Economía y trabajoInterpretación
Impuestos para servicios públicos: adónde va el gasto en España y cómo cortar el clientelismo
España gasta menos que la UE en sanidad y educación, y un tercio de sus contratos recibe una sola oferta. Adónde va el dinero y cómo blindarlo.
En resumen
El gasto público español fue del 45,5 % del PIB en 2024, por debajo del 48,8 % de la UE, y España gasta menos que la media europea en sanidad (6,5 % frente a 7,3 %) y en educación (4,1 % frente a 4,7 %), mientras los intereses de la deuda se llevan más. El problema clientelar está en cómo se gasta: subvenciones que casi nunca se evalúan, contratos públicos en los que un tercio recibe una sola oferta y nombramientos políticos. Una respuesta de centro radical reserva los impuestos para los servicios evaluando cada programa, abriendo la contratación a competencia real, contratando por mérito y publicando lo que consigue cada euro.
Ideas clave
- Eurostat, 2024: el gasto de las administraciones públicas españolas fue el 45,5 % del PIB (UE, 48,8 %); sanidad 6,5 % (UE, 7,3 %), educación 4,1 % (UE, 4,7 %), protección social 18,7 % (UE, 19,5 %), intereses 2,5 % (UE, 1,9 %).
- Comisión Europea, 2024: el 33 % de los contratos públicos españoles recibió una sola oferta (país típico de la UE, 28 %) y solo el 19 % se adjudicó únicamente por precio (54 %).
- La AIReF encontró unos 14.000 millones al año en subvenciones casi sin estrategia ni evaluación de resultados; en 2025 el Gobierno había aplicado 217 de sus 357 recomendaciones de revisión del gasto y rechazado 82.
- Los ministerios tenían 959 asesores de nombramiento político en enero de 2026, según el boletín oficial de empleo público.
- El arreglo está en cómo se gasta: reglas, competencia, mérito y resultados publicados.
En su presentación, Democracia 21 prometió que los impuestos de los españoles pagarían servicios públicos y dejarían de alimentar redes clientelares. Su web recoge la idea bajo el epígrafe «No más redes clientelares»: menos asesores, fuera los cargos de carné, mérito y capacidad en cada puesto (lo contamos en nuestro repaso de las propuestas del partido). Es una promesa popular porque la mayoría de los españoles sospecha que sus impuestos se escapan por algún sitio. Los datos sobre adónde va el dinero ayudan a poner esa sospecha en su lugar.
Adónde va el dinero
El último desglose por funciones de Eurostat, de 2024, sitúa el gasto de las administraciones públicas españolas en el 45,5 % del PIB, frente al 48,8 % de la UE. En 2025 la distancia fue parecida: 45,3 % frente a 49,4 %. España es un Estado que gasta menos que la media europea.
La partida mayor es la protección social, sobre todo pensiones, con el 18,7 % del PIB y el 41 % de todo el gasto, algo por debajo del 19,5 % europeo. La sanidad se lleva el 6,5 % del PIB, frente al 7,3 % en la UE. La educación, el 4,1 %, frente al 4,7 %. Los servicios públicos generales suponen el 5,8 %, cerca del 6,0 % europeo, pero dentro de esa partida los intereses de la deuda cuestan a España el 2,5 % del PIB, frente al 1,9 % en la UE: casi 40.000 millones en 2024. Los asuntos económicos, que incluyen transporte, energía y ayudas a empresas, suman el 5,1 %.
Así que las grandes líneas del presupuesto son servicios y pensiones, y en los servicios que más usa la gente España gasta menos que sus vecinos. Un gobierno que quiera mejor sanidad y mejores colegios tiene que proteger ese dinero. Las fugas están en cómo se gasta, y aparecen en tres sitios.
Dónde se esconde el clientelismo
El primero son las subvenciones. En 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) revisó unos 14.000 millones de euros anuales en ayudas de ministerios, comunidades autónomas y entidades locales. Encontró planes casi sin carácter estratégico, una evaluación de resultados escasísima y poca coordinación entre administraciones, y recomendó reformar la Ley General de Subvenciones, añadir un régimen sancionador y crear un sistema de información con indicadores de resultados. Una ayuda que nadie evalúa es la herramienta más cómoda para premiar a los amigos, porque nadie puede demostrar que fracasó.
El segundo es la contratación. El Single Market Scoreboard de la Comisión Europea para 2024 encontró que el 33 % de los contratos públicos españoles recibió una sola oferta, por encima del 28 % de un país típico de la UE y muy por encima del 20 % que la Comisión considera señal de alarma. El 8 % se adjudicó sin convocatoria. Solo el 19 % se decidió únicamente por precio, frente al 54 % en el Estado miembro típico, lo que deja más margen a la puntuación discrecional. Las decisiones tardaron 110 días, frente a 74, y las pymes ganaron el 55 % de los contratos, frente al 71 %. En un mercado donde se presenta un solo licitador y los criterios son blandos, los contactos pagan.
