# Cláusulas de caducidad y evaluación: la reforma gradual de Popper aplicada a las leyes españolas > La ingeniería social gradual de Karl Popper trata cada reforma como un experimento limitado que se observa y se corrige. España ya tiene las piezas para hacerlo con sus leyes: la Ley 50/1997 y el Real Decreto 286/2017 seleccionan normas para evaluarlas a posteriori, y la Ley 27/2022 creó un sistema de evaluación con una agencia independiente. La propuesta del centro radical las une a una cláusula de caducidad: cada ley importante dice de antemano qué cuenta como éxito, la agencia la evalúa y sus nuevas potestades y cargas decaen en una fecha conocida salvo que las Cortes las renueven a la vista de la evidencia. - URL: https://www.radicalcentre.eu/es/articulos/clausulas-de-caducidad-evaluacion-popper-leyes - Language: es - Publisher: radical centre / centro radical - Published: 2026-10-26 - Topic: Democracia e instituciones - Author: radical centre - Licence: CC BY 4.0 ## Key points - La ingeniería social gradual de Popper persigue un objetivo cada vez para detectar y corregir los efectos secundarios; la Stanford Encyclopedia of Philosophy dice que es el equivalente exacto de la contrastación crítica de teorías científicas. - La ley española ya exige evaluar a posteriori normas seleccionadas por su eficacia, su eficiencia y su sostenibilidad (Ley 50/1997, art. 28; Real Decreto 286/2017, art. 3). - El Informe Anual de Evaluación Normativa 2024 mide cuánto se aprobó del plan (el 44,95 % de 198 iniciativas) y no tiene un capítulo sobre lo que consiguieron las leyes evaluadas. - Alemania dio carácter temporal a sus poderes de seguridad posteriores al 11-S, los evaluó y en 2011 propuso suprimir los que no se habían usado. - Nuestra propuesta: las leyes importantes llevan una prueba declarada, una evaluación independiente de la agencia estatal y una fecha de caducidad para sus nuevas potestades y cargas, con renovación por mayoría simple en las Cortes. Karl Popper quería que la política aprendiera como aprende la ciencia. En *La sociedad abierta y sus enemigos* (1945) y en *La miseria del historicismo* defendió lo que llamó ingeniería social gradual: elegir un mal concreto, diseñar una reforma limitada contra él, observar qué pasa y corregir. La Stanford Encyclopedia of Philosophy lo resume bien: el método es el equivalente exacto de la contrastación crítica de teorías en la investigación científica. Cada acción persigue un objetivo cada vez, y así sus efectos secundarios se pueden ver y arreglar. El libro ya lo contamos en nuestro [artículo sobre Popper](/es/articulos/karl-popper-la-sociedad-abierta-explicado). Aquí tomamos el método y lo convertimos en una regla para hacer leyes en España. Una ley es una conjetura sobre el mundo: si hacemos esto, pasará aquello. Las conjeturas se contrastan, y la cláusula de caducidad pone fecha a esa prueba. ## Lo que España ya tiene España metió la evaluación en su manera de legislar hace años, y el marco es mejor que su fama. El artículo 25 de la Ley 50/1997 del Gobierno obliga a aprobar un Plan Anual Normativo, y ese plan debe señalar las normas cuyos resultados se analizarán una vez en vigor. El artículo 28 obliga después al Consejo de Ministros a aprobar, antes del 30 de abril de cada año, un informe que recoja esas evaluaciones. Tienen que examinar si la norma ha conseguido los fines para los que se aprobó, si impone cargas innecesarias y si es sostenible, y el informe puede recomendar modificarla o derogarla. El Ministerio de la Presidencia comprueba además que la memoria de impacto de cada proyecto incluya un sistema de evaluación posterior cuando sea preceptivo. El Real Decreto 286/2017 concreta los detalles. Enumera ocho criterios para escoger las normas que se evalúan, entre ellos un coste o ahorro presupuestario significativo, un cambio relevante en las cargas administrativas, un impacto relevante en los derechos y libertades constitucionales, los efectos sobre