con dinero que sigue a cada menor, datos de ejecución publicados y estándares de calidad que toda comunidad debe cumplir.

Ideas clave

  • El 19 de octubre de 2026 Canarias tutelaba a 2.614 menores migrantes no acompañados; el Gobierno canario contaba 4.471 en diciembre de 2025, casi seis veces la capacidad ordinaria que le fijó el Estado.
  • El Real Decreto-ley 2/2025 declara la contingencia migratoria cuando el sistema de una comunidad supera el triple de su capacidad ordinaria y reubica a los menores con una fórmula ponderada, con un fondo de 100 millones de euros para los costes de sobreocupación.
  • En marzo de 2026 el Gobierno contaba 1.143 menores reubicados desde Ceuta, Canarias y Melilla, pero en Canarias solo se había ejecutado el 19,9% de las resoluciones de traslado.
  • La UE declaró a España país bajo presión migratoria en noviembre de 2025, y la reserva anual de solidaridad de 2026 fija como referencia 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros.
  • Las llegadas a Canarias cayeron un 62% en 2025 y repuntaron con fuerza en octubre de 2026, lo que llevó al Gobierno a declarar la emergencia migratoria el 10 de noviembre de 2026.

Los niños que llegan solos a Canarias lo hacen en barco, casi siempre adolescentes que viajan sin ningún adulto. Al pisar tierra, la ley los trata como lo que son, menores, y el Gobierno de Canarias pasa a ser su tutor legal. Ahí empieza el problema, porque una sola comunidad insular acaba respondiendo de miles de niños migrantes mientras el resto de España mira desde lejos. El asunto conecta con el Estado que controla y con la solidaridad que Miriam González planteó en la presentación de Democracia 21, que resumimos en nuestro análisis general, y con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Las cifras

En diciembre de 2025 el Gobierno canario decía tener 4.471 menores bajo su tutela, casi seis veces la capacidad ordinaria que le había fijado el Estado, y que en lo que iba de año habían llegado 2.280 menores no acompañados. Presupuestó para ellos 155,1 millones de euros en 2025. El delegado del Gobierno en las islas ha hablado de un pico de unos 6.000. El 19 de octubre de 2026, según datos difundidos por EFE, la cifra había bajado a 2.614, y el Ejecutivo autonómico seguía describiendo la situación como una contingencia grave y había reabierto un centro en Lanzarote.

Las llegadas van por oleadas. Las llegadas por mar a Canarias cayeron un 62% en 2025, de unas 47.000 a unas 18.000. Octubre de 2026 rompió la calma: en ese mes llegó más gente que en todo el primer semestre. El 10 de noviembre el Gobierno declaró la emergencia migratoria en Canarias, con 15,18 millones de euros más para plazas en centros estatales y para traslados entre islas y a la península, un buque de salvamento adicional y más personal para tramitar la reubicación de menores no acompañados.

El mecanismo español y por qué va lento

El Real Decreto-ley 2/2025, aprobado en marzo de 2025 y convalidado en el Congreso por 179 votos contra 170, añadió a la Ley de Extranjería un mecanismo de solidaridad. Cuando el sistema de protección de una comunidad supera el triple de su capacidad ordinaria, el Estado debe declarar la contingencia migratoria en cinco días. Los menores se reubican después en otras comunidades según una fórmula: la mitad del peso es la población infantil, y el resto lo aportan la renta por habitante, el paro, el esfuerzo de acogida previo, la capacidad estructural y pesos menores por condición fronteriza, insularidad y dispersión. Cada traslado exige oír al menor, a la comunidad de destino y a la Fiscalía, con resolución en quince días. Un fondo de 100 millones de euros compensa a las comunidades con más plazas que la media nacional.

El diseño es bueno y la ejecución, floja. En marzo de 2026 el Gobierno contaba 1.143 menores reubicados desde Ceuta, Canarias y Melilla. Melilla había ejecutado el 91,4% de sus traslados y Ceuta el 76,5%. En Canarias la cifra era el 19,9%: 1.015 resoluciones de traslado dictadas y 202 menores reubicados según el recuento del Gobierno canario. Los dos gobiernos no cuadran sus cifras (la propia Canarias habló en abril de 719 salidas por el mecanismo), lo que ya dice mucho de un sistema que nadie mide del todo. Casi todas las comunidades gobernadas por el PP han ido a los tribunales contra los traslados, y solo Madrid mantiene seis acciones judiciales. Una conferencia sectorial de abril de 2026 no pudo celebrarse por falta de quórum. En enero de 2026 el Tribunal Supremo se negó a suspender doce traslados a Madrid, invocando el notorio hacinamiento en Canarias y el interés superior de los menores. El mismo tribunal había ordenado al Estado en marzo de 2025 hacerse cargo de un millar de menores solicitantes de asilo tutelados por Canarias. El Gobierno sostiene que ya ha cumplido, con 440 de ellos en recursos estatales en la península.

