Segregación escolar en Madrid y Cataluña: los datos, lo que ha funcionado y una respuesta de centro radical

Dos niños que viven a pocas calles de distancia en Madrid o en Barcelona pueden crecer en colegios muy distintos: uno donde casi todos los padres de sus compañeros fueron a la universidad y otro donde la mayoría acaba de llegar y vive con pocos ingresos. A esa clasificación se le llama segregación escolar, y las dos comunidades más grandes de España son las que más la sufren. Importa para la movilidad social, el primer problema de la lista de Democracia 21 para los jóvenes, e importa para la ciudadanía común que, según Yascha Mounk, necesita una democracia diversa.

Los datos

Empecemos por la comparación entre comunidades. Con datos de PISA 2015, F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid, encontraron que la Comunidad de Madrid tenía la mayor segregación socioeconómica de todas las comunidades, en casi todo el rango de renta, con Cataluña en segundo lugar. Relacionaron el resultado madrileño con sus políticas de elección de centro, entre ellas la zona única.

Un informe de 2021 de EsadeEcPol y Save the Children, Diversidad y libertad, constató que la segregación en Madrid había crecido de forma muy notable, hasta convertirla en la comunidad más segregada de España y en una de las más segregadas de la OCDE. También encontró que la segregación socioeconómica de España en primaria era muy alta en la comparación internacional, solo por detrás de Turquía y Lituania.

La foto más reciente es mejor. La lectura de EsadeEcPol de PISA 2022 indica que la segregación socioeconómica se ha reducido ligeramente en España y está ya por debajo de la media de la OCDE, con descensos en casi todas las comunidades desde 2018. Sigue siendo alta en Cataluña y sobre todo en Madrid, especialmente alta pese a su mejora. La segregación por origen migrante ha aumentado de forma significativa desde 2018 y es mayor en Cataluña, Euskadi y Madrid.

Lo que hizo Cataluña

Cataluña decidió actuar. El 18 de marzo de 2019 firmó un Pacto contra la segregación escolar con 30 actuaciones y 189 medidas, y en febrero de 2021 aprobó el Decreto 11/2021 de admisión. El decreto reserva plazas para el alumnado con necesidades educativas específicas en todos los centros públicos y concertados, las mantiene abiertas hasta el final de la matrícula y da a los ayuntamientos un papel central.

El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, publicó los resultados en junio de 2026. Con el índice de disimilitud, la proporción de alumnado extranjero que tendría que cambiar de centro para un reparto equilibrado bajó en primaria del 43% en 2018-2019 al 29% en 2025-2026, y en secundaria del 35% al 26%: caídas de más del 30% y de más del 25%. El porcentaje de municipios con un índice alto para el alumnado extranjero, por encima de 0,30, cayó del 40,2% al 10,8%. La presencia de alumnado extranjero en la concertada se ha duplicado, y la distancia con la pública se ha estrechado.

El Síndic también habla claro sobre los límites. La segregación socioeconómica, medida con el alumnado con necesidades ligadas a la desventaja social, se ha movido mucho menos: en primaria de 0,41 a 0,39 desde 2022-2023, y en secundaria de 0,33 a 0,31. La mejora viene de que más centros comparten la responsabilidad, mientras el alumnado vulnerable sigue muy concentrado en algunos.

Lo que hizo Madrid

Madrid tomó el otro camino. En el curso 2013-2014 convirtió toda la comunidad en una zona única de escolarización, y su Ley 1/2022, Maestra de Libertad de Elección Educativa, garantiza que las familias puedan elegir cualquier centro sin que el domicilio lo limite, manteniendo los criterios estatales de admisión. La mejor evaluación de esa política, de Lucas Gortázar, David Mayor y José Montalbán para FEDEA, separa dos reformas. El cambio de baremo de 2012-2013, que redujo los puntos por renta baja y añadió puntos para las familias con un antiguo alumno en el centro, aumentó la segregación, alrededor de un 3% por nivel educativo de los padres y un 13% por condición de inmigrante. La zona única en sí tuvo un efecto neutro una vez descontada la segregación residencial, aunque aumentó en torno a un 30% el número de alumnos asignados a un centro fuera de su distrito.

Ese hallazgo desmonta el relato favorito de los dos bandos. La elección puede convivir con colegios mezclados. Gran parte de la clasificación la hacen las reglas que deciden quién entra cuando un centro tiene más solicitudes que plazas, y los costes ocultos que alejan a las familias más pobres de algunos colegios.

Una respuesta de centro radical

España tiene la base legal. La LOMLOE de 2020 obliga a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para evitar la segregación por motivos socioeconómicos, a fijar una proporción equilibrada de alumnado con necesidad específica de apoyo en todos los centros públicos y concertados y a reservarle plazas hasta el final de la matrícula.

La izquierda tiene razón en que todo centro pagado con dinero público debe compartir la responsabilidad sobre el alumnado vulnerable, y Cataluña demuestra que la reserva de plazas aplicada por igual a públicos y concertados funciona en pocos años. La tradición liberal de mercado tiene razón al defender la libertad de las familias para elegir, y la evidencia de Madrid indica que una zona de elección amplia es compatible con menos segregación si las reglas de asignación son las adecuadas.

Nuestra respuesta las combina de una forma que ningún bando suele proponer. Las familias ordenan con libertad los centros de toda su comunidad. Cuando un centro tiene más solicitudes que plazas, un sistema central de asignación aplica una doble reserva de plazas ajustada al perfil socioeconómico de cada zona, como propusieron EsadeEcPol y Save the Children, y da más peso a la necesidad socioeconómica en el baremo. Los concertados reciben financiación suficiente, con inspección, para acabar con las cuotas voluntarias que alejan sin ruido a las familias más pobres. Y cada comunidad publica cada año un índice de segregación para cada municipio y distrito, como hace el Síndic en Cataluña, con una revisión automática de zonas y reservas allí donde el índice suba. Madrid podría empezar por los distritos con el índice más alto y medir el resultado frente a distritos parecidos, en la línea de nuestra propuesta de pilotos con grupo de control.

La defensa que hace Raghuram Rajan de las comunidades fuertes incluye una advertencia sobre las comunidades que se cierran. Un colegio que refleja a todo su barrio responde a esa advertencia cada mañana.