la competencia y las pymes, y un impacto relevante de género o sobre la infancia y la familia. Y crea una Junta de Planificación y Evaluación Normativa, interministerial, que redacta el plan y el informe. Después llegó la Ley 27/2022, que montó un sistema más amplio de evaluación de políticas públicas. Los ministerios deben evaluar antes y después las políticas con impacto presupuestario notable o grandes efectos sociales o económicos; las que duran cuatro años o más necesitan también una evaluación intermedia. Los informes finales se publican en el plazo de un mes, y el órgano responsable tiene dos meses para responder a las recomendaciones y justificar las que no piensa aplicar. La ley autorizó una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, cuyo estatuto aprobó en febrero el Real Decreto 65/2026, adscrita al Ministerio de Economía, que debe rendir cuentas cada año ante las Cortes. El punto débil se ve en el propio informe anual. La edición de 2024, publicada en el Portal de la Transparencia, destaca que es el quinto año seguido que el Gobierno lo aprueba y lo publica. Sus capítulos cuentan iniciativas: del plan de 2024 se había aprobado el 44,95 % de 198, y otro 15,66 % estaba en tramitación. Siguen la ejecución ministerio por ministerio y enumeran las directivas europeas incorporadas. No hemos encontrado ningún capítulo sobre lo que consiguieron las normas seleccionadas para evaluación. España mide a qué ritmo legisla y cuenta poco en público sobre si sus leyes funcionan. ## Lo que hace una fecha límite Otros países añaden la pieza que falta con una fecha. Tras los atentados de 2001, Alemania dio a sus servicios de seguridad más poderes y les puso plazo. La ley complementaria de 2007 exigió evaluarlos, y esos poderes duraban hasta el 10 de enero de 2012. En 2011, según explica el propio Bundestag, el Gobierno propuso mantener cuatro años más solo los que la evaluación había considerado imprescindibles. Suprimió la facultad de pedir información sobre las circunstancias del tráfico postal y la de usar medios técnicos dentro de viviendas para proteger a los agentes, que no se habían usado en el periodo evaluado. Eso es Popper en una comisión parlamentaria: llegó la evidencia y las partes de la ley que no se habían ganado su sitio decayeron. El Reino Unido aplicó la misma lógica en la Coronavirus Act 2020. Su sección 89 hacía expirar la ley dos años después de aprobarse, y la sección 98 obligaba a votar en los Comunes cada seis meses si sus disposiciones temporales debían seguir; si la votación fracasaba, el Gobierno tenía que ponerles fin en 21 días. La Comisión Europea trabaja con una idea pariente, el principio de «evaluar primero», según el cual la evaluación de una norma existente precede a cualquier trabajo para revisarla. ## La propuesta Unir las piezas españolas a un reloj a la alemana. Toda ley que supere el umbral de la Ley 27/2022, o los criterios del Real Decreto 286/2017, fija su prueba al redactarse. La memoria de impacto dice para qué sirve la ley, qué indicador lo mostrará, qué resultado contaría como fracaso y cuándo se evaluará. La [comparación de alternativas reales](/es/articulos/comparar-alternativas-reales-memoria-impacto-normativo) que propusimos para esa misma memoria le da al evaluador una línea de base con la que medir. Las nuevas potestades, obligaciones, subvenciones y cargas administrativas que cree esa ley llevan una fecha de caducidad, normalmente entre cinco y ocho años después, escrita en el texto. Los derechos adquiridos y los contratos firmados quedan protegidos durante la transición. Un año antes de esa fecha, la agencia estatal publica su evaluación, que incluye quién ha ganado y quién ha perdido. El Gobierno propone entonces renovar, modificar o dejar decaer, y las Cortes votan. La renovación exige mayoría simple. Se puede renovar en parte, como hizo Alemania. El Informe Anual de Evaluación Normativa gana un capítulo de verdad: los resultados de cada ley que