Con elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, el mecanismo está en juego: el PP ha dicho que quienes lleguen en cayuco serán retornados y no reubicados, y el Gobierno advierte de que sin la reforma los menores se quedarán en Canarias.

La capa europea

Europa ya forma parte del cuadro. En noviembre de 2025 la Comisión incluyó a España, junto a Grecia, Chipre e Italia, entre los países bajo presión migratoria, en el caso español por un número desproporcionado de llegadas tras rescates en el mar. La decisión del Consejo sobre la reserva anual de solidaridad de 2026 fija como cifras de referencia 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros, con un 42% indicativo para los Estados presionados por desembarcos, y exime a los Estados bajo presión de pagar sus propias contribuciones. El Pacto también exime a los menores no acompañados del procedimiento fronterizo salvo que supongan un riesgo para la seguridad y obliga a nombrar con rapidez un representante para cada uno.

Un sistema estable, por capas

Elinor Ostrom dedicó su carrera a demostrar que los recursos compartidos se gobiernan mejor con instituciones anidadas, límites claros, reglas hechas por quienes viven bajo ellas, un seguimiento visible para todos y sanciones graduadas (explicamos su libro aquí). La protección de la infancia entre las comunidades autónomas es justo ese tipo de problema compartido, y el mecanismo actual tiene casi todas las piezas de Ostrom salvo el seguimiento y las consecuencias.

La posición del centro radical combina el deber de cuidado de la izquierda, la costumbre liberal de poner precio y pedir cuentas y el diseño policéntrico de Ostrom. Hacer el mecanismo permanente por ley, para que cada comunidad conozca su cuota con años de antelación y una contingencia deje de ser un acontecimiento político. Que el dinero siga al menor: un pago por niño del Estado, completado con la reserva europea cuando España esté bajo presión, para la comunidad que ofrezca la plaza y condicionado a estándares publicados de escolarización, clases de lengua y preparación para la vida adulta a los dieciocho. Publicar cada mes un recuento único y compartido, por comunidad, de resoluciones dictadas, traslados ejecutados y resultados, para que el 19,9% tenga nombre y fecha. Las comunidades que se retrasen aportan al fondo, las que acogen más reciben más, y las que quieran acoger voluntariamente, como ofrecieron Cataluña y el País Vasco, pueden intercambiar plazas por dinero a la vista de todos. Las islas que reciben los cayucos pasan a ser el primer eslabón de una cadena que funciona, y los niños tienen un tutor con medios para cuidarlos.

Preguntas y respuestas

¿Cuántos menores no acompañados hay en Canarias?

Según datos difundidos por EFE el 19 de octubre de 2026, Canarias tutelaba a 2.614 menores migrantes no acompañados. Eran 4.471 en diciembre de 2025, y el delegado del Gobierno en las islas ha hablado de un pico de unos 6.000.

¿Qué es el Real Decreto-ley 2/2025 sobre menores no acompañados?

Es la norma de marzo de 2025 que añadió los artículos 35 bis a 35 quinquies a la Ley de Extranjería. Cuando el sistema de protección de una comunidad supera el triple de su capacidad ordinaria, el Estado declara la contingencia migratoria y reubica a los menores en otras comunidades según una fórmula que pondera la población infantil, la renta, el paro y el esfuerzo de acogida previo. También creó un fondo de 100 millones de euros.

¿Ayuda el Pacto Europeo de Migración y Asilo a España con los menores?

De forma indirecta. La Comisión incluyó a España entre los países bajo presión migratoria en noviembre de 2025, lo que le da acceso a la reserva de solidaridad, fijada para 2026 en 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros como cifras de referencia. El Pacto también exime a los menores no acompañados del procedimiento fronterizo salvo que supongan un riesgo para la seguridad y obliga a nombrarles un representante con rapidez.

¿Por qué son tan lentos los traslados de menores desde Canarias?

Cada traslado exige oír al menor, a la comunidad de destino y a la Fiscalía, y casi todas las comunidades gobernadas por el PP han recurrido el sistema en los tribunales; solo Madrid mantiene seis acciones judiciales. En marzo de 2026 el Gobierno informó de que en Canarias solo se había ejecutado el 19,9% de las resoluciones de traslado.

Fuentes

  1. Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. Boletín Oficial del Estado (2025)
  2. Canarias reclama una respuesta de Estado y europea ante la presión migratoria. Gobierno de Canarias (2025)
  3. El Gobierno prorrogará la reubicación de menores migrantes no acompañados. La Moncloa (2026)
  4. Emergencia migratoria en Canarias. La Moncloa (2026)
  5. Canarias pide al Estado medios ante la llegada de migrantes. Diario de Avisos (EFE) (2026)
  6. Decisión de Ejecución (UE) 2025/2642 del Consejo, reserva anual de solidaridad para 2026. EUR-Lex (2025)

Recibe los artículos de la semana por correo