Un gran pacto de formación para España: cuentas personales que acompañan al trabajador

La regla de Matthew Miller para un gran pacto es sencilla. La izquierda acepta herramientas de mercado en lugar de un programa público tradicional más grande, y la derecha pone un dinero proporcional al tamaño del problema. España tiene un problema que encaja casi a la perfección en esa regla: la formación de adultos. El dinero ya está ahí, buena parte se queda sin gastar y quienes más necesitan formarse son quienes menos lo consiguen.

Lo que tiene España hoy

La mayor parte de la formación para el empleo en España pasa por FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Cada empresa recibe un crédito de formación calculado como un porcentaje de la cuota de formación profesional que cotizó el año anterior, más alto cuanto más pequeña es la empresa, y recupera el coste de los cursos mediante bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

El balance de FUNDAE de 2025 muestra un sistema grande y poco profundo. La formación programada por las empresas llegó a 6.124.445 participantes en cursos organizados por 348.443 empresas, un récord. Esos cursos sumaron 80 millones de horas, una media de 13,1 horas por participante. Sobre el total de asalariados del sector privado, el 23 % recibió formación organizada por su empresa.

El dinero cuenta la misma historia. Las empresas dispusieron en 2025 de 674,3 millones de euros de su crédito de formación, el 52 % del crédito asignado. Es decir, unos 620 millones de euros asignados a las empresas en un solo año se quedaron sin usar. Las empresas de 10 a 49 trabajadores fueron las que menos aprovecharon lo que tenían.

La vía individual es diminuta. España tiene un permiso individual de formación retribuido, que permite a un trabajador hacer en horario laboral un curso que elige él. En 2025 se completaron 6.899 permisos, con una media de 77,1 horas cada uno. Es una duración razonable, al alcance de un puñado de personas en una economía que cerró 2025 con 21.844.414 afiliados a la Seguridad Social.

El mercado de trabajo por el que se mueven esos trabajadores ha cambiado. Al presentar los datos de cierre de 2025, la ministra de Seguridad Social señaló que nueve de cada diez afiliados tienen ya un contrato indefinido; antes de la reforma laboral de 2021, tres de cada diez ocupados tenían un contrato temporal. Que haya contratos más estables es una buena noticia. También significa que el siguiente paso en la carrera de un trabajador será más a menudo un cambio voluntario de empleo o de sector, y un derecho de formación atado a la empresa actual le sirve mal.

Lo que recomienda Europa

La UE ya ha diseñado la alternativa. El 16 de junio de 2022 los ministros de Empleo aprobaron una recomendación del Consejo sobre cuentas individuales de aprendizaje. La Comisión describe su objetivo como garantizar a todo el mundo el acceso a una formación de calidad durante toda la vida laboral, tenga empleo o no. Cada adulto en edad de trabajar acumula y conserva derechos de formación con el tiempo y los gasta, por iniciativa propia, en formación acreditada, orientación o reconocimiento de competencias. La recomendación pide acompañar las cuentas con un registro nacional de formación elegible y con permisos retribuidos de formación para los asalariados.

Francia tiene la versión más conocida. Su Compte personnel de formation abona 500 euros al año a quien trabaja al menos a media jornada, hasta un tope de 5.000 euros. Los trabajadores sin una cualificación profesional básica reciben 800 euros al año, hasta 8.000. La mayoría de los cursos exige además una aportación personal de 150 euros, actualizada con la inflación cada enero, que la empresa puede asumir.

La propuesta

España debería crear una cuenta personal de formación para cada adulto en edad de trabajar, ya sea asalariado, autónomo o parado, abierta de oficio y visible en su expediente de la Seguridad Social.

Cada año la cuenta recibe un crédito de 400 euros, hasta 4.000, y de 700 euros, hasta 7.000, para los trabajadores sin estudios postobligatorios. El crédito no usado sigue con la persona cuando cambia de empresa, se hace autónoma o pierde el empleo. El crédito es un derecho que solo se paga cuando se usa, así que su coste sigue a la demanda real.

La cuenta se gasta en cualquier curso de un registro público de formación acreditada, desde certificados profesionales hasta módulos universitarios y el reconocimiento de competencias aprendidas en el trabajo. Cada proveedor del registro publica, curso a curso, las tasas de finalización y el empleo y los ingresos de sus antiguos alumnos un año después, a partir de los datos de la Seguridad Social. Los proveedores que no alcancen un mínimo salen del registro.

Los trabajadores obtienen el derecho a un permiso retribuido para usar la cuenta, sobre la base del permiso individual de formación que ya existe, con el coste del salario durante el permiso repartido entre la cuenta y el crédito de formación de la empresa.

La financiación empieza por lo que ya existe. La parte del crédito de formación de las empresas que cada año se queda sin gastar, unos 620 millones de euros en 2025, pasa a las cuentas. Las empresas conservan el crédito que usan para su propia formación, y las pequeñas mantienen sus porcentajes más altos.

Por qué deberían firmarlo ambos lados

Es un gran pacto en el sentido de Miller. La izquierda obtiene dinero a la escala del problema, créditos mayores para los menos cualificados y un derecho real a tiempo pagado para aprender. La derecha obtiene un dinero que sigue a la persona, competencia abierta entre proveedores públicos, privados y sociales y una formación juzgada por resultados que cualquiera puede leer.

La idea que no encaja en ninguna de las dos tradiciones es la que sostiene el paquete. Un derecho de formación que pertenece al trabajador y viaja con él entre contratos, empresas y periodos de paro trata las competencias como parte de su ciudadanía en el mercado de trabajo, y los resultados publicados hacen que ese derecho valga la pena. España ya paga la formación. Poner la mitad no usada de ese dinero en manos de los propios trabajadores, con información honesta sobre lo que da cada curso, es el pacto que pueden ganar las dos partes.