Halstead y Lind sobre educación y activos, 25 años después: bonos bebé, escuela y España

The Radical Center: The Future of American Politics, de Ted Halstead y Michael Lind, se publicó en 2001, y dos de sus propuestas van juntas casi solas: lo que el Estado gasta en la escuela de un niño y lo que pone a su nombre al nacer. Nuestro explicador del libro recorre el programa, y el primer día planteamos una dotación de capital al nacer para España. Esta pieza mira qué ha pasado con la idea de educación y activos en estos veinticinco años, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en España, y qué dice ese balance sobre el problema de movilidad social de España, que el discurso de presentación de Democracia 21 sitúa como la prioridad número uno del país.

Primero, lo que decía el libro, según lo contó la reseña de The American Prospect. En la escuela, Halstead y Lind querían que el Gobierno federal igualara el gasto en educación y que los alumnos pudieran usar dinero público en el centro público o privado que eligieran. En activos, cada niño recibiría al nacer una dotación de 6.000 dólares para estudios, vivienda, salud, un negocio o la jubilación. Al reseñista le gustaba la vocación de equidad y le disgustaban los cheques escolares, que según él podían aumentar la segregación. Leídas juntas, las dos propuestas forman un solo argumento: el mismo dinero para la escuela de cada niño y, después, capital en manos de cada joven, para que el comienzo de la vida adulta dependa menos de la cuenta corriente de la familia.

Qué fue de la idea del activo

El Reino Unido fue el primero. El Child Trust Fund ingresó más de 2.000 millones de libras en cuentas de 6,3 millones de niños nacidos entre 2002 y principios de 2011 (nuestra pieza del primer día cuenta su historia). Lo que importa veinticinco años después es quién se quedó por el camino. La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) constató que Hacienda tuvo que abrir ella misma 1,7 millones de cuentas porque los padres no lo hicieron, y algo más de la mitad eran de niños de familias con pocos ingresos, que tenían el 36 % del total. La evaluación de 2011 halló que el programa aumentó el ahorro de los niños de hogares sin vivienda en propiedad, y ningún efecto significativo en el conjunto. El Gobierno, añadían los auditores, no tiene datos para saber cómo les ha ido a los jóvenes de familias modestas a los que iba dirigido.

Luego las cuentas empezaron a vencer. En septiembre de 2025 la agencia tributaria británica informó de que 758.000 cuentas vencidas de jóvenes de 18 a 23 años seguían sin reclamar, con 2.242 libras de media cada una. Son, por nuestra cuenta, unos 1.700 millones de libras, y muchos de sus titulares quizá ni lo saben. Más de 563.000 jóvenes usaron la herramienta gratuita de localización en el año que terminó en agosto de 2025. El activo se construyó. La institución que debía conectarlo con el joven a los 18 años llegó tarde y a medias.

Connecticut aprendió de aquello. Sus bonos bebé arrancaron el 1 de julio de 2023: la tesorería del estado invierte 3.200 dólares por cada bebé cuyo parto cubre HUSKY, el Medicaid estatal. Nadie tiene que pedirlo. En julio de 2025 había más de 33.000 niños inscritos y el fondo había pasado de 398 a 485 millones de dólares. Entre los 18 y los 30 años el joven puede reclamarlo para comprar vivienda en Connecticut, pagar estudios superiores o formación profesional, crear o invertir en una empresa local o aportar a un plan de jubilación, y la tesorería calcula que cada cuenta valdrá entonces entre 11.000 y 24.000 dólares. Automático, dirigido a los niños pobres y atado a usos concretos, con la educación en primer lugar.

Washington llevó la idea al plano nacional en 2025, con otro diseño. La ley aprobada el 4 de julio de 2025 creó las Trump Accounts, un nuevo tipo de cuenta individual de jubilación para niños, con una aportación federal única de 1.000 dólares para los ciudadanos nacidos entre 2025 y 2028. Al principio las familias tenían que presentar un formulario para abrir la cuenta y solicitar los 1.000 dólares. El 31 de marzo de 2026 el IRS contaba más de 4 millones de niños inscritos, y más de 1 millón con la aportación piloto solicitada. Desde el 1 de octubre de 2026 el Tesoro inscribe de oficio a los niños con derecho, aunque las familias aún tienen que reclamar y activar la cuenta y pedir la aportación. El sistema federal se va acercando así a la inscripción automática de Connecticut.

España tuvo su momento en la campaña electoral de 2023. Sumar propuso una «herencia universal» de 20.000 euros: el derecho se adquiría a los 18 años y el dinero se cobraba a los 23, para formación, un primer empleo o un proyecto empresarial, sin depender de la renta familiar y financiada con un impuesto a las grandes fortunas ampliado. El Independiente calculó su coste en unos 10.500 millones de euros al año, a partir de los cerca de 525.000 jóvenes que cumplían 23 años, y señaló su parecido con la propuesta de Thomas Piketty de una herencia para todos a los 25.

Lo que enseñan veinticinco años a España

La mitad de los activos de Halstead y Lind aguanta bien. El dinero a nombre de un niño crece en dieciocho años, y las aportaciones públicas pesan más para los niños más pobres, cuyas familias pueden añadir menos. Lo que añade la experiencia es que el activo vale lo que vale la fontanería que lo rodea. El Reino Unido abrió cuentas de oficio como último recurso y luego dejó que los jóvenes las buscaran. Connecticut las abre solas y fija los usos desde el principio. Washington empezó con formularios y ahora añade la inscripción automática.

El problema de movilidad de España es sobre todo un problema educativo, como muestran los datos de nuestro explicador sobre la movilidad social: el hogar en el que uno crece sigue decidiendo sus opciones de llegar a la universidad. Ahí vuelve la mitad escolar del libro. La financiación igual de Halstead y Lind tiene su versión española en los programas para centros desfavorecidos y en el derecho a tutoría que propusimos ayer. La dotación lleva la elección al propio joven, que tiene el dinero y decide a los 18 años en qué gastarlo.

La izquierda acierta en que el dinero público debe igualar los puntos de partida, en la escuela y en el banco. La tradición liberal acierta en que la propiedad cambia la forma de planificar, y en que el joven debe tener la participación a su nombre y decidir cómo usarla. Lo que no encaja en ninguna de las dos es cablear el activo al sistema educativo para que no se pierda. Abrir la cuenta de oficio al inscribir el nacimiento, como dice nuestra propuesta del primer día. Enseñar el saldo al alumno y a su familia al final de la ESO, desde el departamento de orientación, cuando se decide entre bachillerato, FP o trabajo. Liberarlo a los 18 años por la misma plataforma que paga las becas del Estado, para que el joven que pide una beca vea las dos cantidades juntas y planifique con ambas. Y localizar cada cuenta sin reclamar a través de la Agencia Tributaria y pagarla de forma automática, para que España no acabe con sus propias 758.000.

La administración hace el trabajo, y el dinero llega al joven en el momento de la decisión que más pesa en la movilidad. Halstead y Lind pusieron la escuela y la dotación en el mismo libro, y España ya tiene los expedientes escolares, la plataforma de becas y la Agencia Tributaria para unirlas.