haya llegado a su fecha de evaluación y lo que se decidió con ella. Para las normas ya vigentes, el plan anual programa cada año un tramo de leyes antiguas que se revisan del mismo modo. En la presentación de Democracia 21, el 10 de octubre, Miriam González pidió eliminar las trabas al emprendimiento ([nuestro mapa de su discurso](/es/articulos/democracia-21-miriam-gonzalez-propuestas-centro-radical) recoge el resto). Una revisión programada del acervo normativo permite a cualquier Gobierno hacerlo con la evidencia en la mano, tramo a tramo. La izquierda obtiene la garantía de que las leyes se juzgan por lo que hacen por la gente para la que se escribieron, con una cuenta pública de quién gana y quién pierde. La tradición liberal de mercado obtiene menos normas acumuladas, leyes que tienen que demostrar su valor para sobrevivir y fechas de caducidad conocidas desde el primer día, que son una forma de seguridad jurídica. La pieza que no pertenece a ningún bando es la falsabilidad de Popper convertida en procedimiento: cada ley importante dice de antemano qué evidencia demostraría que se equivoca, y su renovación depende de esa evidencia. Dos decisiones de diseño impiden que esto alimente la [vetocracia](/es/articulos/que-es-la-vetocracia-fukuyama-dunkelman) de la que escribimos hace unos días. La mayoría simple para renovar impide que una minoría de bloqueo use el plazo como rehén. Y la votación llega en una fecha fija con la evaluación ya publicada, de modo que el debate se hace sobre datos. Los [pilotos de políticas públicas](/es/articulos/pilotos-de-politicas-publicas-espana-experimentar-antes) prueban una idea antes de que sea ley; la cláusula de caducidad la sigue probando después, mientras siga en vigor. ## FAQ ### ¿Qué es una cláusula de caducidad o sunset clause? Una disposición que hace que una ley, o parte de ella, deje de estar en vigor en una fecha fijada salvo que el legislador la renueve. La Coronavirus Act 2020 británica, por ejemplo, se escribió para expirar dos años después de su aprobación. ### ¿Evalúa España sus leyes después de aprobarlas? Sobre el papel, sí. El Plan Anual Normativo elige normas para evaluarlas a posteriori con los criterios del Real Decreto 286/2017, y el Informe Anual de Evaluación Normativa puede recomendar modificarlas o derogarlas. En la práctica, el informe publicado se centra en cuánto del plan se ha aprobado. ### ¿Qué es la ingeniería social gradual de Karl Popper? Reformar con pasos limitados y concretos, cada uno dirigido a un problema determinado, observados de cerca y corregidos cuando fallan. Popper la oponía a la ingeniería utópica, que rehace la sociedad según un único plano que no se puede contrastar. ### ¿Las cláusulas de caducidad no crean inseguridad jurídica? La fecha de caducidad figura en la ley desde el principio, así que todo el mundo la conoce. Los derechos adquiridos y los contratos firmados quedan protegidos, y la renovación solo exige mayoría simple, de modo que una minoría no puede usar el plazo para bloquear una ley que funciona. ## Sources - [Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336), BOE (1997) - [Real Decreto 286/2017, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa](https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/03/24/286/con), BOE (2017) - [Ley 27/2022, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado](https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/20/27/con), BOE (2022) - [Informe Anual de Evaluación Normativa 2024](https://transparencia.gob.es/content/dam/transparencia_home/publicidadactiva/normativa/pan2024/IAEN2024PT.pdf), Gobierno de España, Portal de la Transparencia (2025) - [Antiterrorregelungen sollen verlängert werden](https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2011/35685287_kw38_sp_antiterror-206224), Deutscher Bundestag (2011) - [Coronavirus Act 2020, section 89: Expiry](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/89), legislation.gov.uk (2020)