Flexiseguridad con suelo garantizado para España: una mochila de despido portátil para cada trabajador

España está a punto de reabrir la norma más delicada de su legislación laboral: el precio de un despido. La presión llega de Estrasburgo. En 2024 el Comité Europeo de Derechos Sociales, a raíz de una reclamación de UGT, concluyó que la indemnización española por despido improcedente vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea: es demasiado baja para reparar el daño en todos los casos y demasiado baja para disuadir a la empresa. Una segunda reclamación, de CCOO, dio lugar a otra resolución, y el 17 de junio de 2026 el Comité de Ministros del Consejo de Europa pidió a España una reforma legislativa para que la indemnización refleje el daño real y los tribunales puedan ordenar la readmisión cuando sea el remedio adecuado.

El Gobierno quiere actuar antes de las elecciones de 2027. La patronal quiere frenarlo. Es exactamente el tipo de pulso en el que pensaba Anthony Giddens al escribir La tercera vía: seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas, presentadas casi siempre como un intercambio en el que alguien pierde. Una respuesta de centro radical puede dar a ambas partes más de lo que de verdad necesitan.

Dónde estamos

Hoy la indemnización por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado, hasta 24 mensualidades, una regla que generalizó la reforma de 2012; el Estatuto de los Trabajadores original permitía llegar a 42 mensualidades. En julio de 2025 el Tribunal Supremo resolvió que los jueces no pueden elevar esa cantidad por su cuenta, y cerró la vía que algunos tribunales superiores usaban para conceder compensaciones adicionales al amparo de la Carta.

Según lo publicado en junio de 2026, el borrador del Ministerio de Trabajo va en la dirección contraria. Fijaría un suelo que el juez no podría rebajar, elevaría la escala a 45 días por año con un tope de 42 mensualidades, permitiría a los jueces añadir una compensación por mayor daño en función de la edad, el género, la formación o el sector, recuperaría los salarios de tramitación y daría al trabajador, y no a la empresa, la decisión de volver cuando el despido se declare improcedente. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dice que amenaza la seguridad jurídica. El borrador necesita en el Congreso una mayoría que el Gobierno no tiene garantizada.

Las dos partes tienen razón en algo. Un despido sin causa que sale demasiado barato invita al abuso, y el Consejo de Europa hace bien en decirlo. Un despido cuyo coste depende de cómo valore un juez las circunstancias personales es difícil de prever para una empresa pequeña, y la incertidumbre sobre el coste de despedir vuelve a las empresas más prudentes a la hora de contratar.

Dos modelos europeos

Austria resolvió la mitad de este problema hace dos décadas. Con su Abfertigung Neu, que cubre todos los contratos iniciados desde 2003, la empresa ingresa el 1,53% del salario bruto mensual del trabajador, a partir del segundo mes, en un fondo de previsión. El dinero queda en una cuenta a nombre del trabajador. Crece de forma continua, le acompaña de un empleo a otro (de ahí lo de la mochila) y la ley garantiza al menos las aportaciones realizadas. Tras tres años de cotizaciones, que se suman entre empresas, el trabajador puede cobrarla si le despiden, si termina un contrato temporal o si hay mutuo acuerdo. Si se marcha por voluntad propia, no pierde nada: el dinero sigue invertido. Al final puede cobrarlo, trasladarlo al fondo de la nueva empresa o convertirlo en pensión.

Dinamarca resolvió la otra mitad. Su modelo de flexiseguridad, tal como lo describe el propio Gobierno danés, tiene tres piezas: las empresas pueden contratar y despedir sin costes de despido excesivos; quien cotiza a un fondo de seguro de desempleo puede cobrar hasta dos años de prestación; y el Estado organiza formación, recualificación y orientación para que la gente vuelva pronto al trabajo.

España ya tiene una pieza de la mitad danesa. La reforma del subsidio por desempleo de 2024 creó el complemento de apoyo al empleo, que permite conservar parte de la prestación hasta 180 días después de aceptar un trabajo, para que aceptar un empleo nunca empobrezca a nadie.

La propuesta: flexiseguridad con suelo garantizado

España debería construir un acuerdo en tres partes.

Una mochila de despido para cada trabajador. Toda empresa ingresa cada mes una cotización en una cuenta personal y portátil de despido, gestionada por un fondo regulado y con garantía legal de capital, según el modelo austriaco. Un tipo cercano al 1,53% austriaco es un punto de partida sensato. La cuenta se cobra en cualquier despido con causa legal y al terminar un contrato temporal; la indemnización que debe la empresa por un despido procedente se paga primero con la cuenta, y la empresa cubre la diferencia durante un periodo de transición. Si el trabajador se va por voluntad propia, el dinero sigue siendo suyo y sigue creciendo, y al jubilarse se convierte en un complemento de pensión.

Una sanción aparte para el despido improcedente. El despido que un juez declara improcedente cuesta más, además de la mochila. Esa sanción tiene un mínimo legal que ningún juez puede rebajar y una escala que las empresas pueden conocer de antemano, y los jueces pueden añadir una compensación por daños probados y concretos dentro de horquillas publicadas. Cuando el despido es discriminatorio o una represalia, el trabajador decide si vuelve. Así cumple España con el Consejo de Europa: la sanción por saltarse las reglas repara y disuade, y el coste de cumplirlas se conoce.

Un suelo garantizado con camino de vuelta. Toda persona en paro está cubierta por un suelo de ingresos, con el complemento de apoyo al empleo ampliado para que aceptar cualquier empleo siempre compense, y con servicios de recualificación y colocación al estilo danés que empiezan en las primeras semanas de paro. El principio de Giddens, ningún derecho sin responsabilidad, se aplica en las dos direcciones: la persona en paro acepta la ayuda y las ofertas, y las empresas cuyos despidos se declaran improcedentes una y otra vez pagan una cotización más alta a la mochila.

Por qué sirve a las dos partes

El paquete mantiene en su núcleo un compromiso de izquierdas: el despido sin causa tiene un coste disuasorio y una reparación real, y nadie cae por debajo de un suelo. Mantiene también uno liberal de mercado: los despidos procedentes tienen un coste previsible y ya financiado, las empresas pequeñas pueden planificar y los trabajadores pueden cambiar de empleo sin perder una indemnización acumulada durante años. Y añade la idea que no encaja en ninguna de las dos tradiciones, que Halstead y Lind pusieron en el centro del centrismo radical: una protección que pertenece a la persona. Una cuenta de despido a nombre del trabajador, que viaja de empleo en empleo y acaba convertida en pensión, es un patrimonio, el tipo de capital propio que el centro radical quiere que tenga cada ciudadano a lo largo de su vida.

España va a cambiar sus reglas de despido de un modo u otro. El Gobierno y los sindicatos pueden ganar un coste disuasorio, la patronal puede ganar previsibilidad y cada trabajador puede salir de la negociación siendo dueño de algo.