El Pacto por una Industria Limpia explicado: el plan de la UE para energía barata e industria verde

El Pacto por una Industria Limpia es la respuesta de la Comisión Europea a un temor muy concreto: que Europa se descarbonice cerrando sus fábricas. Se presentó el 26 de febrero de 2025 con el título oficial de «hoja de ruta común para la competitividad y la descarbonización», y su apuesta es que ambas cosas pueden ir juntas si la energía se abarata y los productos limpios encuentran comprador. Sale directamente del diagnóstico del informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea, que puso los precios de la energía y la brecha de innovación en lo alto de la lista (lo explicamos en nuestro artículo sobre el informe Draghi). La energía barata y limpia importa también para uno de los problemas que Democracia 21 planteó en su presentación, crecer por productividad, que recogimos en nuestro mapa de las propuestas del partido.

Lo que puso la Comisión sobre la mesa

La comunicación, COM(2025) 85, arranca de la factura energética. Dice que los precios de la energía en Europa son más altos y más volátiles que los de sus socios comerciales, sobre todo porque la UE importa combustibles fósiles. El Plan de Acción por una Energía Asequible que la acompaña pone cifras: para un consumidor industrial mediano, la electricidad en 2023 seguía un 97 % por encima de su media de 2014–2020, y la factura de importaciones fósiles de la UE llegó a 604.000 millones en 2022.

El pacto se ordena en torno a seis palancas para las empresas: energía asequible, mercados líderes, financiación, circularidad y acceso a materiales, mercados y alianzas globales, y capacidades. El titular es que movilizará más de 100.000 millones para la fabricación limpia hecha en la UE.

En energía, el plan de acción tiene ocho medidas. Pide a los Estados que bajen los impuestos nacionales sobre la electricidad, propone un método para que los peajes de red reflejen los costes reales del sistema, quiere permisos más rápidos para renovables y redes, e impulsa los contratos de suministro a largo plazo para que las facturas de hogares e industria dejen de seguir al precio del gas. La Comisión calcula ahorros de 45.000 millones en 2025, 130.000 millones al año en 2030 y 260.000 millones al año en 2040. Entre los objetivos del propio pacto están pasar del 21,3 % al 32 % de electrificación del consumo energético en 2030 e instalar 100 GW de renovables al año hasta entonces.

En la demanda, la Comisión quería crear mercados líderes para productos limpios, con criterios de sostenibilidad, resiliencia y contenido europeo en la contratación pública y privada, y una etiqueta voluntaria de intensidad de carbono que empezaría por el acero. En el dinero, propuso un Banco de Descarbonización Industrial con el objetivo de reunir 100.000 millones a partir del Fondo de Innovación, parte de los ingresos del comercio de emisiones y un InvestEU reformado, que sumaría unos 50.000 millones de financiación. Prometió un nuevo marco de ayudas de Estado para aprobarlas más deprisa. En materiales, fijó llegar a un 24 % de uso circular de materiales en 2030, desde el 11,8 %, con una Ley de Economía Circular prevista para 2026.

Lo que ha pasado de verdad desde entonces

Lo primero en llegar fue el marco de ayudas. El Marco de Ayudas de Estado del Pacto por una Industria Limpia, conocido como CISAF, se adoptó el 25 de junio de 2025 y cubre renovables, descarbonización industrial y fabricación de tecnologías limpias. España ya lo usa. En diciembre de 2025 la Comisión aprobó un régimen español de 408 millones, pagado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para descarbonizar plantas existentes de química, cerámica, papel y metalurgia mediante electrificación, hidrógeno renovable o bajo en carbono, recuperación de calor residual y captura de carbono.

El Banco de Descarbonización Industrial sigue siendo un objetivo. Sus ensayos son subastas del Fondo de Innovación. La primera subasta piloto de calor industrial limpio cerró en febrero de 2026 con 85 ofertas de 14 países que pedían 1.400 millones para un presupuesto de 1.000 millones. En mayo de 2026 la Comisión seleccionó 65 proyectos en 10 países, con unos 766 MW de capacidad térmica y 16,3 TWh de calor descarbonizado en sus cinco primeros años. La subasta de hidrógeno celebrada a la vez recibió peticiones por 8.400 millones para 1.300 millones disponibles. España participó mediante lo que la Comisión llama subastas como servicio: añadió 490 millones de dinero nacional (440 para hidrógeno y 50 para calor) para financiar proyectos españoles a través de la misma competición europea. Una segunda subasta de calor, de 1.000 millones, abre a principios de diciembre de 2026.

La parte de la demanda ha ido más despacio. Lo que se anunció como Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial para finales de 2025 llegó el 4 de marzo de 2026 como Ley de Aceleración Industrial. Según el servicio de estudios del Parlamento Europeo, fija como meta que la industria manufacturera llegue al 20 % del PIB de la UE en 2035, desde el 14,3 % de 2024. Exige cuotas mínimas de acero, hormigón y aluminio bajos en carbono en la contratación pública y en los programas de ayudas para edificios, infraestructuras y vehículos a partir de 2029, vincula el apoyo a los vehículos de cero emisiones al montaje y al contenido europeos, da a cada país una ventanilla única y un procedimiento de permiso único, y le pide designar al menos una zona de aceleración industrial. También pone condiciones a las inversiones extranjeras de más de 100 millones en baterías, coches eléctricos, solar y materias primas críticas cuando un tercer país tenga más del 40 % de la capacidad mundial. La hoja de ruta «Una Europa, un mercado» fija finales de 2026 como plazo para cerrar un acuerdo; el Parlamento y el Consejo todavía no han fijado su posición.

Una lectura desde el centro radical

La izquierda acierta al pedir una estrategia industrial común con dinero público detrás. Sin ella, la descarbonización se convierte en una exportación lenta de acero, química y empleo. La tradición liberal de mercado acierta al recordar que la energía barata sale sobre todo de mercados integrados, competencia, interconexiones y permisos rápidos, y que una carrera de subvenciones entre Estados trocea el mercado único. Unas reglas de ayudas más laxas ayudan sobre todo a los Gobiernos con más margen fiscal.

La subasta de calor enseña una manera de sostener las dos cosas. Es neutral en tecnología, europea y competitiva: cada empresa dice cuánta ayuda necesita por tonelada evitada y ganan las más baratas. La aportación española demuestra que un presupuesto nacional puede subirse a esa competición en lugar de montar la suya. La posición del centro radical es convertir esto en la norma del Banco de Descarbonización Industrial y de las ayudas nacionales bajo el CISAF: pagar por tonelada de CO2 evitada o por megavatio hora entregado, publicar cada oferta y cada resultado, y cortar la financiación de forma automática donde los proyectos no cumplan. Las reglas de contenido de la Ley de Aceleración Industrial deberían pasar la misma prueba, medida por lo que añaden al precio por tonelada de un edificio público.