El tercero son los puestos. El boletín oficial de empleo público contó 959 asesores (personal eventual) en los ministerios de la Administración General del Estado en enero de 2026, 490 de ellos en el ministerio que incluye la Presidencia del Gobierno. Son una parte pequeña de la plantilla pública, pero cada uno se elige por confianza, y la misma lógica se extiende a los consejos de empresas y organismos públicos. España ya recortó esa capa una vez: a finales de 2014 la reforma CORA informaba de la supresión neta de 2.029 entidades públicas, la mayoría autonómicas y locales.
La buena noticia es que España ya tiene la herramienta para revisar su gasto. Desde 2018 la AIReF ha hecho revisiones de subvenciones, gasto hospitalario, políticas activas de empleo, incentivos a la contratación y más. El informe de seguimiento de Hacienda de 2025 dice que se han aplicado 217 de sus 357 recomendaciones, 58 están en curso y 82 se han rechazado; de las 61 de la tercera fase, solo se han aplicado 8.
Reglas, competencia y ejecución
Friedrich Hayek, en Los fundamentos de la libertad, sostenía que la libertad depende de reglas generales conocidas de antemano y que el poder discrecional es donde empieza el trato arbitrario. Esa es la mitad liberal de la respuesta al clientelismo. Abrir cada contrato a competencia real, dar más peso al precio y a la calidad medible en las licitaciones, sustituir ayudas discrecionales por reglas que pueda reclamar cualquiera que cumpla los requisitos y cubrir los puestos por mérito. La izquierda aporta la otra mitad: esos impuestos pagan los centros de salud, los colegios y los cuidados de los que más dependen quienes tienen menos dinero, y España gasta en ellos menos que sus vecinos. Cortar el clientelismo es la forma de defender los servicios públicos, y cada euro recuperado debe quedarse en ellos.
Jennifer Pahlka, en Recoding America, añade la pieza que no encaja en ningún bando. Las reglas por sí solas producen papeleo; lo que cuenta es que el servicio llegue. Su propuesta es crear capacidad de ejecución dentro del Estado y juzgar los programas por lo que consiguen para quienes los usan. Aplicado al gasto español, todo programa por encima de un umbral debería tener un objetivo de resultados, una evaluación independiente y un contador público con lo que ha logrado. El principio de cumplir o explicar ya existe; la explicación de cada recomendación rechazada de la AIReF debería defenderse en el Congreso, y Hacienda debería publicar cada año cuánto dinero ha pasado de programas que fracasaron a servicios que funcionan. Los datos de contratación deberían estar en línea en tiempo real, contrato a contrato, con el número de licitadores. Y las comunidades autónomas, que gastan la mayor parte del dinero y emplean a la mayoría del personal público, deberían sumarse a los mismos contadores.
El clientelismo vive en la oscuridad, como explicamos en qué es el clientelismo político y en cómo frena el crecimiento en el sur de Europa. Un gasto medido, sometido a competencia y publicado le deja muy poco espacio, y el contribuyente puede ver su dinero llegar adonde se prometió.
Preguntas y respuestas
¿Adónde va el gasto público en España?
En 2024, según Eurostat, las administraciones públicas españolas gastaron el 45,5 % del PIB. La partida mayor fue la protección social, sobre todo pensiones, con el 18,7 % del PIB y el 41 % del total; después la sanidad (6,5 %), los servicios públicos generales (5,8 %, con 2,5 puntos de intereses de la deuda), los asuntos económicos (5,1 %) y la educación (4,1 %).
¿España gasta más que la media europea?
Gasta menos. El gasto público español fue el 45,5 % del PIB en 2024 frente al 48,8 % de la UE, y el 45,3 % frente al 49,4 % en 2025. España gasta menos que la media de la UE en sanidad, educación y protección social, y más en intereses.
¿Qué es el clientelismo en el gasto público?
Es el uso del dinero y los puestos públicos para premiar a los afines: subvenciones discrecionales, contratos dirigidos a empresas amigas y puestos cubiertos por lealtad política. En los datos se nota en programas sin evaluar, licitaciones con un solo licitador y muchos cargos de nombramiento político.
¿Qué es el Spending Review de la AIReF?
Una serie de evaluaciones de grandes programas de gasto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace desde 2018: subvenciones, políticas activas de empleo, gasto hospitalario, incentivos a la contratación y más. El Gobierno informa cada año de qué recomendaciones adopta, con el principio de cumplir o explicar.
Fuentes
- General government expenditure by function (COFOG), gov_10a_exp. Eurostat (2026)
- Single Market Scoreboard: Spain. Comisión Europea (2025)
- Informe sobre el grado de implementación de las recomendaciones del Spending Review 2025. Ministerio de Hacienda (2025)
- La AIReF critica la falta de coordinación sobre 14.000 millones de euros en subvenciones. Valencia Plaza (2019)
- Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, enero 2026. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (2026)
- Limpieza política radical. Democracia 21 (2026)