El Estado de inversión social de Giddens en la Europa de 2026: lo que dicen los datos de la UE

Cuando Anthony Giddens escribió La tercera vía en 1998 dio a la política social europea una de sus expresiones más duraderas. El Estado del bienestar, sostenía, debía convertirse en un Estado de inversión social. El dinero público debía aumentar el capital humano del país, había que animar a cada ciudadano a invertir en sus propias capacidades y la igualdad debía entenderse como inclusión: oportunidades reales para que cada cual mejore su posición.

Casi treinta años después, la idea está por todas partes en la política europea. El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en 2017, recoge 20 derechos y principios, y su plan de acción de 2021 fijó tres objetivos para 2030: al menos un 78% de las personas de 20 a 64 años con empleo, un 60% de adultos formándose cada año y 15 millones de personas menos en riesgo de pobreza o exclusión social, 5 millones de ellas niños. En julio de 2026 la Comisión publicó su revisión. Es buen momento para preguntarse, con números, cómo le va a la inversión social.

Empleo: el objetivo al alcance

Las cifras de Eurostat, publicadas en abril de 2026, sitúan la tasa de empleo de la UE para las personas de 20 a 64 años en el 76,1% en 2025: 197,7 millones de personas y la proporción más alta desde que empezó la serie en 2009. Subió 0,3 puntos respecto a 2024 y 0,8 respecto a 2023. El think tank progresista FEPS cita una lectura más reciente del 76,3%. El objetivo del 78% está cerca.

Las medias esconden a las personas que Giddens más quería incluir. La tasa de empleo de los hombres fue del 80,9% y la de las mujeres del 71,3%, una brecha de 9,6 puntos. En Italia la brecha es de 19,1 puntos y solo el 58% de las mujeres de 20 a 64 años trabaja. Le siguen Rumanía y Grecia. En el otro extremo, Estonia casi no tiene brecha y en Lituania las mujeres trabajan algo más que los hombres. Los países que cierran la brecha suelen ser los que hacen compatible el trabajo con la crianza, y eso nos lleva a la escuela infantil.

Escuelas infantiles: la inversión social más clara

Si alguna política encaja en la definición de Giddens, es la educación infantil. Desarrolla las capacidades de los niños cuando son más moldeables y permite trabajar a sus padres, sobre todo a las madres. La UE fijó sus primeros objetivos de atención a la infancia, los llamados objetivos de Barcelona, en 2002, y los Estados miembros adoptaron otros nuevos en diciembre de 2022: en 2030, al menos el 45% de los menores de tres años debería estar en educación o cuidado infantil formal.

Las últimas cifras de la Comisión dan un 39,3% en 2024, 5,7 puntos por debajo. La dispersión es enorme. Países Bajos llegó al 78,9%; Eslovaquia, al 5,1%. España está entre los que más han avanzado, con una subida de 15,3 puntos entre 2015 y 2024. La Comisión señala el coste como una de las principales barreras para las familias desfavorecidas y propone como remedio plazas gratuitas o tarifas en función de la renta.

Esta es la inversión social en su versión más eficaz. Una plaza de escuela infantil es un servicio que la familia usa con naturalidad en cuanto existe y es asequible. Nadie tiene que rellenar un plan de formación ni elegir entre proveedores para beneficiarse.

Formación de adultos: donde el trampolín se hunde

La tercera pata es el aprendizaje a lo largo de la vida, y aquí la distancia es mayor. El objetivo es que el 60% de los adultos se forme cada año en 2030. FEPS sitúa el último dato en el 39,5%. La reducción de la pobreza también va muy por detrás de su meta, y la propia revisión de la Comisión califica el avance de desigual. Su comunicación de julio de 2026 fija tres prioridades para los próximos años: la asequibilidad y el coste de la vida, aprovechar la inteligencia artificial para el futuro del trabajo y una prosperidad compartida, y reducir las desigualdades.

La formación de adultos depende de que cada persona decida formarse, encuentre un curso, consiga tiempo libre y calcule si le compensará. Quienes más la necesitan, los trabajadores con poca cualificación en empresas pequeñas, se topan con todos esos obstáculos a la vez. Un trampolín que hay que buscar, montar y subir uno mismo ayuda sobre todo a quienes ya estaban en forma.

Lo que la evidencia le dice a un centro radical

Al juntar los tres resultados aparece un patrón. La inversión social funciona cuando el Estado construye algo que la gente simplemente usa: una plaza de escuela infantil, un colegio, una oficina de empleo que de verdad coloca a la gente. Se queda atrás cuando depende de que cada persona se oriente sola en un mercado de opciones.

De ahí sale una posición que toma algo de cada tradición. De la izquierda: los servicios públicos universales, y la educación infantil por encima de todo, son un derecho y la herramienta más eficaz contra la desventaja heredada, así que el objetivo del 45% debe tratarse como un suelo. Del lado liberal de mercado: el gasto social es una inversión y debe juzgarse por lo que devuelve en empleo, ingresos y autonomía, con resultados publicados programa a programa. Y de ninguna de las dos: la política social debe seguir el ciclo vital y poner el dinero donde se forman las capacidades. Primero la escuela infantil, después el momento a mitad de carrera en que alguien cambia de empleo o de sector.

En la formación de adultos, eso significa diseñar el trampolín para que vaya hacia la persona. Derechos de formación en una cuenta personal, acreditados de forma automática y que viajan de un empleo a otro, con tiempo pagado para usarlos y resultados publicados de cada centro, convierten una elección que solo hacen los más seguros en una opción por defecto que tiene todo el mundo. Giddens le dio a Europa el objetivo. Los datos de 2026 muestran que la ejecución tiene que ser tan automática como una plaza en la escuela infantil.