¿Qué es el régimen 28 o «EU Inc»? La empresa europea explicada

El régimen 28 es una de esas expresiones de Bruselas que suenan técnicas y significan algo sencillo. La UE tiene 27 Estados miembros y 27 derechos de sociedades. Una fundadora de Valencia que quiera contratar en Lisboa, conseguir dinero de un fondo de Ámsterdam y dar opciones sobre acciones a ingenieros de Cracovia tiene que lidiar con varios de ellos. El régimen 28 sería un conjunto más de normas, válido en toda la Unión y opcional: una empresa podría elegirlo y trabajar en todas partes con el mismo derecho societario, mientras todas las formas nacionales siguen existiendo como hasta ahora.

De dónde viene la idea

Enrico Letta la puso en la agenda en abril de 2024. Su informe sobre el mercado único, que explicamos en el informe Letta explicado, proponía un código europeo de derecho mercantil que diera a las empresas un régimen 28 para operar en el mercado único, y lo llamaba un cambio decisivo para las pymes. El informe Draghi sobre competitividad, de septiembre de 2024, pedía un estatuto europeo para las startups innovadoras. Ese mes de octubre un grupo de fundadores e inversores europeos lanzó una petición llamada EU Inc., que reunió unas 11.000 firmas en menos de dos semanas y pedía un reglamento, aplicable directamente en todas partes, y una empresa de un euro.

La Comisión hizo suya la idea en su Brújula para la Competitividad de enero de 2025, donde prometía un régimen 28 que simplificara normas, incluidos aspectos del derecho de sociedades, de insolvencia, laboral y fiscal, y la repitió en su estrategia para startups y empresas en expansión de mayo de 2025. El 20 de enero de 2026 el Parlamento Europeo la respaldó por 492 votos contra 144 en una resolución preparada por el socialdemócrata alemán René Repasi, que pedía un euro de capital, constitución en 48 horas, planes opcionales de acciones para empleados y un reglamento como instrumento, sin perjuicio del derecho laboral.

Europa ya lo ha intentado antes. La sociedad anónima europea, la Societas Europaea, existe desde 2004, pero exige al menos 120.000 euros de capital suscrito, y la propia Comisión reconoce que ese mínimo y sus reglas de constitución la hacen poco adecuada para las startups. Una sociedad privada europea más ligera se propuso en 2008 y se retiró en 2014.

Lo que propuso la Comisión

La propuesta llegó el 18 de marzo de 2026, como reglamento basado en el artículo del Tratado sobre el mercado interior y con el nombre de EU Inc. Sus rasgos principales son estos.

La constitución pasa por una interfaz central europea conectada con los registros mercantiles. Si los fundadores usan el formulario armonizado y los estatutos modelo europeos, los Estados tienen que hacer sus controles e inscribir la empresa en 48 horas, con un coste de no más de 100 euros. No hay capital mínimo; para proteger a los acreedores, cualquier reducción de capital debe superar una prueba de balance y otra de solvencia. Cualquier empresa puede usar la forma, nueva o ya existente, por constitución, transformación, fusión o escisión, y recibe un identificador único europeo.

Para las empresas que crecen, quizá lo más valioso sea el plan europeo de opciones sobre acciones para empleados. Según la propuesta, la renta de esas opciones tributa solo cuando el empleado vende las acciones, y no cuando se conceden, se consolidan o se ejercen. Las startups que se consideren innovadoras tienen además un procedimiento de liquidación digital simplificado.

Lo que la propuesta deja fuera importa tanto como lo que incluye. La Comisión dice que las disposiciones que tocan la fiscalidad y la participación de los trabajadores no pretenden armonizar esos ámbitos. La participación de los trabajadores en los órganos de la empresa sigue las normas del Estado donde esté el domicilio social. Así que, pese a la promesa de la Brújula, el derecho laboral y casi toda la fiscalidad siguen siendo nacionales.

En qué punto está y qué se discute

El Consejo adoptó su posición negociadora el 23 de octubre de 2026, bajo la presidencia irlandesa. Según el despacho Freshfields, eliminó por completo el capítulo de insolvencia y dejó la liquidación en manos del derecho nacional, y Euronews informa de que se alejó del registro central en favor de soluciones nacionales. En el Parlamento, la comisión de asuntos jurídicos no ha votado su informe. Repasi había propuesto que, si fracasa la negociación entre dirección y trabajadores, se aplique el nivel de participación más alto de los países implicados; esa idea se abandonó, y la votación se ha aplazado más de una vez. Los líderes europeos habían pedido aprobarlo antes de que acabe 2026, y las negociaciones a tres bandas no han empezado.

Las objeciones llegan por dos lados. En un acto del Comité Económico y Social Europeo en abril de 2026, representantes sindicales advirtieron de que los derechos de participación seguirían al domicilio registrado, y no al lugar donde se toman las decisiones, lo que abre la puerta a las sociedades buzón y a elegir las normas más débiles. La Cámara Federal de Notarios de Alemania ha cuestionado la base jurídica y ha avisado de que unos controles de identidad ligeros favorecen las sociedades pantalla y el blanqueo. Del otro lado, fundadores e inversores advirtieron en septiembre de 2026 de que, si se debilitan el registro central y el trato fiscal de las opciones, la ley podría quedar inservible.

Nuestra lectura

Para España, EU Inc. es un espejo. Como mostramos en emprender sin gincana, la ley española ya promete una sociedad en horas por unos 100 euros de aranceles, y el 29 % de las nuevas sociedades limitadas sigue esperando más de diez días.

Nuestra posición toma de la izquierda la exigencia de que la participación de los trabajadores y las obligaciones fiscales se mantengan dondequiera que se registre la empresa, con controles serios contra las sociedades pantalla, escritos en el articulado de la ley. Toma de la tradición liberal de mercado el núcleo del diseño de la Comisión: una forma societaria opcional, 48 horas, sin capital mínimo y opciones que tributan al vender, porque las empresas que pueden contratar y repartir la propiedad en 27 países crecen más deprisa. La idea que no encaja en ningún bando es que la protección y la rapidez salgan de la misma herramienta. La cartera europea de identidad digital, que los Estados deben ofrecer según el reglamento eIDAS de 2024, permite verificar a distancia a los fundadores con su identidad nacional, de modo que el plazo de 48 horas y un control de identidad de verdad dejan de competir entre sí. Y EU Inc. debería tratarse como una referencia: si los emprendedores españoles empiezan a elegir la forma europea en lugar de la SL, España sabrá exactamente qué partes de su propio derecho de sociedades tiene que arreglar.